Procesan a directivos de Cargill por presunta evasión impositiva
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico IV, a cargo de Alejandro Catania, dispuso el procesamiento de dos directivos de Cargill por presunta evasión impositiva, informó esta tarde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de de Héctor Orlando Marsili, presidente del directorio y gerente de la Unidad de Negocios de Cargill, y de Javier Gustavo Fernández Rockboer, gerente de la Unidad de Negocios de la firma en Uruguay.
Según la dependencia oficial, ambos funcionarios son considerados posibles autores del delito de evasión agravada, conforme los artículos 1 y 2 inciso A de la Ley Penal Tributaria.
"A raíz de una exhaustiva investigación de la AFIP, la Justicia procesó por el delito de evasión fiscal agravada a dos directivos de la empresa agroexportadora Cargill tras comprobarse que hubo una clara intención de defraudar al fisco por cifras millonarias durante los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003", puntualizó el organismo en un comunicado.
"Este procesamiento los pone a un paso del juicio oral donde deberán afrontar penas de hasta 9 años de prisión", remarcó la AFIP. Para conocer en qué casos los ejecutivos pueden ir presos por evasión fiscal, haga click aquí.
Además, a los responsables de la firma se les trabó un embargo por $100 millones a cada uno.
"La causa presenta importantes similitudes con las maniobras de planificación fiscal nociva de triangulación con la investigación de la cerealera Bunge", subrayó el comunicado.
"El caso de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden", señaló el administrador federal, Ricardo Echegaray al tiempo que recordó que "la participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social y que el dinero recaudado por el impuesto contribuye a distribuir la riqueza en la sociedad".
"Es importante tener claro que tanto la evasión de Cargill como los $1.200 millones que se investigan de la cerealera Bunge, resultan una clara sustracción de los fondos que el Estado dispone para poder financiar las prestaciones sociales básicas como la seguridad, la asignación universal por hijo, la salud y la educación de todos los argentinos, entre otros cometidos esenciales del Estado", reflexionó Echegaray.
"Los evasores que engañan al Fisco, también le mienten a la sociedad y a los trabajadores", repitió el funcionario y advirtió que ahora ambas empresas deberán dar explicaciones tanto a la Justicia como al resto de los argentinos.
La causa
Según el comunicado de la AFIP, el caso de Cargill implica una maniobra de triangulación de operaciones vía paraísos fiscales, que guarda estrecha similitud con la desplegada por la firma Bunge, recientemente denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia Penal Federal de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
"Esto implica que, al igual que en la causa Cargill, los responsables de la empresa Bunge podrían ser procesados penalmente por el delito de evasión agravada contra el Fisco Nacional", remarcó el fisco.
En la fiscalización, la AFIP pudo constatar que Cargill Argentina realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay, pero esto sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final y nunca pasaba por el país vecino, ni por ninguno de los otros que participaban en la operatoria. Es decir, la facturación iba por un camino y la exportación por otro.
"Cargill Argentina facturaba sus ventas a su filial en Uruguay. Desde el país vecino se refacturaba a otras sociedades vinculadas, generalmente radicadas en países de baja o nula tributación y este último repetía la operación con el comprador final", explicó el comunicado.
Ante la Justicia, la AFIP demostró que Cargill Uruguay liquidaba maliciosamente la venta de commodities a otras sociedades vinculadas o trades a un precio menor al que se lo había comprado a la Argentina, registrando en sus balances pérdidas significativas.
"Como los balances de la filial uruguaya se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esas pérdidas disminuyendo de esa forma la base sobre la que debía tributar el Impuesto a las Ganancias", puntualizó el fisco.
"Las estimaciones fiscales se iniciaron por una evasión de $56 millones, pero cabe destacar que como en la operatoria intervinieron varias empresas vinculadas y radicadas en paraísos fiscales se dificulta el control para la AFIP y, en consecuencia, la real magnitud y monto de las operaciones comerciales desarrolladas", concluyó el comunicado.