Kicillof pidió a Griesa que suspenda fallo a favor de buitres para abrir "diálogo"

El ministro de Economía, Axel Kicillof, solicitó este lunes al juez Thomas Griesa, que sentenció a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a fondos con bonos impagos, que suspenda temporalmente la medida para permitir la negociación con los acreedores que no ingresaron a canjes previos y evitar

así un default.

"Consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la Argentina pueda continuar pagando a los bonistas de la reestructuración y pueda llevar adelante un diálogo que necesitamos sea llevado en condiciones equitativas para el 100% de los acreedores, sobre todo con los que hemos reestructurado", dijo el ministro.

Las negociaciones entre Argentina y los "holdouts" aceleraron la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de la Argentina para evitar pagar los 1.330 milones de dólares dispuestos por el juez Griesa.

En este escenario, Kicillof pidió este lunes condiciones "justas y legales" durante una breve conferencia en el microcine de Palacio de Hacienda, en la que pronunció un discurso de tono moderado y evitó en todo momento hacer mención a los "fondos buitre".

El funcionario recordó el canje del 2005 y el 2010 en los que acordó condiciones con los acreedores que suscribieron los nuevos bonos y sostuvo que en dichos acuerdos "figuran elementos que la Argentina quiere seguir cumpliendo".

Entre ellos, señaló la necesidad de la Argentina de continuar con "el pago en tiempo y forma" y la condición por la cual "no puede pagársele a otro acreedor más de lo que se paga al de la reestructuración", según indica la cláusula RUFO.

"Queremos cumplir con los bonistas de la reestructuración pero en el marco de la constitución, de las leyes y de los contratos", añadió.

Ocurre que a fines de junio la Argentina debe realizar en Estados Unidos un pago de su deuda reestructurada, pero el desembolso corre riesgo de ser embargado por la justicia estadounidense si no logra un acuerdo con los "holdouts"

Por ello, el ministro destacó este lunes el interés del Gobierno de poder cumplir con el pago de los vencimientos previstos para el 31 de junio y pidió que se suspenda la medida cautelar. "Solicitamos una suspensión para que podamos abrir un diálogo, un ´stay´", explicó.

El escrito (o "stay", según su denominación en inglés) será presentado este lunes por la tarde por los abogados argentinos. En la conferencia de prensa se entregó una versión del documento en español, pero aún la misma no se hizo pública.

La novedad se conoció luego de que la Presidenta se mostrara el viernes último dispuesta a dialogar con los acreedores conocidos como "holdouts" por quedar fuera de los dos canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005 y 2010.

Tras días de tensión, las palabras de Cristina Kirchner llevaron a los mercados más confianza en que el país logrará un acuerdo con los fondos que poseen los títulos impagos, por lo que los bonos del país abrieron con fuertes alzas en la sesión en la plaza local.

El Gobierno se resiste desde hace años a pagar la deuda a los que denomina fondos buitres, ya que argumenta que resguarda los intereses del 92,4% de acreedores que aceptaron millonarias quitas de capital sobre una cesación de pagos total de unos 100.000 millones de dólares en 2001 y 2002.

Además, la mandataria explicó que el pago de la deuda no reestructurada podría disparar reclamos por hasta 15.000 millones de dólares.

El siguiente es el texto completo, difundido por Presidencia de la Nación, de la carta presentada este lunes por Carmine D. Boccuzzi Jr, abogado representante del Estado argentino, al juez de Nueva York, Thomas Griesa:

Le escribo para actualizarle la información brindada a la Corte durante la audiencia del pasado miércoles de que la República Argentina ("la República") tiene la voluntad de negociar de buena fe. La República Argentina respetuosamente solicita una medida suspensiva ("stay") de los Amended Injunctions [medidas cautelares] que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones.

Recientemente, la República ha resuelto con éxito importantes disputas, incluyendo la existente con Repsol S.A. que había demandado a la Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. ante el CIADI por la suma de 10.000 millones de dólares, con las naciones miembro del Club de Paris por 9.700 millones de dólares, con los titulares de laudos CIADI. Estos recientes acuerdos -que fueron producto de extensas negociaciones y se concretaron en condiciones de cumplimiento posible para la República, con quitas, extensión de plazos y/o reducción de tasas- constituyen grandes avances que reflejan el foco de la Argentina con respecto a la salida de la crisis de 2001 y la normalización de las relaciones con sus acreedores. Todos estos acuerdos fueron voluntarios y por tanto equitativos para las partes. Argentina quiere salir de los litigios que han cargado sobre ella y sobre las Cortes. Por ello respetuosamente solicita un stay de su Señoría. Un stay proporcionaría un resguardo (un "paraguas legal") para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso.

Toda vez que la decisión de la Corte de Apelaciones del Second Circuit requiere a Argentina, cuando realiza un pago de intereses sobre la deuda reestructurada, a pagar a los acreedores el total del capital e intereses de su deuda en default, la República no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros. El total adeudado a los holdouts luego de la reestructuración de deuda de la República excede la mitad las reservas del país. Ningún país puede utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población. Ni puede Argentina ignorar la cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO), que adjuntamos como Anexo, que es uno de los términos de la deuda reestructurada bajo ley de Nueva York y cuyos efectos pierden vigencia el 31 de diciembre de 2014, ya que esto puede llevar a que en otras jurisdicciones se entable un litigio que haga caer la reestructuración exitosa del 92% de la deuda de la República que estaba en default. Además, como nación soberana, Argentina también se encuentra sujeta a sus propios procesos constitucionales y a las leyes sancionadas por el Congreso vigentes en materia de reestructuración de deuda.

Por lo tanto Argentina se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores.

En resumen, la República está comprometida al diálogo que continuará en lo que la República aspira será una resolución final a este litigio, y a todo el problema de la deuda externa, lo cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo argentino. La República ha honrado sus obligaciones, incluyendo a los bonistas reestructurados, y quiere seguir honrándolos cumpliendo con el 100% de los acreedores. La República en consecuencia le solicita respetuosamente a Su Señoría que otorgue este stay para brindar la posibilidad de iniciar negociaciones de buena fe entre Argentina y sus acreedores".