Denuncian al Grupo Indalo por retención indebida de aportes
Cinco días después de que la Justicia en lo Comercial ordenó la intervención de la petrolera insignia del Grupo Indalo, la Justicia Penal recibió la primera denuncia contra los nuevos administradores del que supo ser el imperio de Cristóbal López, que se encuentra a un paso de la quiebra. Y, al igual que el "zar del juego", Ignacio Rosner también afronta una acusación por la presunta retención indebida de aportes previsionales.
La denuncia la presentaron dos periodistas de una emisora que integra el Grupo Indalo -Radio Pop-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios los aportes previsionales y de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino.
Eso configuraría un delito, que comenzó en 2014, bajo el mando de López, y se extendió hasta fines de 2017, cuando Rosner ya había asumido el timón del rebautizado Grupo Ceibo.
Los denunciantes, Héctor Rossi y Mayra Belén Martorelli, alertaron que no serían los únicos afectados dentro de la radio. Detallaron que al menos otros seis trabajadores se encontrarían "en idéntica situación", que de confirmarse conllevaría una pena de entre dos y seis años de prisión para los involucrados.
Tras radicar la denuncia, tanto Rossi como Martorelli se presentaron ayer a ratificar su presentación ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia.
Sin embargo, allí no se acabarían los problemas en el fuero penal para Rosner y el otro administrador del ex Grupo Indalo, Santiago Dellatorre. Esta semana se sumaría otra denuncia contra ambos, por presunta estafa procesal y administración fraudulenta, señala La Nación.
Ambas denuncias comparten un protagonista: el abogado Gonzalo Espinosa Paz, quien en 2014 también impulsó la causa penal que terminó con el primer procesamiento de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, por la misma maniobra de retención indebida de aportes previsionales.
López y De Sousa no solo terminaron procesados por aquellas retenciones de los aportes, sino que también afrontaron embargos por $25 millones, cada uno, mientras otros exreferentes de Radio 10, como Marcelo Longobardi, "Rolo" Villar y María Isabel Sánchez, les iniciaron demandas multimillonarias.