Intercambio de datos fiscales: la AFIP hizo más de 350 pedidos a Uruguay
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Desde 2013 y hasta fin de enero pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) canalizó un total de 358 solicitudes a la Dirección General Impositiva (DGI) del Uruguay. La información fue denegada en al menos 138 casos.
En tanto, la AFIP uruguaya cursó solo siete solicitudes a la AFIP argentina, la más reciente el último enero.
La serie de la DGI muestra que recibió 39 en 2013, 27 en 2014, 79 al año siguiente, 94 en 2016 y 22 en 2017. Luego, la cantidad bajó a menos de 20 anuales.
En años más recientes y con un número creciente de argentinos que tramitaron su residencia fiscal en Uruguay, repuntó la cantidad de solicitudes de datos desde la AFIP a la DGI: fueron 29 en 2021 y 23 en 2022. En enero de 2023 hubo sólo una.
La mayor parte de los casos indagados por la AFIP para los que buscó colaboración con datos de Uruguay involucraron a personas físicas.
Uruguay salió de una "lista gris" de Europa: pros y contras
El gobierno de Uruguay comenzará a cobrar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por rentas pasivas obtenidas en el exterior a empresas integrantes de multinacionales "sin sustancia económica adecuada" en el país, que antes no estaban gravadas, señala El Pais de Uruguay.
Esto hizo que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (UE) anunciara a mediados de este mes que elevó la calificación de Uruguay, ingresando así a la categoría de "jurisdicción cooperante" ante la UE.
El organismo internacional tenía a Uruguay en el "Anexo II", un documento que incluye a los países con compromisos pendientes con la UE en cuanto a estándares de fiscalidad internacional, comúnmente conocida como "lista gris".
"Uruguay, con esta decisión, ratifica su voluntad de cumplir con estándares de buena gobernanza tributaria", señaló María Pía Biestro, directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado. Sin embargo, esto que es visto como un logro en el plano internacional, también puede ahuyentar a algunas empresas a nivel doméstico.
En los últimos meses Uruguay realizó modificaciones normativas a nivel del IRAE para cumplir con las expectativas de la UE. La UE había planteado que la exoneración de dicho impuesto, tal como estaba definida en Uruguay, podría ser "potencialmente perjudicial y fomentar la competencia fiscal desleal" a nivel internacional.
Es decir, existen entidades integrantes de grupos multinacionales que se instalan en jurisdicciones territoriales fuera de la UE y básicamente no tributan por sus rentas pasivas obtenidas en el exterior, en la jurisdicción donde se instalan (en este caso, Uruguay). Como están instaladas en Uruguay, tampoco tributan por ese concepto en la UE, y esto es precisamente lo que la UE busca desincentivar.
Es de esperar que, si estas empresas deben empezar a pagar el IRAE en el país donde ya están o se quieren instalar, reevalúen la conveniencia de estar en esas jurisdicciones.
En función del planteo de la UE, Uruguay adecuó sus leyes y normas para empezar a cobrar el IRAE por rentas pasivas obtenidas en el exterior de las empresas extranjeras, siempre que no tengan sustancia económica en este país. La adecuación consiste en incorporar reglas de "sustancia económica".
Y por "sustancia económica" se entiende que acrediten en Uruguay: una estructura suficiente, una dirección con decisiones estratégicas y recursos humanos para sus operaciones.
Si las multinacionales no verifican condiciones de sustancia económica adecuadas en Uruguay, deberán entonces tributar por sus rentas pasivas en el exterior.
El impacto de este cambio es que Uruguay confirma su "buena letra" con la UE, pero no todas las empresas en el país, o con intención de venir, verán la modificación normativa de manera alentadora.
Uruguay había sido incluido en la lista gris en 2021, y los cambios normativos (que incluyen una cláusula general anti abuso) y las modificaciones reglamentarias entraron en vigencia a partir del pasado 1 de enero. (Ley 20.095).
Sin duda, salir de una lista gris tiene sus ventajas para Uruguay considerando la importancia de la UE y las relaciones de este país con el bloque europeo.
El 6 de diciembre de 2019, el gobierno recibió una carta del Presidente del Grupo Código de Conducta de la UE (COCG), comunicando que Uruguay sería evaluado respecto al régimen de imposición territorial a las rentas empresariales que aplica Uruguay.
Como resultado de dicha evaluación la UE remitió una nota con fecha 7 de junio de 2021 al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la cual reconoció que el cumplimiento ha sido total por parte de Uruguay en lo que respecta a estándares internacionalmente aceptados, así como en aspectos relacionados con la transparencia fiscal.
El 27 de julio de 2021, Uruguay remite nota a la UE, manifestando el compromiso de ajustar nuevas exigencias realizadas para fines del año 2022.
El 5 de octubre de 2021 Uruguay fue declarada como Jurisdicción Cooperante ante la UE con compromisos asumidos ante dicho organismo, ingresando al Anexo II que refleja la cooperación en curso de la UE con sus socios internacionales y los compromisos de estos países de reformar su legislación de forma de adherirse a los estándares fiscales acordados.
