Grupo inversor compró deuda de Vicentin con bancos internacionales y será clave para el futuro de la empresa

Se abrió un nuevo capítulo en la larga y compleja historia de la empresa Vicentin, que entró en default en diciembre de 2019 y enfrenta un concurso de acreedores. Esta semana, el grupo inversor nacional CIMA anunció la adquisición de la deuda de la empresa con varios bancos internacionales, lo que lo transforma en el principal acreedor y un actor clave en el proceso judicial que lleva varios años.

La operación, concretada el 12 de noviembre y notificada formalmente en los tribunales el 17 de diciembre, implicó la compra de acreencias por poco más de u$s447 millones. Entre las entidades financieras involucradas se encuentran el IFC (u$s205,7 millones), el FMO (u$s122,3 millones), ING (u$s46,5 millones), Rabobank (u$s22,7 millones ), MUFG (u$s12,4 millones), SMBC (u$s12,3 millones) y Natixis (u$s9,9 millones). Fuentes del mercado estiman que CIMA pagó aproximadamente u$s70 millones por estas acreencias, lo que representa 11 centavos por cada dólar de deuda.

Vicentin: un grupo inversor compró parte de la deuda y se transformó en su principal acreedor

La empresa CIMA, en declaraciones posteriores a la adquisición de deuda, expresó su deseo de desbloquear el proceso judicial y buscar una solución que permita reactivar la compañía, que antes de su crisis era la principal agroexportadora de Argentina. "Estamos comprometidos a asegurar la continuidad de la empresa, proteger los empleos y contribuir al desarrollo del sector", afirmaron los representantes del grupo inversor.

Es relevante mencionar que CIMA se asoció con la corredora Grassi para esta operación, la cual lidera un grupo de acreedores insatisfechos con el plan de pagos propuesto y aprobado por una doble mayoría. Además, el estudio jurídico Casanova, Mattos & Salvatierra Abogados fue el encargado de diseñar la estrategia.

Desde Vicentin, el directorio aseguró que la compra de deuda por parte de CIMA no altera su estrategia para concluir el concurso preventivo. "Continuamos concentrados en lograr una solución que estabilice la empresa y garantice su operación continua", indicaron. Sin embargo, advirtieron que los retrasos en las decisiones judiciales impactan negativamente en su capacidad financiera. La empresa comunicó que ha agotado su liquidez para financiar las operaciones diarias y carece de recursos suficientes para enfrentar un posible "cramdown".

El "cramdown", un mecanismo previsto en la legislación argentina, permitiría a terceros presentar ofertas que compitan con el plan de pagos original de Vicentin y asumir el control operativo de la compañía. Este proceso está siendo evaluado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si homologa el plan presentado por la agroexportadora o permite esta alternativa.

Este movimiento estratégico por parte de CIMA redefine el panorama del concurso preventivo, generando incertidumbre y expectativas entre los diversos actores involucrados. La decisión de la Corte Suprema será crucial para determinar el futuro de Vicentin, que se encuentra en una situación crítica tanto judicial como financiera.