El Gobierno acordó realizar un pago parcial al Club de París para evitar caer en default
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2021/06/518776.jpg)
El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó a un acuerdo con el Club de París para evitar el "default", una situación que el Gobierno quiere evitar a toda costa en la previa de las elecciones.
La clave del nuevo entendimiento es que Argentina realizará un pago parcial y menor al Club de París, mientras que se posterga la mayor parte de la deuda. En concreto, el país abonará solamente unos u$s430 millones de los u$s2.400 millones que vencieron a fines de mayo. Para la deuda pendiente, los plazos se extenderán hasta el 31 de marzo de 2022.
El acuerdo fue confirmado por Guzmán en la tarde de este martes, en una conferencia de prensa.
"Una situación de default hubiese sido un golpe para la economía que habría hecho un particular daño", dijo el jefe del Palacio de Hacienda, en una conferencia de prensa.
"Luego de negociaciones constructivas se llegó a un entendimiento: el país tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para resolver la deuda con Club de París y a su vez se continuará haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo con el FMI y el stock de deuda de u$s45.000 millones que tomó el Gobierno de Cambiemos que no fue para aumentar la capacidad productiva".
Sobre los desembolsos, explicó que "no hay un anticipo de pagos, sino un esquema de pagos proporcionales, se están definiendo las fechas y el primero posiblemente sea el 31 de julio y el próximo el año próximo".
Durante su reciente gira europea, Alberto Fernández gestionó presencialmente una postergación de la deuda con el Club de París ante las máximas autoridades de Portugal, España, Francia e Italia, y también mantuvo un encuentro virtual en el que trató el tema con la canciller alemana, Angela Merkel.
El nuevo plazo de gracia de parte de club de gobiernos acreedores (de Europa, pero también de los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Israel, Brasil, Japón y Corea del Sur) abre un nuevo espacio para seguir negociando la reprogramación de la deuda de u$s45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las autoridades del Club de París aguardan, precisamente, ese arreglo con el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, para reprogramar su propio acuerdo, que data de mayo de 2014 y fue cerrado por el entonces ministro de Economía (hoy gobernador bonaerense), Axel Kicillof.
Guzmán y las complicaciones de un acuerdo con el FMI
Martín Guzmán está convencido de que en las próximas jornadas podrá avanzar, finalmente, en un acuerdo con el Fondo Monetario. En el Palacio de Hacienda no quieren anticipar, sin embargo, cuál será la fórmula para encaminar esas conversaciones que, en principio, tendrá el objetivo de evitar un default con el Club de París.
La expectativa en Economía es que Guzmán viaje a los Estados Unidos para reunirse con la secretaria del Tesoro, la poderosa Janet Yellen, como último paso antes del trato formal con el FMI.
Sergio Massa volvió de EE.UU. seguro de que su viaje sirvió para encaminar la relación con el país que concentra el 16,5% de los votos en el directorio del Fondo, estratégicos para cerrar el acuerdo.
El objetivo del presidente de la Cámara baja fue eminentemente político: fue a juntar capital político de parte de funcionarios clave de la administración Biden. También a buscar "soluciones creativas" para encauzar la relación con el Fondo.
Antes de volver a Buenos Aires, en su último contacto en Estados Unidos, Massa fue rotundo frente a los 15 fondos de inversión con los que habló en Wall Street: les aseguró que la Argentina llegará a un acuerdo con el Fondo Monetario.
Cuando los financistas quisieron hablar del timing, Massa les contestó que prefería que fuera antes de las elecciones de noviembre. "Para el Gobierno no tendría costos políticos", opinó. "Lo más importante es que el acuerdo sea bueno para el corto y el largo plazo", completó.
El referente de la coalición gobernante dejó en claro que su posición política es similar al del ministro Guzmán, con quien estuvo reunido antes de salir de Buenos Aires, la semana pasada.
Se avecinan los vencimientos con el organismo, mientras sigue corriendo el reloj que marca que dentro de cinco semanas la Argentina entrará en default con el Club de París si antes no hay algún trato con el FMI.
El gobierno de los Estados Unidos acaba de dar un respaldo a esas conversaciones, a través del número dos del Tesoro americano, Wally Adeyemo. Lo que en la Casa Rosada se interpretó como un apoyo y un avance a esas negociaciones.
Por eso mismo, en el Palacio de Hacienda aguardan que Guzmán reciba la señal para subirse al avión rumbo a Washington.
Tras la gira de Massa y la señal desde el Tesoro, la pelota quedó definitivamente del lado del gobierno argentino.
