La Unión Europea dictó normas para combatir el anonimato en el mercado de las criptodivisas

La Unión Europea ha aprobado este lunes una nueva normativa contra el blanqueo de capitales que, entre otras cuestiones, tiene el objetivo de combatir el anonimato en el mercado de criptodivisas como el bitcoin y facilitar el acceso a información sobre propietarios reales de empresas.

Los Veintiocho han dado este lunes el último paso para aprobar las nuevas normas, que recibieron el visto bueno de la Eurocámara a mediados de abril. Estas reglas serán publicadas en el Diario Oficial de la UE y los países tendrán 18 meses para trasladarlos a sus legislaciones nacionales.

Las nuevas normas aprobadas

Verificación de los clientes. En concreto, obligan a las plataformas de negociación y a proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los que se exigen en la actualidad a los bancos, como la verificación de sus clientes.

¿Cómo deben registrarse? Además, estas plataformas y servicios deberán registrarse, al igual que las empresas de cambio de divisas, las oficinas de cobro de cheques o los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales.

En el caso de las tarjetas de prepago, se rebaja de 250 a 150 euros el importe a partir del cual los titulares deben estar identificados.

Mayor transparencia. Otra de las modificaciones que incluye esta quinta reforma de la directiva es el derecho de cualquier ciudadano a acceder a información sobre los titulares efectivos de empresas que operan en el bloque comunitario. El objetivo de esta medida es acabar con la opacidad de las llamadas 'empresas buzón', utilizadas con frecuencia para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos.

La directiva incluye también criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan riesgo de lavado de dinero y medidas de vigilancia más estrecha de transacciones que implican a nacionales de países de riesgo.

También incluye disposiciones para aumentar la protección de personas que revelen información sobre blanqueo de capitales, como el derecho al anonimato.