¿Por qué genera polémica la creación del comité contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en Argentina?

El Gobierno aprobó este lunes, a través de un decreto, el Comité de Coordinación para la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al determinar que esos temas "constituyen una prioridad para el Estado nacional".

El comité fue creado por el decreto 331 que se publicó en el Boletín Oficial, firmado por el presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

A la hora de dar los fundamentos de su creación, el decreto hace referencia a la necesidad de implementar de la manera más efectiva posible una serie de recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental conformada por 36 países y dos organizaciones regionales -la Comisión Europea y Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo- dedicada a este tipo de tareas.

Según el texto, el Comité "permitirá generar una Estrategia Nacional efectiva y eficaz para combatir a los citados delitos, que garantice una asignación consciente e inteligente de los recursos y esfuerzos estatales conforme al nivel y a los sectores de riesgos identificados".

Sin embargo, la falta de capacitación local provocó el cuestionamiento de varios expertos, que calificaron la medida de inútil y quizás contraproducente.

El experto en antiterrorismo internacional Nicolás Dapena Fernández, indicó a la agencia Sputnik que "las tres materias sobre las que tiene iniciativa el decreto son sustancialmente diferentes, operan de manera a veces divergente, como el narcotráfico y el terrorismo, y a la vez requieren un conocimiento previo muy fundado, como el caso de la contraproliferación de armas de destrucción masiva, que Argentina no tiene y no tiene ninguna capacidad de desarrollarlo en un futuro inmediato y siquiera mediato".

Y añadió: "La iniciativa, como está, es inútil en la medida en que no va a producir ningún resultado lógico, más teniendo en cuenta que el funcionariado que está alcanzado no pareciera tener calificaciones suficientes para tratar un asunto de esta categoría y hasta puede ser contraproducente porque puede ser peligrosa".

Asimismo, exconsultor del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explicó que si estos funcionarios emitieran documentos sobre temas muy sensibles a nivel global, podría llevar a Argentina en una dirección que poco productiva para su seguridad interior y para sus intereses geopolíticos.

Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000 y ejerció la presidencia del organismo entre julio de 2017 y junio de 2018. El representante fue el secretario de Justicia Santiago Otamendi, número dos del ministro Garavano.

En octubre de 2014, Argentina dejó de integrar la "lista gris" del organismo -lo que suponía estar bajo vigilancia intensiva de la institución- y pasó a integrar el grupo de estados con mayores estándares técnicos en el control del lavado de dinero a nivel global.