Promesas congeladas: por año electoral, va al freezer la reforma tributaria anunciada por Dujovne

"Buscaremos consensos transversales con distintas fuerzas en la bicameral del Congreso. Pero por ser un año electoral, es mejor tratarla el año que viene". Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "pateó para el 2018" uno de los proyectos más esperados por el empresariado argentino: la reforma integral impositiva.

Pese a la postergación, el Gobierno quiere dar una señal contundente a los agentes económicos de que tiene el diagnóstico exacto de lo que precisa la economía para volver a crecer de manera sustentable: una menor carga impositiva que abarate los costos de producción y que la torne más competitiva.

Para hacer creíble que, esta vez sí, hay una decisión política de ir para adelante con la reforma impositiva integral, Dujovne puso a trabajar en ese tema a dos funcionarios de su confianza: Sebastian Galiani (secretario de Programación Económica) y a Andrés Edelstein, un experto en temas tributarios, actual subsecretario de Ingresos Públicos.

Edelstein, un ex PwC (antes PriceWaterhouseCoopers), ya dijo que el objetivo es "mejorar la competitividad sin descuidar la recaudación".

El proyecto de reforma tributaria le fue encargado a Dujovne por el mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri. En efecto, el Primer Mandatario, reclamó -el pasado 1 de marzo en la apertura de sesiones del Congreso- debatir un nuevo sistema de impuestos.

Puntualmente, Macri señaló que es necesaria una reforma tributaria "seria y profunda para dejar de aplastar a quienes crean y tener un sistema más equitativo, progresivo y simplificado. Este año trabajaremos juntos en este camino en la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria", anunció.

El compromiso de Dujovne es entregarle el proyecto de reforma a Macri el próximo 1 de junio. Al respecto, Dujovne adelantó que hasta 2018 no se reformulará el sistema tributario, que será parte de un "plan productivo nacional" destinado a darle competitividad a las empresas, "aspectos en los que el Estado tiene responsabilidad".

Desde el entorno del ministro aseveraron, en diálogo con iProfesional, que "si se quitan los impuestos distorsivos podrían llegar inversiones ya que la reforma influiría sobre las expectativas de rentabilidad y de crecimiento de la economía".

La "limpieza" incluirá la rebaja de los aportes patronales, la reducción del IVA y también del impuesto al cheque.

"Queremos que nos acompañen todos los bloques en el Congreso; esto es muy importante, y por eso dejamos la reforma para más adelante. Sería torpe contaminarla en medio de la campaña electoral", señalaron desde Hacienda.

La reforma en carpetaEntre los pilares que constituirían la reforma tributaria prevista por el equipo de Gobierno se encuentran:

- La reducción de los aportes patronales, con techo del 35% 

- La rebaja del IVA del 21% al 18% 

- La reducción o eliminación del impuesto a los débitos bancarios

Estas medidas estarán acompañadas por una serie de iniciativas destinadas al mercado laboral:

1. - Solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años. El objetivo: blanquear unos 900.000 trabajadores.

2. - Subsidiar una parte de los salarios de quienes ingresan al circuito del empleo, en lugar de pagar subsidios a desempleados.

3. - Reducir la informalidad en rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y construcción, entre otros). El objetivo: incorporar a un millón de trabajadores en blanco en el lapso de tres años.

4. - Condonar multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes.

5. - Relanzar la ley de Primer Empleo, que incluye la reducción en el pago de aportes patronales.

6. - Facilitar el "sinceramiento" a pequeñas firmas, de menos de diez personas: no tendrán que pagar multas o aportes incumplidos.

7. - Contemplar la situación de empresas con más de una decena de trabajadores, en cuyo caso abonarán cargas y contribuciones pero no multas.

8.-  Apuntar a "sincerar" la realidad, en primer lugar, de quienes integran el segmento informal y que reciben ingresos menores a los $12.000.

9.-  Reducir la informalidad, creándose para tal fin el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales), en el que se identificará a empresas con empleados no registrados.

10. Proponer un plan simplificado para monotributistas que poseen dependientes. Pagaría una suma única en lugar de cargas sociales. Esta modificación es similar a la aprobada en épocas del kichnerismo, para entre 3 y 5 empleados.

11. Rebajar los aportes patronales no sólo para los jóvenes sino, además, cuando la empresa opta por "sincerar" personal en situación irregular.

Reforma impositivaEl Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) preparó un exhaustivo "paper" en donde los expertos del organismo adelantan los cambios que debería contemplar una reforma impositiva integral.

