Corta luna de miel: gobernadores van a la Justicia y se inicia la "guerra del 15%" contra Macri

Duró poco. Bastó sólo un decreto para que la "luna de miel" que comenzó con una foto en la que se mostraron gustosos todos los gobernadores con el presidente Mauricio Macri, terminara en un malestar generalizado.

Es que la decisión de derogar la medida por la que Cristina Kirchner le devolvía a las provincias una parte de la Coparticipación, cayó como un baldazo de agua fría entre varios mandatarios provinciales.

La reacción más reciente fue la del pampeano Carlos Verna que salió a criticar duramente a Macri. "Habla mucho de federalismo pero es unitario", remarcó días antes de juntarse con Rogelio Frigerio para discutir el asunto.

No fue el único. Mandatarios de otras cuatro provincias se pusieron en "pie de guerra" para reclamar lo que -según afirman- les corresponde y que se resume en dos puntos: devolución de los montos retenidos desde el 2006 y la suspensión de la precoparticipación.

Río Negro, Neuquén, Misiones y Chubut ya tienen todo preparado para accionar y llevar su pedido a la Corte Suprema de Justicia. Se suman así a una decena de provincias entre las que figuran Mendoza, Catamarca, Chaco, San Juan y Entre Ríos, que ya instruyeron a sus fiscales para iniciar la vía judicial.

No es para menos, si se tiene en cuenta que los fondos que recibía cada jurisdicción del país se habían incrementado más de un 15% de manera automática. Un porcentaje que "cayó del cielo" en momentos en los que el gasto provincial se mantiene en montos elevados.

Pero el enojo de algunos es aun mayor después de conocer que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue "bendecida" con un aumento en la cuota de Coparticipación que pasó, entre gallos y medianoche, del 1,4% al 3,75% (es decir, casi triplicó el valor original).

El ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue uno de los primeros en protestar. "¿Será federalismo triplicar los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y disminuir los del resto de las provincias?", se quejó en una carta y reclamó: "¡¡Basta de atropellar al interior!!".Los últimos en sumarseHubo un largo camino desde la sentencia en la que la Corte Suprema ordenó al Gobierno que deje de retener el 15% de precoparticipación y que devuelva los fondos recaudados a Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Algunos gobernadores decidieron iniciar un reclamo similar, sin saber que apenas unos días después (más precisamente el 30 de noviembre) la ex presidenta firmaría un decreto que no sólo recepta el fallo del máximo tribunal, sino que lo extiende el "beneficio" a todas las provincias.

La buena acción de la ex mandataria no duraría mucho: nueve días después, la jueza federal Liliana Heiland suspendió la aplicación de la normativa kirchnerista a pedido de una asociación de jubilados que temían por la financiación de la ANSES (hay que recordar que el 15% de la precoparticipación va, justamente, al organismo previsional).

Llegó así el primer recurso presentado por varias provincias para solicitar la vigencia del decreto de Cristina. En concreto, fue impulsado por La Pampa, Río Negro, Neuquén, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego.

Sin que el trámite llegara a una sentencia definitiva, Macri puso fin a la discusión con el decreto de necesidad y urgencia número 73, publicado en el Boletín Oficial el pasado 13 de enero, que derogó la norma firmada por Cristina Kirchner.

Ni bien se dio a conocer la novedad, llegaron las respuestas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Misiones y Chubut.

Desde el gobierno rionegrino, lamentaron la decisión de Macri y recordaron que continuarán con la acción de inconstitucionalidad contra el Estado nacional presentada en la última semana de diciembre ante la Corte Suprema.

Al respecto, el ministro de Gobierno Luis Di Giácomo fue tajante al declarar: "Deploramos que haya salido este decreto de necesidad y urgencia".

Además, recordó que continuarán con la presentación de tipo judicial, aunque no descartó el diálogo para que el Estado nacional comprenda que se trata de recursos que le corresponden a los rionegrinos.

En tanto, el gobernador Omar Gutiérrez declaró que "el gobierno del Neuquén se ha presentado en los juzgados respectivos para reclamar y demandar estos recursos que entendemos que legítimamente son de los neuquinos".

Conocido el DNU 73, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, manifestó en declaraciones a la prensa que a la provincia le quedan dos caminos: el reclamo administrativo y el judicial.

El primero era uno de los requisitos que, a ojos de la Corte Suprema, era necesario cumplir. Y la provincia lo consumó, ya que presentó una queja ante el Ministerio de Economía, el Banco Nación y la AFIP.

Para Safrán, ahora es sólo una cuestión de tiempo para elevar el reclamo al máximo tribunal. "Estamos esperando que se cumpla el plazo mínimo, para luego hacer la presentación judicial", resaltó.

El fiscal chubutense Diego Martínez Zapata fue el portavoz de Mario Das Neves. Remarcó que "en el transcurso del mes de febrero la provincia del Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, va a estar presentando la demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra Nación".

Por el lado pampeano, si bien Verna manifestó luego de la reunión con Frigerio que no llegó a la Casa de Gobierno con "ánimo de pelea", el gobernador recordó que están en condiciones de demandar a la Nación y obtener un fallo al igual que lo obtuvieron San Luis, Santa Fe y Córdoba. Plata y políticaUn punto iguala el reclamo de la mayoría de estas provincias: son las más perjudicadas de la región a la hora del reparto de fondos, si se consideran como factores clave los ingresos y la densidad poblacional.

Así lo reveló un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que destacó que de las cinco jurisdicciones sólo una recibe ingresos por coparticipación que están por arriba de la media.

En el grupo de altos ingresos y baja densidad (compuesto por Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Río Negro, Chubut y Neuquén), sólo en la provincia pampeana el ingreso per cápita supera los 20.000 pesos.

Por el contrario, las otras tres provincias que decidieron seguir la discusión en tribunales se encuentran por debajo, siendo Neuquén la más perjudicada. En el caso de Misiones, se ubica última en el conjunto de jurisdicciones con bajos ingresos y alta densidad.

Existe una razón para que el Gobierno de Macri deniegue sistemáticamente los pedidos de los gobernadores: la deuda que se acumularon en estos últimos años en favor de estas cinco jurisdicciones supera, sin considerar intereses, la friolera de $24.000 millones.

La preocupación es mayor si todas las provincias obtuvieran un fallo favorable. Los datos proporcionados por el IARAF demuestran que el desembolso que tendría que hacer el Ejecutivo en este caso sería de casi $230.000 millones (también sin intereses).

Del otro lado, las provincias demuestran que la voluntad de discutir está, si bien prima la necesidad. Por este motivo es que hasta los aliados del PRO, como el radical José Cano, no descartaron la posibilidad de que Mendoza se presente ante los tribunales.

Pero sería un error pensar que la cuestión trasciende las banderas políticas. La afinidad que existe entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con el Gobierno nacional explican el silencio sobre este tema.

Tal vez más curiosa es la situación del mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, que tampoco se manifestó sobre la posibilidad de que la provincia norteña inicie las medidas judiciales respectivas. Hasta los medios más importantes de la región se preguntan por qué no actúa y le reclaman acción.

Más allá de las cuestiones que puedan dividir a la opinión pública de cada una de las jurisdicciones, lo que queda claro es que el camino recién comienza. Y que Macri está dispuesto a ganar todo el tiempo que sea necesario para evitar pagar la pesada herencia que le dejó el gobierno de Cristina.