Ahorristas argentinos con bonos de la deuda en default por unos u$s2.000 millones irán a la Justicia estadounidense para rechazar la oferta realizada por el Gobierno, por lo que se demorará la salida definitiva del país de la cesación de pagos.

Así lo anticipó el fundador de la Asociación de Ahorristas Daminificados por la Pesificación y el Default (Adapd), Horacio Vázquez, al denunciar que los fondos buitre son mejor tratados que quienes pagaron por los bonos su valor real y no el precio basura pos canjes de 2005 y 2010.

Vázquez denunció que los bonistas argentinos no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con los fondos buitre y confirmó que apelarán la decisión de dar luz verde al entendimiento del juez norteamericano Thomas Griesa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Vázquez denunció que el mediador judicial en el conflicto Daniel Pollack "no atendió los reclamos de los abogados que representan a bonistas Argentinos en Nueva York", quienes tampoco pudieron participar de ninguna reunión en las negociaciones.

"Nos explicaron a través de un papel cual es la oferta argentina, nos ponen una fecha límite para aceptarla y nos piden entrar a un canje del que no sabemos cuales son las condiciones", se quejó Vázquez.

El fundador de Adapd puso en duda que el acuerdo conseguido por el Gobierno de Mauricio Macri llegue al 85% de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, dado que los números expresados por los funcionarios "no cierran".

"Si el ministerio de Hacienda y Finanzas dijo que oficialmente los juicios llegan a u$s9.000 millones y se presenta una apelación a la cámara por más de u$s2.000 millones, las cuenta no dan porque esos representan más del 20% de bonistas sin respuestas", sostuvo.

Vázquez subrayó que si los bonistas argentinos con títulos en cesación de pagos aceptan el acuerdo con el Gobierno, estarían admitiendo el cobro de 1,7 dólares por cada dólar invertido en los bonos, cuando en realidad se debería pagar 3 dólares "como mínimo".

Esa es la ecuación que, según Vázquez, debe hacer el equipo económico que lidera Alfonso Prat Gay para "equiparar al menos" las mismas condiciones que tienen hoy los que participaron de las reestructuraciones registradas durante 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente. 

El fundador de Adapd explicó que los pequeños acreedores argentinos no cuentan con un ejército de abogados para litigar contra el Gobierno -como sí lo tienen los fondos buitre- por lo que tienen que diagramar muy bien la estrategia antes de ponerla en práctica.

La apelación que será presentada en la Cámara de Nueva York busca ampliar la negociación con el gobierno argentino para lograr una "mejor oferta", por lo que si la Justicia decide darle curso, el plazo para un acuerdo total y definitivo se extenderá.

Vázquez estimó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que si la Cámara acepta la apelación de los bonistas, "la Argentina continuará en default y no podrá lograr tasas bajas si quiere salir a colocar deuda nueva en el exterior".

Según precisó, la Adapd representa a acreedores argentinos con bonos en sus manos por unos 2.000 millones de dólares y todos están dispuestos a la nueva presentación juficial porque no aceptarán la oferta oficial actual por resultar "insuficiente".

Opinó que el gobierno argentino está "tratando mejor a los fondos buitres que compraron los bonos a precio de remate" después de los canjes que a los argentinos que pagaron el valor real de los títulos y ahora "no son escuchados".

"Nosotros no compramos los bonos después del default por unos pocos centavos, sino que pagamos un dólar por cada dólar del bono, porque a mediados de la década del 90 el Estado nos pidió invertir en la Argentina para poder hacer obras públicas", dijo Vázquez.

Agregó que los bonistas que entraron al canje, que recibieron una cifra menor que el reciente acuerdo "no podrán iniciar ningún reclamo porque cuando entraron a la reestructuración, declinaron toda acción judicial".