Es la coalición gobernante la que deberá definir el rumbo de política económica: si va por el camino preferido por Guzmán, que implica sellar un acuerdo con el Fondo lo más pronto posible, de manera de aventar los riesgos a un nuevo cimbronazo cambiario y financiero, que detonaría la posibilidad de una recuperación económica.
O si la cuestión se demora hasta después de las elecciones, con el peligro cierto de reavivar lógicos temblores ante las indefiniciones. Este último escenario es el preferido por Cristina Kirchner, tal vez acostumbrada a los tiempos de Néstor Kirchner, donde los márgenes de política económica para moverse eran más amplios.
La postura de Massa quedó patente durante la semana que pasó en la capital estadounidense. El jefe del Frente Renovador coincide con el ministro de Economía en cuanto a acelerar los tiempos. Aunque abona la idea de Cristina de una negociación a fondo que le asegure aire financiero a la Argentina para los próximos años. Algo que no luce tan claro si, al final, el acuerdo es a 10 años con las actuales tasas de interés.
Durante la visita a Washington, Massa escuchó la posibilidad de un "stand still": esto es, negociar un acuerdo por el cual se congela el estado de situación de la deuda por un plazo determinado (no más de seis meses, hasta después de las elecciones) y en ese lapso el país deja de pagar los vencimientos.
Hasta ese momento hay dos pagos: uno en septiembre y otro en diciembre, por un total cercano a los u$s3.400 millones. En el medio, lo dicho más arriba: el 31 de julio habría que pagar u$s2.400 millones al Club París, sólo postergables con un acuerdo con el Fondo en el bolsillo.
Entre la espada y la pared: el rol del kirchnerismo
En el Palacio de Hacienda está la idea de que el ministro cuenta con todo el respaldo para avanzar en el acuerdo definitivo.
Al mismo tiempo, admiten, existe resquemor del ala política -encabezado por el kirchnerismo- de que un acuerdo ahora mellaría las chances electorales del oficialismo. Y envalentonaría al ministro.
Guzmán viene de protagonizar un cruce muy fuerte con Massa y con Máximo Kirchner, que salieron al cruce del papel protagónico que el ministro quiere jugar en las próximas elecciones.
Guzmán dejó deslizar que quiere ser protagonista. Propuso que algunos funcionarios de su confianza en el Ministerio participen de las listas del Frente de Todos en las próximas elecciones. Massa y Máximo le cortaron las aspiraciones.
Cristina no está dispuesta a dejar crecer políticamente a su ministro. Eso está claro. Lo que se desconoce es si ese malestar impedirá un acercamiento definitivo con los organismos internacionales. Por ahora, la vicepresidenta vetó cualquier movimiento en ese sentido. Alguna vez, incluso, lo hizo en público: como el 24 de marzo último, cuando planteó que un acuerdo con el FMI debería ser a 20 años de plazo, y no a diez como viene negociando el ministro.
La discusión de fondo
La discusión interna en el Frente de Todos se vincula con el ajuste fiscal que, en los hechos, viene realizando Guzmán.
Para tener en claro: contra un rojo de las cuentas públicas del 6,5% del PIB en el 2020 -producto de la expansión del gasto Covid-, en los primeros cinco meses del año, ese déficit se redujo a tan sólo el 0,3%.
En el Presupuesto 2021, el ministro consignó un déficit del 4,5% para este año, con lo cual existe un amplio colchón para ampliar el gasto estatal.
Eso es lo que le reclaman desde el kirchnerismo. Y que seguramente va a ocurrir, de cara a las elecciones. La pregunta a esta hora refiere a la magnitud de ese giro. ¿Se notará en las golpeadas economías de los hogares? ¿Y en los bolsillos de los atribulados consumidores?
Seguramente, en las próximas semanas, el Gobierno intensificará los anuncios sociales. Ya trascendió que habrá un bono para jubilados y pensionados, con el objetivo de contrarrestar lo que perdieron por la inflación.
Algunas medidas en ese sentido ya se tomaron, como el anuncio de aumento de las tarifas de los servicios públicos por debajo del 10% para todo este año. Será de un 9% para la electricidad en el AMBA (7% en el resto de la provincia de Buenos Aires); y del 6% para las boletas residenciales de gas.
Guzmán, que hasta ahora vino haciendo buena letra fiscal y monetaria, en medio de las negociaciones con el Fondo y por el temor a un cimbronazo cambiario, tendrá que liderar lo que viene: hasta dónde llega con ese cuidado. O hasta dónde lo dejan.