Los 6 datos más impactantes del conflicto por la Ley de Financiamiento universitario que vetará Javier Milei

El viernes 13 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó en la madrugada la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei ya avisó que vetará, lo que en los últimos días  generó una gran polémica en la comunidad universitaria, que convocó a una marcha multitudinaria para este miércoles.

La ley aprobada prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. 

La misma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales"

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 que fue prorrogado por el Gobierno de Javier Milei, según la inflación acumulada ese año que fue del  211 % y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Qué costo fiscal implicaría para este año la Ley de Financiamiento Universitario

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La ley aprobada también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

En la ley se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

Fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios

De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.

Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $232.531,90.

Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.

Según lo aprobado la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

Auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios

Esta ley de financiamiento universitario prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN). 

De acuerdo a lo que explicó el secretario de Educación, Carlos Torrendell a iProfesional hay cierta opacidad en la información que el Gobierno recibe de las universidades públicas y que el Gobierno trabaja para mejorar esa información.

Entre esos datos se pueden destacar:

1. Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 que fueron  1.749.136, sólo el 40,6% era alumno regular
2. De ese total un 20 % que son unos 710.466 alumnos tenía 1 materia aprobada o menos.
3. Existen unos 671.372 alumnos que representan el 38,8 % del total de los que no se tiene información si están cursando o no alguna materia.
4. Los alumnos que aprueban solo dos materias por año mantienen la regularidad.
5. En los 10 últimos años el promedio de graduados por año llega a los 65.000 alumnos 
6. Entre el 2015 y el 2022 las universidades públicas no presentaron la certificación del 89 % del total de gastos realizados. 

"El presupuesto está dado parcialmente por la cantidad de alumnos en los orígenes de cada programa y de cada carrera, luego puede haber una dinámica, lamentablemente, que es la que nosotros criticamos en la que los recursos se empiezan a derivar más por negociaciones previas a nuestro Gobierno y explicó que "si uno analiza los números daría la impresión de que el financiamiento no es correcto".

Sobre este punto, Torrendell indicó a iProfesional que desde el Gobierno consideran que esta forma de financiar las universidades públicas no está vinculada con datos específicos, por lo que "genera una opacidad que no permite identificar bien cómo estamos invirtiendo los recursos para que haya equidad educativa". 

También habló de la posibilidad de un arancelamiento al expresar que "la mirada está expresada en el capítulo de educación de la Ley Bases, ahí lo que se propone es, respetando la autonomía universitaria, es que las universidades que lo decidan puedan cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Hoy está prohibido, entonces lo que queremos es darle libertad a las universidades para que, si lo consideran apropiado, puedan arancelar". 

Torrendell señaló a iProfesional ,que junto al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, están llevando adelante un trabajo de "minería de datos" para mejorar la distribución de recursos. "Los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes".

Tensión entre el Gobierno y las Universidades nacionales

Los datos proporcionados por Torrendell generaron un panorama tenso entre el Gobierno y las universidades, que saldrán a protestar frente al inminente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Frente a la posibilidad de una espiralización del conflicto social, el jueves pasado por la tarde el Poder Ejecutivo intentó, sin éxito, llegar a un consenso paritario con los gremios docentes universitarios.

El Gobierno ofreció una equiparación del 6,8% de aumento con los empleados estatales que integran el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), pero fue rechazado.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que se trata de un 0,14% del PBI para un sistema universitario que viene de sufrir una merma en las transferencias del 30% real entre diciembre y agosto.

Cuánto dinero asignó el Gobierno a las universidades nacionales, según el Presupuesto 2025

Según consta en el Proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones.

Desde el Gobierno sostienen que los 3,4 billones de pesos de diferencia son infinanciables. La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron "Incrementos de recomposición salarial diciembre 2023". Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de 1,7 billones de pesos. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.

En los ítems "Educación y Cultura" y "Salud", los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarle los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras que el presupuesto oficial llega a un subtotal de $3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da $5,8 billones.

Otra diferencia se explica porque el presupuesto de los rectores desarrolla un apartado de otros gastos en salud, educación, ciencia y técnica, y consolidaciones de distintas áreas

y programas, que suman unos $4159 millones.

Diferencias entre las partidas asignadas y solicitadas

Además, hay diferencias entre las partidas asignadas y solicitadas, en los distintos rubros. Así, por ejemplo, para las universidades de reciente creación, los rectores asignaron dos ítems del presupuesto que suman unos $14.592 millones. 

También hay diferencias en las asignaciones para el programa de investigadores universitarios (para los rectores, de $5119 millones; para el Ejecutivo de $3981 millones); en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar), de $450 millones para las instituciones y de $350 millones para el Ejecutivo; el fortalecimiento de actividades de extensión, demandan para las autoridades universitarias unos!$6210 millones y para el Gobierno $4830 millones; el gasto para Ciencia y Técnica prevé unos $10.158 millones en el presupuesto oficial, mientras que los rectores piden $13.060 millones; para los doctorados se asignaron $9016 millones y se pedían $12.420 millones; para los hospitales universitarios, se exigieron $61.921 millones y se dieron $54.830 millones, entre otros rubros.

En los anexos del Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por la administración nacional se pueden ver el detalle de las partidas asignadas a las distintas universidades. 

La de Buenos Aires (UBA) será la que reciba la mayor asignación: unos $657.951.600.636 luego le siguen la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.

En tanto, las cinco que menos partidas recibirán son: la Universidad de Madres de Plaza de Mayo ($2000 millones) y las del Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero ($800 millones cada una).

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.  Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios universitarios consideraron insuficientes todas las actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Luego, otorgaron un 7% de julio.

El porcentaje de aumento ofrecido fue definido en una reunión que el pasado martes en la Casa Rosada entre la ministra Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez.

Los sindicatos docentes rechazaron la propuesta. De esa reunión participaron los gremios Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fatun y FagDUT. También dos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las casas de estudio de todo el país.

"El rechazo no solo frustra un avance salarial histórico, sino que deja en evidencia los intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos", afirmó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado oficial.

La ministra Sandra Pettovello publicó en las últimas horas en la red social X: "El veto es total". El Gobierno está decidido a seguir exhibiendo dureza e ir a fondo con el ajuste fiscal, pese a que en las últimas semanas percibió una caída en las encuestas que miden el nivel de aprobación del oficialismo.