Rechazan la implementación de nuevo impuesto para quienes blanquearon ya que espantará capitales

"Con un régimen impositivo que grava más severamente a los más poderosos, Bolivia logró equilibrar las cuentas públicas y también consiguió mayor equidad en la distribución del ingreso". Con estas palabras en una entrevista a Infobae, el candidato a presidente más votado en las PASO, Alberto Fernández, encendió las luces de alarma de los más importantes empresarios y de sus asesores impositivos.

Puntualmente, los más preocupados son aquellos que entraron en el blanqueo que culminó en abril de 2017.

En total, se blanquearon u$s116.000 millones, El 77% del monto corresponde a cuentas e inversiones. A su vez fin de potenciar el éxito, del régimen de sinceramiento, se estableció la posibilidad de mantener el patrimonio declarado en el exterior.

En igual sentido, Sergio Massa, ya había propuesto como diputado la iniciativa que establecía un impuesto diferencial a las cuentas en el exterior.

Igualmente, de acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional, "el impuesto no va a ir directamente sobre los que blanquearon ya que es un derecho adquirido. Lo que estudian establecer es un impuesto especial sobre los activos del exterior, donde no hay una categoría o diferenciación de si corresponde a bienes blanqueados o no. Y de esta manera también alcanza a la fuga de capitales de estos últimos dos años".

Rechazo unánime

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que en primer término es importante dejar en claro que "los contribuyentes que entraron en el sinceramiento fiscal no deberian tener arrepentimiento alguno ya que la Transparencia Fiscal Internacional adoptada por más de 106 países, sin camino de retorno, impuso una verdadera carrera de obstáculos a los movimientos de activos sin declarar, haciendo prácticamente imposible la utilización efectiva de ese dinero".

Litvin recordó que en medio del blanqueo, "los bancos de primera linea ya habían decidido no permitir a los clientes tener en sus entidades fondos que no estaban declarados".

De esta manera, los bancos adaptaron sus políticas respecto a las normativas de la OCDE.

En relación al proyecto de alcanzar con un nuevo impuesto a los bienes exteriorizados, Litvin dejó en claro que "si se decide cobrar un impuesto especial sobre los patrimonios que ingresaron al blanqueo, correspondería analizar la constitucionalidad, ya que estaría afectando la garantia constitucional del derecho de propiedad".

"Derecho de propiedad que quedó firme con el pago del impuesto especial que incorporó un derecho subjetivo que no puede ser avasallado", agregó el experto.

En tanto, si se intenta aumentar el impuesto sobre los Bienes Personales a los patrimonios que entraron en el sinceramiento fiscal, "habrá que analizar la confiscatoriedad de la nueva carga fiscal".

A fin de ejemplificar la situación, Litvin precisó que "una gran cantidad de países eliminaron este impuesto: Japón, Italia, Austria, Irlanda, Alemania, Luxemburgo,Finlandia , Suecia, Grecia entre otros"

"La decisión de eliminarlo fue tomada por los efectos nocivos que tiene: la fuga de capitales y de cerebros, la pérdida de empleos, la disminución de la recaudación y la desmotivación al ahorro", puntualizó Litvin.

A fin de comparar las distintas realidades, vale mencionar que España lo tiene para patrimonios que exceden los 700.000 euros. En tanto, Francia sólo lo aplica cuando supera 1.300.000 euros. En ambos casos con alicuotas muy bajas.

"Es interesante el antecedente de India que lo aplica exclusivamente sobre bienes no productivos de renta (vehículos, joyas, inmuebles no alquilados, entre otros)", agregó.

"En cambio, en Argentina el mínimo es actualmente de 20.000 dolares", recalcó Litvin.

Asimismo, el reconocido tributarista, explicó que "el impuesto sobre los Bienes Personales nació con un pecado original: contemplar los activos y no reflejar los pasivos".

