Lavado: el GAFI quita a la Argentina de la lista gris y vigilancia intensa
El organismo internacional que vigila el cumplimiento de normas antilavado de dinero anunció este viernes que la Argentina queda afuera del régimen de vigilancia intensiva al que estaba sometida en los últimos años.
De esta manera, el país salió de la "lista gris" en la que estaba desde 2009.
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) lo resolvió el jueves en el plenario del sello que también persigue el financiamiento del terrorismo internacional que culminó hoy en París.
"Esta resolución del grupo técnico tiene mucha relevancia para el país. Una situación contraria podría haber perjudicado a la banca nacional. Además le otorga a la Argentina una certificación internacional de que su sistema hoy tiene todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo", declaró el ministro de Justicia, Julio Alak, en Casa de Gobierno.
"El GAFI acoge progresos importantes de la Argentina en la mejora de su régimen contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y señala que Argentina ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias que el GAFI había identificado en junio de 2011", destaca el comunicado oficial que difundió el organismo internacional.
La Argentina había sido incluida en la "lista gris" en 2009, tras una inspección del GAFI en la que se detectaron varias irregularidades. A partir de allí, el Gobierno planteó un esquema de trabajo que incluyó un plan de acción basado en importantes reformas legislativas y un ajuste de normas administrativas.
Para que el GAFI tomara la decisión de sacara a la Argentina de esta lista contribuyó la oposición del Congreso, que, sin decirlo de manera explícita, facilitó la sanción de leyes que favorecen este final. Alguna vez se contarán detalles de un homenaje secreto que les ofrecieron miembros de gabinete a legisladores opositores en una cena en reconocimiento de esa colaboración tácita, lo más parecido a la promoción de una política de Estado para la cual sectores enfrentados en la política acuerdan en función del interés público.
En el plenario del GAFI en París han participado representantes del Gobierno, entre ellos el titular de la UIF, José Sbatella, y funcionarios de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Su titular, Julio Alak, tenía previsto viajar pero debió permanecer en el país para acompañar el envío del proyecto de Código Procesal Penal al Congreso, que, además, deberá explicar el martes a los senadores. Alak estará hoy en Casa de Gobierno para hacer el anuncio formal del dictamen que se conocerá, según estaba previsto anoche, a las 9 de hoy, hora de Buenos Aires.
Este anuncio cumple uno de los proyectos del Gobierno para conciliar la relación con el mercado financiero internacional, junto con otras decisiones tomadas por la administración Kirchner en los dos últimos años, como el acuerdo para cerrar juicios del CIADI, la renegociación de la deuda con el Club de París, el cierre del entuerto con la petrolera española Repsol y el frustrado cierre de los litigios de los bonistas que quedaron afuera del canje de 2005 y 2010. Ese paquete de decisiones busca facilitar en el último año de gobierno el acceso al mercado voluntario de crédito, que ha quedado demorado hasta el año que viene por la decisión del juez Thomas Griesa de amparar a los llamados fondos buitre. En enero, cuando no rijan las restricciones de la cláusula RUFO, el país podrá intentar un endeudamiento que hubiera querido a mitad de este año pero se lo impidió el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos que avaló el fallo Griesa.
Tener los papeles en orden en el GAFI es también imprescindible para presentar un decoroso credit record en el capítulo para el cual se preparó el Gobierno desde 2011 y que ha demorado el litigio en la corte del sur de Manhattan. La Argentina ha peleado en reuniones como las del g-20 contra los paraísos fiscales que permiten el desvió de dinero procedente de la evasión, la elusión, el narco lavado y del terrorismo. En esas discusiones se sumó a la posición de países como EE.UU. y Francia pero hasta ahora ano había logrado salir de la lista de vigilancia intensiva por parte del GAFI en razón del bajo récord de condenas a casos de lavado y la vigencia de normas débiles para perseguir esos delitos, señala Ámbito Financiero.
El caso más manifiesto de esa debilidad jurídica fue la inexistencia de normas que castigasen el financiamiento del terrorismo, situación que se produjo por la derogación de leyes dictadas por el último gobierno de facto que castigaban la pertenencia a organizaciones terroristas. Eso dejó al delito de terrorismo sin castigo hasta que el Congreso dictó las cláusulas de la mal llamada ley antiterrorista que castiga el financiamiento del organizaciones terroristas. La Argentina sigue en este punto la corriente del derecho comparado que no termina de resolver la definición de "terrorismo" como delito y admite que lo más que puede hacer, como ocurre en otros países, es hablar de "actos terroristas". El financiamiento de esas actividades es uno de ellos y así quedó reflejado en la última reforma del código penal. El gobierno pudo promover su aprobación en el Congreso, pese a críticas de sectores del propio oficialismo, con la colaboración tácita de bloques de la oposición que entendieron era de interés público que la Argentina contase con esas normas para mejorar su situación ante los mercados internacionales. Los dictámenes de GAFI forman parte de la calificación de riesgo en el momento de tomar créditos.
En el proyecto de Código Procesal Penal que ingresó el miércoles al Congreso se incluyen normas que permitirán la aceleración de la instrucción de causas y el juzgamiento de acusados de delitos, entre ellos el lavado y el financiamiento del terrorismo. El gobierno, que suele hostigar a los jueces por sus dictámenes, ha incluido en sus discursos críticos a la lentitud de los magistrados como uno de los problemas más graves, siguiendo advertencias del GAFI que han señalado que se cuentan con los dedos de una mano la cantidad de condenados por lavado en la Argentina.
Merced a la aprobación de esa ley se inició el camino hacia la salida del régimen de vigilancia permanente que se concretará hoy, después de que en 2010 la Argentina estuviera el borde de ser sancionada por la situación ante este delito y de que se la incluyera en la llamada "lista gris" de países que debían ser sometidos a examen cada tres meses. Los países que cumplen las exigencias del GABI - son 49 - que figuran en la lista a la que ingresa la Argentina hoy, son revisadas una vez por año.
En los últimos informes que envió el país al GAFI pudo demostrar que con nuevas normas aprobadas por el Congreso la Argentina se adecuaba a las exigencias en materia de prevención y sanción de estos delitos de alta complejidad. Esto ya figuraba en un informe que hizo en junio pasado una misión del GAFI que estuvo en el país y que reconoció también que las reformas al funcionamiento de la UIF (Unidad de Información Financiera, oficina del ministerio de Justicia que se dedica a combatir el lavado) y el aporte de más recursos para su tarea.