Choferes de colectivo amenazan con un paro, si no reciben aumento de sueldo

No importa quién gobierne, el conflicto en el transporte de colectivos parece una historia recurrente donde las soluciones llegan a fuerza de emparches. El nudo de la cuestión sigue siendo el bendito tema de los subsidios. La cuestión es que las partes involucradas —Estado, cámaras empresarias y el sindicato— tienen su parte de razón y su parte de culpa.

El viernes pasado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con paralizar el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), ante el atraso en el pago de los salarios y la imposibilidad de las patronales hacer frente al último aumento. A esto se suma la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC), completando un panorama de difícil resolución.

Choferes de colectivo lanzan paro, si no reciben suba de sueldo

Este lunes, la secretaría de Transporte convocó al sindicato y a los representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) con el propósito de garantizar el servicio.

El cónclave será a contrarreloj, ya que, si no hay una garantía de los empresarios para liquidar el nuevo incremento salarial y el aguinaldo, la UTA anunciará una huelga en el AMBA. El fracaso de la negociación puede profundizar la interna del gremio, donde la conducción de Roberto Fernández se ve afectada por decisiones de comisiones internas o agrupaciones que apliquen una huelga sorpresiva, paralizando determinadas líneas.

Después de pasar por el estado de alerta, amenaza de cese de tareas y la conciliación obligatoria, las cámaras y el sindicato firmaron a fines de octubre una paritaria con estos haberes:

• En noviembre, $1.140.000.
• En diciembre, $1.160.000.
• En enero, $1.200.000.

Gremios del transporte reclaman soluciones al Gobierno

Los empresarios revelaron que la secretaría de Transporte debía realizar una nueva estructura de costos, que reconozca la necesidad de aumentar sus gastos, pero el ministerio de Economía no autorizó una suba de los subsidios ni concedió un aumento en el boleto. Bajo este argumento, las cámaras admitieron que no pueden aplicar la mejora salarial acordada.

Explicaron que "la estructura de costos vigente que determina subsidios (70 por ciento de los ingresos de las empresas) fue publicada en el mes de septiembre (25/9/24), usando precios de insumos de julio, por lo que existe un desfase entre los costos imputados y los precios de mercado, máxime cuando la inflación registrada para el período fue del 15,5 por ciento", y admitieron que "pese a no haber fondos, firmamos la paritaria para evitar el paro" anunciado para el 31 de octubre porque "existía un compromiso de las autoridades en actualizar la estructura de costos".

Desde la UTA señalaron que "no nos concierne intervenir en la discusión entre las cámaras empresarias y el Estado, en referencia a la puja por la asignación de subsidios, y remarcaron que "existe un riesgo empresarial que deberá asumirse y ejercerse, en todo caso esas son las reglas del juego. El salario debe actualizarse como corresponde y cumplir el acuerdo salarial".

Subsidios: cuánto debe valer el boleto para cubrir los costos

Según los empresarios, "los estudios independientes estiman que el costo real por pasaje asciende a 1.300 pesos, mientras que el ingreso actual promedio es de 870 pesos". En un comunicado, las cámaras detallaron que los ingresos provenientes de tarifas y subsidios no han aumentado desde junio, mientras los costos siguen creciendo sostenidamente.

También apuntaron que el atraso en las compensaciones de la provincia de Buenos Aires ha agravado la situación de las líneas provinciales y comunales, comprometiendo aún más la operación normal de los servicios. Reiteraron que la reciente actualización paritaria, acordada para evitar un conflicto gremial, se realizó bajo parámetros de responsabilidad para no afectar a los usuarios ni al gasto estatal, con porcentajes incluso inferiores a la inflación.

Aseguraron que esta crisis no es atribuible al sector empresario, que ha respetado históricamente las normativas de actualización de costos tras acuerdos salariales. Para los empresarios, la solución pasa por un ajuste tarifario o un aumento de las compensaciones estatales, y señalaron que ninguna de estas alternativas ha sido implementada hasta el momento.

Por su parte, el gobierno plantea que esta es una situación heredada y pretende reformular los subsidios, que también sufrieron la "motosierra" del presidente Javier Milei. Como dijimos, las tres partes tienen algo de razón y una parte importante de culpa.