"Por lo tanto, puede darse que dos contribuyentes con igual activo, pero con distinto pasivo, paguen igual impuesto ante diferente capacidad contributiva", concluyó Litvin.

la Argentina no tiene margen para la incorporación de ningún impuesto. Y mucho menos sobre patrimonios que fácilmente pueden dejar de tributar por la posibilidad de constituir estructuras que permiten eludir impuestos de naturaleza patrimonial".

"Por otra parte, esta idea propicia que patrimonios que hoy ya tributan un impuesto que no existe en ninguna parte del planeta, puedan dejar de hacerlo. Llevando a cero lo que hoy para ellos es poco", señaló Sasovsky.

"También hay que recordar que la mayor parte de los grandes patrimonios hoy se encuentran en Estados Unidos, siendo este prácticamente el único país que no intercambia información financiera con la argentina. Por lo que el efecto puede ser contrario a lo deseado", advirtió el experto.

"La confiscatoriedad sobre impuestos al patrimonio y el fraude de ley por parte del Estado, que se presenta frente a un sinceramiento fiscal que se promovió con una ley del Congreso que prometía una baja de impuestos al patrimonio no cumplida, puede llevar a la judicialización y a una necesidad financiera que en el corto plazo no se verá resuelta", explicó Sasovsky.

Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ señaló a iProfesional que "un aumento o creación de un impuesto al patrimonio más severo podría espantar todavía más los huidizos capitales, ya aterrorizados por la situación económica y por diversas normas aprobadas luego del blanqueo, como por ejemplo la extensión del impuesto a la renta financiera o el aumento del impuesto sobre los Bienes Personales".

Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con gravar los grandes patrimonios o a este tipo de rentas,  cambios tan bruscos como los que ahora se proponen profundizan la falta de seguridad jurídica y minan gravemente la credibilidad del país.

"El candidato que resulte vencedor en las elecciones debería aprender de los malos efectos que tuvieron esas malas medidas y revertirlas, para procurar que vuelvan fondos al mercado de capitales local", aconsejó Fraga.

Por otro lado, aunque puedan resultar ideas atractivas para una porción de votantes, son medidas que no tienen un correlato importante en la recaudación.

"Los titulares de grandes patrimonios siempre poseen recursos y estrategias como para eludir el pago de este tipo de impuestos. Debería convencérselos de que sus patrimonios se encuentran a salvo y promover incentivos para que se inviertan en el país", advierte el abogado tributarista.

Quien asuma a fin de año, para lograr captar inversiones y potenciar el crecimiento deberá exhibir un plan fiscal sólido tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos. Ello resultará difícil desde el punto de vista político, pero inevitablemente deberá velar por el equilibrio fiscal y, paralelamente, continuar con la tarea que inició la actual Administración de eliminar los impuestos distorsivos.

"Es necesario que se  promueva una ambiciosa reforma impositiva que, por un lado, alivie la opresiva situación fiscal de gran parte de la población activa y, por el otro, que coloque en situación de competitividad a aquellos sectores que considere estratégicos para el desarrollo de la economía. Queda muy claro que con la idea de aumentar impuestos la próxima administración no va a lograr que el país despegue", concluyó Fraga.

Establecer una alícuota adicional a aquellos sujetos que adhirieron al Régimen de Exteriorización de Capitales, parece en el mejor de los casos, cuestionable jurídicamente, atento a que la obligación tributaria de aquel régimen excepcional se extinguió con el pago. Intentar imponer alguna exacción adicional violenta cualquier principio de seguridad jurídica.

"Respecto de la posibilidad de incrementar las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales para los bienes que se encuentren radicados en el exterior, podría aplicarse exclusivamente para períodos futuros exclusivamente", aventuró Ruiz.

Sin perjuicio de ello, debe destacarse que podría ser inútil dicho intento, porque el contribuyente, cuenta con instrumentos legales suficientes que les permiten tributar en otras jurisdicciones donde la presión tributaria es menor.

"Un incremento de alícuotas, podría generar una reducción en la recaudación, por el éxodo de los mismos hacia aquellos territorios tributarios, sin infringir normativa alguna", concluyó Ruiz.