Retenciones a las exportaciones: expertos ponen en duda el carácter "transitorio" del impuestazo

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comunicó esta mañana las acciones para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, el principal argumento que expondrá el Gobierno en Washington, para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como uno de los ejes centrales de la propuesta, el Ejecutivo impulsa cambios a su política tributaria sobre la exportación de granos, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones se extenderán a los principales rubros exportadores, con el fin de obtener una recaudación extra equivalente al 1% del PBI.

En números, el incremento de los derechos de exportación implicarán una recaudación adicional en 2019 de $280.000 millones. Para arribar a este resultado, la cartera de Hacienda calculó ingresos extra de $4 por cada dólar de las exportaciones primarias y $3 por dólar para el resto de las exportaciones.

También involucra una reducción al 18% en la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja, que componen el rubro principal de las exportaciones del agro.

A continuación, el resumen de las medidas anunciadas:

El impuestazo bajo la lupa de los expertos

Como primer acercamiento, Marcelo H. Echevarrí­a, socio del Estudio Marcelo H. Echevarrí­a & Asociados, señaló que "el discurso del Presidente se centró en tres puntos: a) anuncio de la emergencia económica; b) afianzamiento de la credibilidad política y c) combate contra la corrupción al referirse en más de tres oportunidades a la causa cuadernos”.

"Hizo especial hincapié en lograr el equilibrio fiscal, enfatizando que se deberá acabar con la filosofía de gastar más de lo que entra. Para ello anunció un recorte de la estructura del Estado Nacional y, paralelamente, un aumento de retenciones considerando que los exportadores son los que poseen mayor capacidad económica para afrontar lo que particularmente denominaría una medida recaudatoria de emergencia, la cual, para su implementación, contrariamente a lo que debería suceder con otras similares, sería potestad del Poder Ejecutivo realizarlo mediante decreto sin pasar por el Congreso Nacional", explicó Echevarría.

Respecto a las retenciones, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky y Asociados, detalló que "los derechos de exportación son una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para balancear su equilibrio comercial. En este caso, su implementación tiene una finalidad fiscal recaudatorio. Realmente este tipo de tributos tiene razón de ser sólo luego de una devaluación como la que hemos vivido".

"Lo llamativo de la iniciativa es que por primera vez el derecho se aplica a las exportaciones de servicios con un impacto de 4 pesos por cada dólar exportado, lo que en un tipo de cambio actual equivale a cerca de un 10%. De esta forma también será muy importante identificar a qué se entiende por exportación de servicios y cuándo se perfecciona esto. También es un tema muy difícil de controlar para algunos servicios que claramente se encuentran deslocalizados de un territorio físico", concluyó el experto.

Diego Fraga, socio de RCTZZ Abogados, señaló que "hace unos años la Corte Suprema dictó el fallo Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo donde el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 11/02 y 150/02 del Ministerio de Economía, en tanto habían establecido derechos de exportación sobre determinadas mercaderías".

"La mayoría del tribunal consideró que el Código Aduanero (Ley en la que se basaban las resoluciones impugnadas) no cumplía con los requisitos para que una delegación legislativa sea acorde con la Constitución Nacional. Específicamente, por no prever una alícuota para las retenciones que se pretendía aplicar a la empresa, y ni siquiera fijar topes máximos que limiten la actuación del Poder Ejecutivo", agregó Fraga.

"Finalmente, y en virtud de las ratificaciones legislativas operadas en virtud de leyes posteriores, limitó la declaración de inconstitucionalidad al lapso comprendido entre marzo y agosto de 2002", agregó.

"Teniendo en cuenta las normas constitucionales, las características de la delegación contenida en el Código Aduanero y este importante antecedente de la Corte estimo que será necesario darle intervención al Congreso para la aprobación de muchas de estas nuevas medidas", concluyó Fraga.

En igual sentido, Sebastián M. Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios, aseguró que "el Gobierno ante la situación económica actual está volviendo sobre sus pasos en forma parcial al pedir un esfuerzo, incrementando la imposición sobre las exportaciones".

"El propio Presidente ha indicado hoy que los derechos de exportación son negativos para el desarrollo económico. No obstante ha manifestado la necesidad de implantarlos para generar recursos que permitan llegar al déficit primario cero”, amplió Domínguez.

"El Ministro Dujovne se ha referido a la instrumentación de derechos a todas las exportaciones tanto de bienes como de servicios en forma transitoria", puntualizó el experto.

"La experiencia argentina, lamentablemente ha demostrado que todo lo transitorio se transforma en definitivo, esperemos que no suceda en este caso", advierte Domínguez.

"Los derechos serían unitarios con un límite ad valorem. Es decir, sería una suma fija por dólar exportado con un límite porcentual que no se anunció y que estará fijado por el decreto", agregó.

El valor es $4 por dólar exportado para productos primarios y para exportaciones de servicios. Por otro lado, es de $3 por dólar exportado para los restantes productos no primarios.

La vigencia, es inmediata para los productos primarios y recién entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 para las exportaciones de servicios. "No queda claro para los restantes productos que no son primarios, si la vigencia es inmediata o si se aplicarán a partir del 1 de enero de 2019", señala Domínguez.

El Ministro informó que para no aumentar la imposición de los derechos sobre la soja y derivados, se aceleró el cronograma de reducción, quedando esos derechos en el 18%.

Es decir, al parecer los cálculos del Gobierno serían que los derechos del 18% más los $ 4 por dólar exportado implicarían una imposición similar a la anterior.

Ahora bien, al existir una cotización flotante del dólar es difícil poder estimar que la imposición se mantenga en el mediano y largo plazo.

