El Gobierno extendió la negociación por la deuda hasta el 24 de julio: qué diferencias impidieron el acuerdo

El Ministerio de Economía prorrogó hasta el 24 de julio el plazo para que los bonistas acepten el programa para reestructurar u$s66.300 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera y cuyo término vencía hoy.

Así lo informó el ministerio de Economía a través de un parte de prensa, en el que oficializó esta prórroga a través de un comunicado a la Comisión nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC-según sus siglas en inglés).

"Desde la extensión anterior de la Invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los recuperos", explicó Economía.

Y agregó: "Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía".

Un escenario empantanado

El Gobierno prorroga las negociaciones con acreedores para intentar limar las diferencias que persisten, y que en lo económico superarían los u$s7.000 millones, pero también se abrió un debate sobre la cuestión legal, que despertó más interrogantes sobre un proceso clave para el futuro del país.

Se estima que en los próximos días continuarían sin demoras las tratativas para arribar a un acuerdo que en los últimos días pareció quedar empantanado, confiaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Guzmán tildó de "inconsistentes" los reclamos de los acreedores.

Este viernes, el presidente Alberto Fernández confió en que se llegará a un entendimiento, pero reconoció que se avanza a los "tironeos" en la dura negociación.

También pidió quitarle dramatismo a la cuestión y hasta afirmó que la falta de un convenio en el corto plazo no cambiaría la situación porque la Argentina de todas maneras carece de financiamiento externo.

Deuda: tensión y diferencias al descubierto

Esta semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, resolvió en acuerdo con los grupos de bonistas levantar la confidencialidad de las propuestas y allí empezaron a notarse las diferencias que existen entre lo que piden los acreedores y lo que el Gobierno está dispuesto a aceptar.

Según estimaciones que se manejan en el mercado financiero, la diferencia económica superaría los u$s7.000 millones, una cifra en la que nadie cree que pueda ser el factor determinante para cerrar un entendimiento.

Pero, a esa discrepancia, se le sumó otra de carácter legal, ya que los acreedores pretenden que los títulos a emitir se ajusten por cláusulas legales similares a las del canje 2005, lo cual mejoraría la situación de los bonistas si es que en un futuro inician reclamos legales.

BlackRock: el fondo liderado por Larry Fink mantiene una dura posición en las negociaciones.

Por el lado de los bonistas, los más agresivos y firmes parecen estar en el influyente fondo BlackRock, cuya negociadora es ahora Jennifer O´Neill, quien asumió ese rol en reemplazo del combativo mexicano Gerardo Rodríguez, por expreso pedido de Guzmán a Larry Fink, cabeza del grupo.

Reclama un pago del 56,5% y también exigió el cambio en las cláusulas legales, cuestiones que Guzmán rechazó de plano por "inconsistentes" con el objetivo de sustentabilidad del pago de la deuda.

Hasta ahora, el Gobierno, a través de Guzmán, ofreció pagar hasta u$s49,90 por cada lámina de 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones.

Esta propuesta cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, reiteró en los últimos días el apoyo a la Argentina y pidió a los acreedores que acepten la oferta.

Durante la semana, tras el levantamiento de la claúsula de confidencialidad, el grupo Ad Hoc Argentina Bondholder, conformado entre otros por los fondos Black Rock y Ashmond, advirtió que si el Gobierno no atiende los reclamos podría iniciar demandas judiciales.