La tributación digital bajo la mirada de los expertos

Sigue la novela que empezara meses atrás y que se iniciara con la avanzada de Francia sobre las empresas tecnológicas, gravándolas con un impuesto sobre determinados servicios digitales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se tomó, como un tema personal, esta iniciativa, y realizó públicamente una serie de "amenazas" a su par francés, advirtiéndole sobre una batería de aumentos en las tasas a los vinos franceses, si la ley se ponía en práctica. No llama la atención el interés por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta que 8 de las 10 compañías tecnológicas más poderosas del mundo son estadounidenses.

La ley, unilateralmente aprobada por Francia, consiste en un gravamen del 3% anual que se aplicará a empresas que facturen más de 750 millones de euros globales al año y, al menos, 25 millones de euros en Francia, las principales perjudicadas: las llamadas GAFA (en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon. 

La cumbre del G7 termino transformándose en una "luna de miel" para los mandatarios de las dos naciones. A partir de allí, la situación dio un giro de 180 grados ya que Francia y Estados Unidos acordaron aliarse en un grupo de trabajo "técnico", en el marco de la OCDE sobre la fiscalidad de la economía digital, con el objetivo de conseguir un acuerdo en el primer semestre de 2020.

El objetivo principal es presentar un plan que pueda ser consensuado para mediados de 2020, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otra parte, Francia se comprometió ante EE.UU. a renunciar a su llamada "tasa GAFA", desde el momento en que haya un acuerdo internacional, sin esperar a que sea ratificado por todos los Estados implicados para su puesta en vigor. Además, devolverá a las empresas la diferencia entre lo que desde este año hayan tenido que pagar por ese impuesto francés y lo que habrían tenido que abonar por el sistema internacional que todavía está por definir.

Sin embargo, al mismo tiempo también incluirá -como pretendía Francia- un enfoque para tener en cuenta la especificidad de internet y la dificultad de gravar compañías que obtienen beneficios en un país sin necesariamente tener una presencia física.

Todo eso quedará al margen del trabajo que también está desarrollando en paralelo la OCDE para establecer un sistema de fijación de unos mínimos al impuesto de sociedades a nivel internacional, y que pretende evitar que este tipo de empresas se domicilien en paraísos fiscales para eludir impuestos.

Es evidente que la economía del siglo XXI está transformándose, de a poco, en una economía digitalizada, la cual necesita un marco normativo que se adapte a estas nuevas realidades. La lista es cada vez más grande y, sin lugar a dudas, la velocidad digital está siendo muy superior a la normativa.

Federico SchweizerEstudio Teresa Gomez – Carlos Quian & Asociados