Al respecto, el presidente del Cpcecaba, Humberto Bertazza, advirtió que "en los últimos años la presión impositiva creció de manera ininterrumpida, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de la región con mayor carga tributaria".

"Conscientes de la problemática que genera una superpoblación de gravámenes, y partiendo de la base de que los cambios aislados no son la solución, desde el Consejo se desarrolló una propuesta de cambio integral en el sistema tributario", agregó Bertazza.

A continuación se resumen los puntos sobresalientes de la propuesta del Consejo porteño que constituyen un todo consistente y no pueden ser tomados casa uno aisladamente:

- Impuesto al Cheque

Eliminar totalmente el impuesto de manera gradual en 5 años.

El primer paso se lo haría aumentando gradualmente el porcentaje que puede computarse como pago a cuenta de otros impuestos nacionales como el IVA, ya que actualmente sólo se permite en los impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

Para evitar desfinanciar al Estado, se considera oportuno que los porcentajes adicionales de pago a cuenta propuestos puedan ser computados exclusivamente contra incrementos nominales en los impuestos determinados con respecto al año anterior. 

Para las Pyme: aplicar un régimen especial donde las pequeñas y medianas empresas puedan computar el 100% del impuesto abonado en IVA o Ganancias. 

Coparticipación: incrementar la coparticipación de los fondos que hoy recauda el gravamen. En la actualidad sólo un 30% de la recaudación integra la masa coparticipable, y las provincias reciben, previo a las detracciones de los regímenes previsionales, un 15%. Por el IVA, por ejemplo, las jurisdicciones provinciales perciben un 45%.

- Impuesto a la Renta

Sociedades de Capital: aplicar el criterio de integración parcial y crédito parcial al accionista, por el cual se permite como pago a cuenta del accionista una parte del impuesto abonado por las sociedades.

Suponiendo una tasa para sociedades del 25% y del 35% para los beneficiarios del exterior y los accionistas o sucesiones indivisas y un cómputo del crédito impositivo del 21,66%, el total a pagar por las rentas originadas por una sociedad serían del 35% (alícuota máxima vigente), con una carga impositiva distribuida entre la misma sociedad y sus accionistas. Esta medida terminaría incentivando la reinversión de las rentas. 

Derogar el “impuesto de igualación”.

Quebrantos: permitir dos opciones:

- Mantener de manera opcional el régimen actual, que permite el cómputo de quebrantos por 5 años.

- Aplicar un sistema que no tenga límite de tiempo pero con topes de utilización de los quebrantos respecto de la utilidad gravada (30% ó 50 %).

Amortizaciones de bienes de uso: incorporar al texto legal el elemento de obsolescencia tecnológica a los fines de estimar la vida útil de los bienes.

Posibilitar el recálculo de la vida útil de aquellos bienes en virtud a los cambios tecnológicos o retardos en la afectación a la actividad productiva a la cual sirven.

Permitir la actualización de los importes de las amortizaciones mediante un mecanismo de ajuste.

Admitir un mecanismo de amortización acelerada para las Pyme.

Ajuste por inflación: reinstalar el mecanismo de ajuste por inflación para impedir que se abone Ganancias sobre rentas ficticias.

Admitir el cómputo del interés del capital propio.

Pyme: mantener el régimen simplificado en el corto plazo, con un mayor control sobre la emisión de comprobantes y disponiendo la obligación de registración de operaciones.

- Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes

Derogar el impuesto.

- Impuestos Internos

Revisar íntegramente los bienes alcanzados por la imposición selectiva sobre el consumo.

Incorporar aquellos bienes cuyo consumo genere impacto ambiental.

- Impuesto al Valor Agregado

Unificar y reducir las alícuotas.

Reemplazar con subsidios explícitos a determinados consumos.

- Coparticipación

Cumplir con el mandato constitucional de establecer una reforma en el sistema de coparticipación (cuyo vencimiento operó en 1996).

Establecer que todos los recursos impositivos, a excepción de los impuestos al comercio exterior y los aportes personales y contribuciones patronales, formen parte de la masa coparticipable.

Lograr una mayor institucionalización de la distribución automática. 

Las Provincias e Ingresos Brutos

Complementariamente, el Gobierno nacional les pedirá en las próximas semanas a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas. Y que busquen alternativas para reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de sus finanzas (como Ingresos Brutos)

La más viable consiste en un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.

Las dos iniciativas formarán parte de un amplio plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias.

El propósito principal será debatir la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada provincia.

El nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector.