La lupa sobre el blanqueo: beneficios "amarretes" y problemas de ejecución

Al final se levantó el telón. El Gobierno, luego de filtrar a cuentagotas el proyecto de blanqueo, presentó el martes a la noche la iniciativa completa con la que busca recaudar el dinero suficiente como para afrontar el pago a los jubilados. Y ahora es cuando empieza el análisis de la "letra chica" del proyecto.

Más allá de los detalles que dejó trascender el Ejecutivo -como el aumento del mínimo no imponible de Bienes Personales, la incorporación de una amplia moratoria y de beneficios para cumplidores- la propuesta también trajo varias sorpresas.Al menos así lo explicaron los especialistas a iProfesional, a quienes les llamó la atención la baja del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (para el 2019) y el que alcanzaba a la venta de acciones de empresas que no cotizaban en la Bolsa de Comercio, algo de lo que no se había hablado en la previa. Tampoco se hizo referencia con antelación a la eliminación de la alícuota del 10% extra que recae sobre el pago de dividendos, aquella medida que fue incorporada -junto a la comercialización de acciones- en la Ley del Impuesto a las Ganancias por Cristina Kirchner.Los expertos consultados, además, hicieron un análisis pormenorizado de la iniciativa oficial y dieron cuenta de algunos detalles que no les agradaron demasiado. Algo así como la "letra chica" de los contratos que habrá que tener en cuenta, de convertirse en ley tal como está, a la hora de adherirse al "sinceramiento fiscal". Ocurre que, como siempre, las noticias que no son muy agradables no fueron divulgadas de antemano. Además, no hay que olvidar que todavía hay tiempo para que los legisladores aliados y opositores puedan incorporar algunas modificaciones. Si bien todos los especialistas consultados se mostraron conformes con la iniciativa oficial -sobre todo, comparada con los dos regímenes de exteriorización implementados durante la era kirchnerista- hubo algunos aspectos que, a su juicio, deberían ser revisados.Unos sí, otros noUno de los temas que había generado mayores ruidos en la previa fue la posibilidad de que los funcionarios del Gobierno pudieran blanquear dinero. El rechazo dentro del mismo Cambiemos, manifestado por la CC-ARI y la UCR, derivó en una modifación."Es muy bueno que se haya contemplado esta norma. No obstante, es insuficiente ya que no se incluyen a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial ni a los miembros del Poder Legislativo", aclaró Fraga. Por lo pronto, tampoco fueron excluidos los funcionarios de los tres poderes provinciales y municipales. Por eso, para el especialista, sería necesario que si adhieren al régimen demuestren que los fondos no fueron obtenidos durante su gestión o que tuvieron origen en actividades lícitas.¿Problemas con las provincias?Uno de los aspectos que también cuestionaron los especialistas es el hecho de que los fondos obtenidos tengan una asignación específica. Según el proyecto, todo lo recaudado será destinado a la ANSES.¿Y por qué puede provocar un conflicto esto? Esto es así debido a que las provincias podrían solicitar una parte de los ingresos ya que, tal como explicó Fraga, "se blanquean impuestos coparticipables". En esa misma línea, el especialista de RCTZZ Abogados advirtió también que la iniciativa invita a las provincias y municipios a adherir al flamante régimen y resaltó: "Que sea un blanqueo a nivel nacional no implica que las otras jurisdicciones renuncien a cobrar sus impuestos sobre ese dinero".No hay que olvidar que durante las presidencias kirchneristas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por Mauricio Macri, era uno de los más fervientes defensores de perseguir a quienes blanquearon para hacerles pagar Ingresos Brutos.De juicios y gastos asociados Otro aspecto que incluye el proyecto es la posibilidad de que se sumen aquellos que están en un proceso administrativo o judicial. Esto es visto con buenos ojos por el socio del estudio S&A, Fernando Schettini, ya que considera que "el piso para el ingreso a un procedimiento penal es tan bajo".Para el especialista es "un dispendio innecesario" el que se produce hoy en día, al movilizar todo el aparato penal para juzgar a una persona que pudo llegar a evadir, por ejemplo, 450.000 pesos. Considera que deben pagar, pero que no debería ser tan simple llegar a un proceso penal, como hasta ahora. Por eso, para Schettini, la posibilidad de que ellos puedan sumarse al régimen es positiva.No obstante, Fraga cuestionó un detalle no menor: "No me parece bien que cuando las obligaciones que se intentan regularizar están en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el contribuyente tenga que asumir el pago de las costas y gastos causídicos". En muchas oportunidades, quienes optan por adherir a un sistema como este lo hacen para cerrar un foco de conflicto que puede no salir bien en la Justicia. "Tal vez terminen haciéndose cargo de los gastos del juicio, cuando en realidad todos se benefician por el fin del litigio", insistió.Beneficios: ¿mucho, poco o nada?Sin dudas que la inclusión de beneficios para los contribuyentes cumplidores es una de las cuestiones que más "alegró" a los que tienen todo en regla y a los tributaristas. Fue una de los puntos que más alagaron.

