Cuál es el millonario negocio que surge con la reforma laboral de Javier Milei

Los intereses insólitos que se leen en las sentencias de los juicios laborales contra las Pymes y, en general, todo el sector productivo, coloca a la reforma laboral de la administración de Milei en entredicho y a los beneficiados por la industria del juicio laboral en grandes ganadores, convirtiéndose en uno de los sectores de la economía más pujantes de la Nación.

Y, esto es así, porque siguen apareciendo fallos que hay que leerlos dos y hasta tres veces para comprender si no se equivocaron los jueces a la hora de sentenciar. Desde un caso en una radio porteña que tuvo en contra un fallo laboral en primera instancia que la obligó a pagar 1.135% de interés, sentencia que fue apelada a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conformada por 10 tribunales ordenados en salas, que decidió elevar la tasa de interés desmesurada que venía impuesta por el juez de primera instancia, a la insólita cifra de 19.244%.

Reforma laboral e indemnizaciones: crece la industria del juicio laboral

O, una cadena de cafés porteña que deberá pagarle a una pastelera una indemnización de 140 millones de pesos, luego de trabajar seis años. El abogado penalista Sergio Castillo decía irónicamente "esto no pasa ni en el sueño más loco de un delincuente de guante blanco que prefiere purgar una condena penal de tres o cuatro años para cuando, al salir, encontrarse con un botín de 150 millones de pesos. Es muy extraño lo que sucede en el fuero laboral".

Y, el letrado penalista que tiene sus motivos para quejarse, pero por otras razones que van más allá de esta nota, se refiere al extraño momento de puja que existe entra los jueces de primera instancia laboral junto a los miembros de la Cámara de Apelaciones contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez más, la causa de este enorme descalabro que está sufriendo el sector productivo de manera real, por aquellos que tienen sentencias con costos disparatados, y, latente, por aquellos emprendedores que temen todos los días que les caiga una carta documento por temas laborales, es la inflación.

Durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández y, luego de los años de cuarentena por la pandemia de Covid-19, la inflación en los precios de los bienes y servicios fue constante y se desató a partir de octubre de 2022. En esos momentos de dinero que se derretía en los bolsillos de los argentinos, los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo decidieron emitir un acta (2764) que habilitó la posibilidad de capitalizar intereses todos los años, lo que llevó a fallar con montos imposibles de ser pagados por los sentenciados. 

Ante la difusión de este método, la Corte sentó jurisprudencia al anular el fallo Oliva que obligaba a pagarle a un trabajador de la constructora Coma casi 8.000% de intereses. Entre las razones de los jueces supremos se lee que "... la sentencia excedía cualquier parámetro razonable".

Frente a esta desautorización intervinieron los jueces de la Cámara laboral y elaboraron una salida a "la Lavagna" cuando intentó compensar a los ahorristas en dólares que habían creído en el sistema financiero local. Una nueva acta (2783) aplicaba una fórmula para indexar, CER 6% anual. No se sabe si se trato de una chicana para los jueces de la Corte o un mal cálculo de los peritos contables de los jueces de la Cámara de Apelaciones pero la cuenta final daba números altísimos e impagables al igual que en los casos anteriores.

La Corte intervinó por segunda vez y volvió a anular una sentencia judicial laboral. Esta vez dio marcha atrás con el fallo Lacuadra contra Direct TV.  Por el trabajador despedido en el año 2013, la empresa de comunicaciones fue obligada a pagar una indemnización con intereses cercanos al 20.000%. Nuevo tirón de orejas para los jueces de la Cámara, que ahora se toman su tiempo para elaborar un nuevo mecanismo reparador.

Mientras esto sucede, emprendedores, pequeños y medianos comerciantes y empresarios y, hasta compañías grandes, son rehenes de estas indecisiones del mundo judicial que ponen en entredicho las razones de la administración de Javier Milei para desregular el sector del trabajo y conseguir la recuperación de un mercado laboral anquilosado por regulaciones y fallos judiciales que amparan la industria del juicio.