Lavado: el Gobierno prepara la estrategia para defender cambios ante el GAFI

Entre el lunes y viernes de la próxima semana, habrá un extenso examen ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, en el que el Gobierno defenderá principalmente la nueva ley antilavado, y donde el organismo anunciará que la evaluación final será en junio próximo.

Fuentes gubernamentales señalaron al matutino BAE que habrá un detalle de todo el plan de acción para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y por ello, viajarán funcionarios de diversos organismos.

Quien disertará ante el plenario del GAFI (luego de las primeras reuniones técnicas) serán del ministro de Justicia, Julio Alak, y además viajarán el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y representantes del Ministerio de Economía, la AFIP, el BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros, entre otras dependencias.

El eje principal será el análisis de la gran exigencia del GAFI para este año: la ley anterrorismo, que si bien fue aprobada por el Gobierno el año pasado, debe pasar por la revisión internacional. Tal como se presenta el panorama y, según las fuentes oficiales, “como nuestra ley respeta los parámetros centrales de lo que entiende el GAFI como terrorismo, creemos que no habrá mayores críticas”.

La ley, ya cuestionada a nivel local por organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, determina como terrorismo a “los actos que aterroricen a la población u obliguen a las autoridades públicas o gobiernos extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Aunque el clima interno está enrarecido, la mirada hacia el GAFI es positiva porque “en octubre, cuando fue la última cumbre en París, habían valorado la presentación del proyecto”, señalaron al matutino desde el Ejecutivo.

Otro de los capítulos de la exposición argentina, que se iniciará el lunes a nivel técnico, será la ley que castiga los delitos de orden económico, ya elogiada de manera informal por el GAFI.

De acuerdo con el texto de la ley, impulsada por la CNV, el nuevo delito de captación clandestina y fraudulenta de ahorros está penado con 2 a 8 años de cárcel; el cohecho financiero, con 2 a 6 años de prisión; el abuso de información privilegiada, un castigo de 2 a 4 años de prisión, y la manipulación de valores, también con esta última pena.

En forma conjunta, la UIF mostrará otra carta cuando informe que en 2011 se cuadruplicaron los reportes de lavado de dinero y llegaron a más de 12.000 informes, contra los 3.000 del 2010. Más del 60% de los expedientes provino del sistema financiero, acompañado por maniobras sospechosas de los registros nacionales de automotores, escribanos, juegos de azar, coleccionistas de arte, las joyerías, entre varios segmentos.

En las carpetas que recibió la UIF, se informaron operaciones realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica, que no guardan relación con el perfil económico-financiero del cliente. También se detectó la falta de manuales de procedimiento y de auditorías internas.