Ley de Emergencia: estiman en al menos u$s6.500 millones el ahorro fiscal

El paquete de medidas comprendidos en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva le ahorraría al Estado entre u$s6.500 millones y u$s10.750 millones durante 2020.

Es el equivalente a al menos 1,5% del PBI y haría que el déficit primario desapareciera al cierre del año que viene. Es un ajuste, cargado sobre todo en aumentos de impuestos, que sin embargo tiene muchas variables aún por definir en materia de subsidios y el nivel de ajuste discrecional que se decidirá mientras dure la suspensión del mecanismo de movilidad de jubilaciones y pensiones. Asumiendo aumentos de gastos no contemplados en el proyecto, un ejercicio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que después del ahorro el déficit primario 2020 quedaría en 0,8% del PBI, mismo nivel que este año.

El cálculo del IARAF parte de la base de que el déficit 2019, que estará en unos 0,8% del producto, se hubiera extendido a 1,6% del PBI si se hubiera mantenido el esquema de gastos e ingresos previo al cambio de Gobierno, como resultado de las reducciones de impuestos previstas en la Reforma Tributaria de 2017. Desde ese punto de partida, el trabajo elabora dos escenarios posibles. El primero contempla el impacto del paquete de medidas en forma aislada y, el segundo, le agrega medidas de gasto que muy probablemente tenga que decidir el Gobierno en el futuro cercano.

Por la suspensión de la reforma tributaria y de la ley de movilidad jubilatoria, el ejercicio calcula un ahorro del 0,77% del PBI, es decir, el equivalente a unos u$s3.300 millones. Desde el punto de vista de los ingresos, la batería de aumentos de impuestos aportaría en total una mejora de ingresos del orden del 1% del PBI, o u$s4.300 millones.

En cuanto a las decisiones que aumentan el gasto, el informe señala los bonos por $5.000 para jubilados que cobran la mínima y de $2.000 para beneficiarios de la AUH por 0,17% del producto, unos u$s500 millones. También agrega el costo de la tarjeta alimentaria para beneficiarios de la AUH con hijos de menos de 6 años y la devolución de IVA, por 0,18% del PBI, otros u$s775 millones.

Con todo sumado, el resultado sería una reducción del 1,5% del producto en el déficit para el año que viene, lo que dejaría al resultado fiscal primario en 0,1%, prácticamente un equilibrio.

Para llegar a esa cifra, IARAF asume dos cosas. "Que el congelamiento de tarifas, también propuesto por el gobierno nacional, sea absorbido íntegramente por las empresas de servicios públicos. Es decir que no haya aumento de subsidios por parte del gobierno", por un lado. "Que toda mejora extra en el ingreso de los beneficiarios sociales del gasto ajustable por movilidad se debe autofinanciar endogámicamente (redistribución de jubilados con haberes más altos a los de la mínima y AUH). Esta condición es muy severa ya que implicaría aumentarles menos que la inflación a un grupo de jubilados para poder aumentarles más que la inflación a los que tienen las menores haberes", por el otro.

Se trata de previsiones difíciles de sostener y que formarán parte de las decisiones que tendrá que tomar el Gobierno durante el año que viene. Por eso, es que el ejercicio agrega un segundo escenario que incluye medidas de gasto que probablemente sean necesarias a lo largo de 2020. "Debe considerarse la posibilidad de tener que satisfacer demandas internas en, al menos, jubilaciones, pensiones, AUH y también subsidios a los servicios públicos", explicó el trabajo.

Para estas demandas se analizan algunos supuestos. El escenario de mínima supone que Ejecutivo mantenga los valores actuales de las jubilaciones y que los "beneficiarios de la escala más baja (que cobren haberes menores o iguales a la mínima) reciben un incremento del 20% sobre lo anterior. Los que cobren más de una jubilación mínima no percibirían recomposición en este escenario, aunque sí verían actualizados sus haberes por montos iguales a la inflación corriente".

Esta política tendría un costo fiscal de 0,51% del PIB y abarcaría a los 3,3 millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones de menores ingresos. "Por el lado de los servicios públicos como energía y transporte, es posible que, como en la historia económica reciente, sea el gobierno (y no las empresas) quien cubra con mayores subsidios el congelamiento de tarifas en un contexto inflacionario, lo cual aumentaría su gasto primario en 0,29% del PIB", detalla IARAF.