Los contadores porteños reclaman una prórroga de las presentaciones impositivas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (CPCECABA), denunció públicamente un "atentado a los derechos y garantías de los contribuyentes" y reclamó a las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que "en forma urgente se modifiquen los plazos extemporáneos establecidos para la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales e Impuesto Cedular debido a que "compromete seriamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales".

La entidad, que nuclea a todos los matriculados de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente presidida por Humberto Bertazza, viene reclamando "con insistencia y sin éxito", tanto en forma presencial, como por nota al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, la imperiosa necesidad de establecer una prórroga de los plazos vigentes.

En tal sentido el Consejo advirtió en una solicitada que "no se respetan los derechos de los contribuyentes cuando no se cumplen con los parámetros de los valores empleados a los fines tributarios ni cuando se impide al contribuyente a hacerse acompañar por un profesional competente en materia tributaria para que lo aconseje y lo asesore en el proceso de determinación tributaria".

En esa misma línea, José Luis Serpa, secretario de FACPCE y candidato a Presidente del Consejo por la Lista Azul oficialista, avaló el reclamo institucional y remarcó que "tenemos la obligación de defender los derechos de los contribuyentes y, también de todos nuestro matriculados que nos han venido reportando numerosas inconsistencias en los servicios web de la AFIP lo que impide concretar las presentaciones en tiempo y forma, lo cual nos lleva plantear este reclamo públicamente, luego de haber agotado todas las instancias formales".

Serpa indicó que "todos los ciudadanos, tanto los contribuyentes como nuestros colegas profesionales en ciencias económicas, no sólo tienen la obligación de contribuir, sino también el derecho a que la administración tributaria gestione la recaudación de una manera eficaz y equitativa, para lo cual debe garantizar que el ingreso de la información y el manejo de los aplicativos, se realice en forma sencilla, segura y transparente dentro de los plazos razonables previstos para ello".