La IGJ endurece las sanciones para sociedades de ahorro: multas de hasta $8 millones

La Inspección General de Justicia (IGJ) impementó una actualización significativa en el monto máximo de las multas que pueden imponerse a las sociedades de capitalización y ahorro. Esta modificación se oficializó a través del Decreto 609/2024, que establece un incremento considerable en las sanciones, llevando el límite de $11.543,86 a $8.000.000.

El ajuste en el monto de las multas se fundamenta en la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el texto oficial, el objetivo de esta actualización es lograr que las multas tengan un "efecto ejemplificador y disuasorio". Esto representa un incremento de 680 veces respecto al monto anterior.

El último ajuste en el monto máximo de las multas se realizó en 1991. Desde entonces, el índice de precios al por mayor ha experimentado un incremento de más del 78.000%, lo que subraya la necesidad de una actualización acorde con la realidad económica actual. La IGJ considera que el nuevo monto de las multas es adecuado para cumplir con su propósito de disuasión y ejemplificación.

Antes de la implementación del Decreto 609/2024, la medida fue consultada con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia. El decreto entró en vigencia el 12 de julio de 2024, tras su publicación en el Boletín Oficial.

La IGJ endurece las sanciones: cómo impacta en las Sociedades de Ahorro

El endurecimiento de las sanciones refleja una postura más estricta del Gobierno hacia las sociedades de capitalización y ahorro. Este tipo de entidades deberá ajustar sus prácticas para evitar incurrir en sanciones que ahora pueden alcanzar cifras significativamente altas.

La revisión de las sanciones se produce en un contexto de inflación sostenida y depreciación de la moneda, factores que han influido en la necesidad de adecuar las multas a un nivel que mantenga su efectividad. La medida busca alinear las sanciones con la evolución económica, asegurando que las mismas no pierdan su capacidad de disuasión debido a la erosión del poder adquisitivo.

El aumento de las multas es parte de un conjunto de políticas dirigidas a fortalecer la regulación y supervisión de las sociedades de ahorro. Estas políticas están diseñadas para proteger a los consumidores y garantizar el funcionamiento transparente y ético de estas entidades.

La actualización de las multas ha generado diversas reacciones dentro del sector. Algunos analistas consideran que este ajuste era necesario para mantener la relevancia de las sanciones, mientras que otros creen que el aumento puede representar un desafío significativo para las sociedades más pequeñas.

El Gobierno sostiene que las multas actualizadas permitirán una mejor regulación del sector, incentivando a las sociedades a cumplir con las normativas vigentes y a operar de manera más transparente. Por su parte, las sociedades de ahorro deberán evaluar sus prácticas y posiblemente ajustarlas para evitar incurrir en las nuevas sanciones.