Sin embargo, también recibió sus críticas. Al respecto, Fraga señaló que "tiene sabor a poco en comparación con los grandes beneficios que se pretenden dar a los que se acojan a los demás beneficios".Para el especialista hubiese sido mejor incorporar otras mejoras, como las que se barajaban en otras iniciativas, entre ellas la reducción de los anticipos del Impuesto a las Ganancias o la financiación en el pago del gravamen para el próximo período.Por su parte, Jorge Gebhardt apuntó a otras ventajas que podrían haberse concedido, como darle una tasa menor a quien demuestre que al 31 de diciembre 2015 tenía títulos públicos argentinos, que estaba en uno de los anteproyectos pero finalmente fue excluido.Pero, además, el socio de Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados apuntó sobre los beneficios extras que recibirán algunos de los que blanquean en contraposición a otros. Esto es así debido a que, como se permite exteriorizar de diversas, quienes opten por un Fondo Común de Inversión terminarán pagando Bienes Personales. No ocurrirá lo mismo con quienes opten por los títulos o un plazo fijo.El límite de $305.000 para obtener un costo "cero" también está en el centro de las críticas. Sobre todo porque está asociado directamente al monto que existe hoy día como mínimo en Bienes Personales.Al respecto, Schettini señaló que "el blanqueo sin costo podría haber sido en base a un piso más alto. Si uno tiene en cuenta que el impuesto se implementó en la época del 1 a 1, tendría que estar en $1.500.000". Sanción para los que develen secretosLa iniciativa incluye, además de las ya conocidas multas por violación del secreto fiscal establecidas en la Ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios), sanciones fijadas en el artículo 157 del Código Penal.Sin embargo, Gebhardt recordó que en los últimos ocho años, tanto la AFIP como la UIF han incumplido sus deberes de funcionarios de guardar el secreto estricto. "Hasta la Presidenta hablaba de personas que no presentaron sus declaraciones juradas", resaltó.

Por este motivo, para el especialista "sería bueno que se agravaran las penas para el funcionario público que dé a luz información de este tipo, ya que las del artículo 157 del Código Penal son muy leves". "Este proyecto, debido a la situación de inseguridad física que hay en la Argentina, debería gravar muy severamente las penalidades para el funcionario que divulgue esta información secreta", concluyó Gebhardt.Medios de prueba y otras yerbasUno de los aspectos que la norma no trata de manera amplia es el de los medios de prueba. Tal como está redactado el proyecto, es necesario un extracto bancario certificado por la entidad del exterior donde están depositados, algo que es difícil de conseguir. Al menos así lo explicó Gebhardt, para quien la reglamentación debería tratar de una forma minuciosa este aspecto, de tal manera que sea sencillo poder demostrar que existe un bien o dinero fuera del país.Otro de los temas que están mal tratados a los ojos del experto es el de la cuestión temporal. Para entenderlo, supuso el caso de una persona que fugó una cantidad de dinero al exterior hace, por ejemplo, 15 años."¿Por qué, siendo que ha prescripto el grueso de sus obligaciones, se lo obliga a gravar la totalidad y no sólo el incremento no justificado no prescripto?", se pregunto Gebhard y aclaró: "Es un tema que no han tratado en la iniciativa".No todas son pálidasEn general, los expertos consultados coincidieron en que los puntos más positivos del blanqueo que intenta aprobar el Gobierno fueron la eliminación de impuestos, el ajuste en otros y la instalación de beneficios a los cumplidores. Pero no fueron los únicos halagos que pronunciaron.Al respecto, Schettini sostuvo que "es un régimen más abarcativo y completo que el del 2013 y hasta, incluso, que el de 2008, porque lo que se pretende es sincerar las posiciones fiscales de los contribuyentes y no tanto la necesidad de ingresar divisas al país".Andrés Edelstein, Partner Tax & Legal de PwC, explicó que siempre que se analiza un régimen de este tipo surge la cuestión relativa a su oportunidad, mérito y conveniencia, por un lado, y la vinculada al tratamiento inequitativo que representa cuando se analiza la situación de los contribuyentes que han cumplido debidamente, por el otro.Sobre el primer tema, el especialista señaló que "es evidente que el contexto ha cambiado, no solo en lo que atañe a las cuestiones políticas y económicas imperantes en nuestro país, sino especialmente por el nuevo paradigma de mayor transparencia e intercambio de información global".Esto es así debido al impulso que le está dando el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a los que se suma el de Estados Unidos, con la implementación de su régimen FATCA.En ese punto, coincidió Schettini, al afirmar que "no se pueden comparar los regímenes tan estrictamente porque los escenarios a nivel mundial son diferentes". No obstante, aclaró que "técnicamente es mejor y también es más razonable desde el punto de vista económico".En tanto, Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados puntualizó que esta iniciativa no incluye la suspensión general de los plazos de prescripción. Esta era una de las cuestiones que fueron cuestionadas en pasados blanqueos, ya que terminaba haciendo pagar "justos por pecadores".No hay que olvidar que si se extendiera este instituto, la AFIP tendría más tiempo para poder investigar a los contribuyentes, hayan o no exteriorizado sus bienes. Esto hace que la prescripción se aleje cada vez más para todos por igual.Por último, Sasovsky también resaltó como positivo que "se excluyan expresamente la liberación del pago de impuesto por utilización de facturas apócrifas". No hay que olvidar que muchas fueron las dudas que se generaron en regímenes anteriores, al punto que fue la Justicia la que terminó determinando cuándo correspondía.Ahora resta esperar que el proyecto sea analizado en el Congreso y, sobre todo, ver si alguna de las cuestiones que hacen "ruido" entre los especialistas sea subsanada, de modo de que la iniciativa no tenga mayores oposiciones.