El pasado 1 de enero de 2023, entró en vigencia la ley Nº 20.095, de 16 de noviembre de 2022, en la cual se introdujeron nuevas disposiciones en sede del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) a efectos de dar cumplimiento al compromiso asumido con la Unión Europea, y así dar solución a ciertos aspectos del referido impuesto que podrían ser considerados potencialmente perjudiciales y fomentar la competencia fiscal desleal.
Uruguay optó por exonerar ciertas rentas pasivas obtenidas por entidades integrantes de grupos multinacionales, siempre que las mismas cumplan con requisitos de sustancia adecuados, lo que fue aprobado por el grupo técnico del Código de Conducta de la UE.
Finalmente, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin). como consecuencia de la entrada en vigencia de las últimas modificaciones normativas realizadas en sede del IRAE, aprobó el retiro de Uruguay del Anexo II, consolidando su estatus como jurisdicción cooperante ante dicho organismo.
De hecho, Ignacio Munyo, director ejcutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), señaló a El País de Uruguay que la nueva calificación podría ser un paso más que acerque a Uruguay a entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que considera positivo.
Pero, ¿qué otros impactos puede tener para Uruguay que se comience a gravar ciertas rentas pasivas obtenidas por empresas de grupos multinacionales? Básicamente hay tres posibilidades: estas empresas podrán pagarlo (lo que sería un "ganar" a los efectos de recaudación), o podrán decidir irse a otra jurisdicción que mantenga estos beneficios, o si pensaban venir, podrían ahora permanecer en la UE.
El socio de CPA Ferrere, Javier Metre, señaló al matutino que "si bien Uruguay mantuvo el criterio de la fuente (territorialidad) para gravar la renta, los criterios de sustancia para empresas multinacionales que obtienen ciertos ingresos de fuente extranjera van a tener su impacto. O las mismas comienzan a pagar IRAE por las rentas del exterior, o se redomicilian a otras jurisdicciones en las que paguen menos".
"Lo más probable es que busquen otras jurisdicciones donde no tributen", opinó.
De ser así, no tardarán en irse dado que, al no contar con una estructura ni personal en este país, les resulta fácil desmontar sus negocios.
De todas formas, Metre rescató que "cualquier aspecto que mejore la visibilidad y posición de Uruguay va a ser bien valorado a cualquier efecto".
Lo cierto es que los países generalmente constatan que, cuando se trata de empresas sin sustancia, suelen irse cuando no les conviene más.
De ahora en más esas empresas sopesarán si les conviene seguir en Uruguay o llevar sus rentas a sus países de origen y tributar allí, o buscar otras alternativas.
Los cambios normativos no afectarán a las empresas con sustancia interesadas en instalarse en Uruguay (como ser aquellas que con su personal brindan servicios al exterior), pero sí podría actuar de freno para, por ejemplo, aquellas que buscan rentas pasivas por inversiones en el exterior (colocaciones, compra y venta de activos, bonos, etcétera).
Según el economista Ignacio Munyo, la nueva calificación de Uruguay como "cooperante sin compromisos asumidos" de la Unión Europea (UE), podría significar un paso con miras a ingresar a la OCDE, lo que a su entender sería beneficioso para el país.
La ventaja es que, en tanto la OCDE es una entidad de más de 30 países de alto desarrollo relativo que coordina políticas económicas y sociales, "Uruguay se sumaría a un grupo con mejores estándares y tendría la presión positiva de tratar de converger", afirmó Munyo.
El mayor esfuerzo en ese sentido está, según su análisis, en que Uruguay mejore sobre todo los frentes de educación, infraestructura física e inserción internacional.
No todos piensan igual sobre las ventajas. Hay quienes afirman que la OCDE es, básicamente, un "grupo de países ricos que imponen regulaciones financieras al resto del mundo".
Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional de la Universidad de la República (UdelaR), recordó que "Uruguay no ha iniciado el camino formal para ser miembro pleno de la OCDE, ni está planteado".
"Una mejora en el estatus respecto a la UE siempre es bienvenido y va a generar aspectos positivos, fundamentalmente en cuanto a la visibilidad internacional. Sin embargo, un ingreso a la OCDE implica varias readecuaciones, y no está hoy en la agenda del gobierno", reafirmó Pose a El País de Uruguay.
A futuro, de darse la oportunidad de ingresar a la OCDE, Pose señaló que habría que estudiar esa opción con mucho cuidado, dado que, por un lado, el ingresar permitiría tener referencias de primera mano sobre cómo se están gestionando los desafíos económicos y sociales en el mundo, pero el lado negativo es que un país como Uruguay, dado su nivel de ingreso y de desarrollo relativo, no enfrenta los mismos desafíos que las economías más avanzadas.
"Generalmente las economías más avanzadas enfrentan problemas diferentes a Uruguay y necesitan normativas u otras políticas públicas", afirmó Pose.
En todo caso, más allá del debate, para ingresar a la OCDE es necesario ser invitado, y para ello se espera que el país candidato cumpla con ciertos estándares. La calificación de "cooperante con la UE" podría contribuir en ese camino.