"Pensemos que la cotización del dólar es variable y el importe en pesos por dólar exportado es fijo. Si la cotización del dólar aumenta, la imposición sobre las exportaciones baja. Si la cotización del dólar bajara, la imposición por el contrario subiría. Para este último caso, se instrumentaría un límite ad valorem, es decir, un límite porcentual sobre las exportaciones", detalló el experto.

"Es cierto que implementar este derecho hará menos productivas a las exportaciones de bienes y servicios y le quitará competitividad frente a otros exportadores de otros países. No obstante, debe tenerse en cuenta también en el análisis que la devaluación que se ha producido del peso argentino en este año, ha mejorado la competitividad por lo cual, debería analizarse cada caso particular de exportaciones para conocer el impacto que generará esta medida", concluyó Domínguez.

En tanto, Ezequiel Passarelli, director de Impuestos de SCI Group, expresó que "la aplicación generalizada, aunque temporal (hasta 2020), de un derecho sobre el conjunto entero de los bienes y servicios que se exporten (de $3 / $4 por cada dólar, dependiendo de lo que se exporte), está claro que se impone en función de un tipo de cambio muy alto (como el actual) que repercute en una ganancia extraordinaria para los exportadores, quienes, en algunos casos podrán trasladarlo y en otros casos seguramente no (como ocurre con los comodities, que tienen precios internacionales)".

Mañana se publicará el decreto que oficializará las medidas anunciadas, junto con el adelantamiento de la reducción de la tasa aplicable al poroto de soja, que pasará del 25,50% al 18% (nivel al que se esperaba llegar en diciembre del 2019).

"Será muy interesante conocer cuál será el porcentaje máximo al cual podrá ascender dicho derecho temporal ($3 / $4) sobre todos los bienes y servicios que se exporten, en caso que los precios bajen o el tipo de cambio baje, para que no resulte confiscatorio para las empresas" advierte Pasarelli.

Respecto a las contribuciones patronales, Marcos Felice, consultor tributario señala que respecto "al adicional por el mínimo no imponible de las contribuciones patronales, se suspenderá por un año el incremento de dicho MNI".

En tal sentido, recordamos que la ley de reforma tributaria estableció que del total de la base imponible sujeta al pago de contribuciones con destino a la seguridad social, los empleadores descontarán una suma en concepto de mínimo no imponible por un valor total de $12.000 por cada empleado el cual será actualizado anualmente según la variación del índice RIPTE.

Durante 2018 se aplica como mínimo no imponible un total de $2.400 por cada empleado registrado y durante 2019 debería incrementarse dicho valor a $4.800 con más la actualización que surja según el RIPTE.

Sin embargo, con las medidas anunciadas en el día de hoy por Dujovne, se mantendría durante 2019 el valor de los $2.400 a detraer por cada empleado.

"Esto significa una nueva carga fiscal para los empleadores que habían logrado un muy leve alivio con la sanción de la reforma y la aplicación de este mínimo no imponible", advierte Felice.

Hay que tener en cuenta que además de congelarse el monto a detraer, desde 2019 aumentará la alícuota para aquellos empleadores encuadrados en el inciso b) del Decreto 814/01 ya que la misma pasará de 17,5% a 18 por ciento.

"Esto sumado a los aumentos salariales, significarán aumentos importantes en los montos a pagar por contribuciones patronales con destino a la seguridad social durante el próximo año", agregó el experto.

El anuncio en detalle

Hacienda puntualizó que el déficit fiscal primario (previo al pago de vencimientos de deuda) será de 2,6% del PBI este año. Para llevarlo a 0 por ciento el año próximo, se recurrirá a:

1) Ahorro del Gasto de Capital, es decir el gasto en activos fijos o desembolsos de fondos, tendrá un recorte de 0,7% del PBI, que en términos reales, dada la devaluación del peso argentino, significará un ahorro real del 50% del PBI. Aplica, entre otros ítems, a las obras de infraestructura.

2) Ahorro en subsidios del 0,5% del PBI, gracias al traspaso de la Tarifa Social Eléctrica y Transporte Automotor.

3) El Gobierno estableció un ahorro en remuneraciones y gastos operativos del 0,2% del PBI.

4) También fija un ahorro en otros gastos corrientes de 0,2% del PBI.

5) Por otra parte suspenderá por un año la reducción de aportes patronales, es decir la denominada reducción del Mínimo No Imponible para dichas contribuciones, por cuanto el Gobierno va a mantener una recaudación por este concepto de 0,2% del PBI, que en un principio estaba previsto que se iba a resignar en 2019.

Con la postergación por un año de la suba del mínimo no imponible de las contribuciones a la Seguridad Social prevista para el 2019 el Gobierno espera una recaudación adicional de $40.000 millones en 2019.

6) Asimismo, prevé un ingreso adicional por derechos de exportación del 1% del PBI el año entrante.

En su mensaje al país, el presidente Macri expresó: "Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar: más exportaciones para generar más trabajo en cada rincón de la Argentina. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y que necesitamos de su aporte".

Como contrapartida, Hacienda garantiza un aumento del gasto de 0,3% del PBI para ampliar las prestaciones sociales. Lo hará a través de la aplicación de la fórmula de movilidad y el aumento de 2% en cantidades. Asimismo, anticipa que el resto del gasto social crecerá al ritmo de la inflación para que no haya una caída del poder adquisitivo para los sectores sociales más vulnerables.

Macri aseguró que las medidas de austeridad y el acuerdo con el FMI se llevan adelante "cuidando siempre a los que más necesitan, porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí, para quienes más expuestos están en este momento".

"Por eso, las personas que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales van a recibir su refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país para garantizar disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos. Y a partir de este mes vamos a reforzar el programa de Precios Cuidados", agregó el Presidente.