Sin solución: los 5 aspectos que preocupan del sistema previsional, luego del veto de Javier Milei

El Gobierno descartó públicamente el martes pasado la posibilidad de otorgar un incremento en el bono de $70.000 que reciben desde hace seis meses los casi 3 millones de jubilados de menores ingresos. Esto implica que más allá de la fórmula que se aplique para actualizar los haberes de los jubilados, en los próximos meses se profundizará la pérdida del poder adquisitivo que se observa en los últimos siete años.

En septiembre, y según se oficializó con la publicación del decreto 783 en el Boletín Oficial, el bono será de hasta $70.000 (igual que en los meses previos) y será percibido por quienes tienen un haber bruto de hasta $304.540 (ya incluido el reajuste mensual por inflación, de 4,03%).

Quienes tienen la mínima, de $234.540, recibirán $70.000, y quienes tienen un haber superior al mínimo y de hasta $304.540, percibirán un plus de un monto tal que se complete esa cifra.

Si bien el Presidente de la Nacion Javier Milei afirmó recientemente que en lo que va del año hubo un incremento del 10% y de casi un 6% en términos reales respecto a noviembre del 2023, ese argumento es válido si se considera que es parte de los considerandos del Decreto 782/2024 por el que el Poder Ejecutivo vetó la reforma que sancionó la oposición en el Congreso.  

Javier Milei manifestó que, "medido en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados voló"

Luego de realizar el veto total, el domingo pasado en una entrevista con LN+, Milei manifestó que "medido en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados voló". 

Pero como los jubilados ni cobran ni gastan en moneda extranjera, una comparación así para hablar de los ingresos de los jubilados no sería aplicable.

Hay que considerar que los jubilados gastan básicamente su paupérrimo ingreso en alimentos, remedios y gastos para la atención de la salud  que fue lo que más aumentó en el 2023 con una inflación que llegó al 240 % anual mientras esos productos y servicios subieron el doble de ese valor.

Los haberes previsionales del sistema de la Anses tuvieron en los primeros siete meses de este año, hasta julio un reajuste acumulado de 103,9%. 

Ese fue el aumento nominal para los jubilados y pensionados que no perciben bono. Estos, que están en el sistema contributivo, son alrededor de 3 millones de personas, aproximadamente la mitad.

Cae la capacidad de compra de los jubilados

Como entre enero y julio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue, según el Indec, de 87%, el poder de compra de los haberes sin bonos, medido contra el indicador oficial de inflación, que puede no reflejar la realidad, resultó en julio un 9% mayor al de diciembre, un mes en el cual los ingresos estaban en un nivel bajísimo. 

En ese último mes de 2023 la capacidad de compra de alguien con un haber actual de $600.000, por ejemplo, era un 43% inferior al de diciembre de 2019. Y si se compara el valor real de la prestación con el de septiembre de 2017, el deterioro llega al 51 por ciento. 

En ese sentido hay varios aspectos que se deben considerar a la hora de hacer un análisis sobre el presente y el futuro del sector más castigado de la población en los últimos 20 años que es el de los jubilados.

El secretario de la Tercera Edad Eugenio Semino explicó en LN + que las afirmaciones del Gobierno resultan imprecisas debido a que se toma solo la evolución de la jubilación mínima, pero no se tiene en cuenta el efecto de mantener el ese bono congelado desde marzo. 

"El universo de jubilados más vulnerables, que además es el más populoso, recibe menos ingresos desde que comenzó este Gobierno" explicó.

Además destacó que en los últimos siete años, se aplicaron cuatro fórmulas de movilidad jubilatoria, pero el haber mínimo acumuló hasta agosto de 2024 una caída de casi 26% en términos reales y los jubilados que cobran la máxima tuvieron una caída del 45 % en ese mismo período. 

El impacto negativo de la inflación

Por otra parte al analizar el impacto negativo de la inflación en los ingresos jubilatorios, según un estudio realizado por el economista  Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (lARAF) el poder adquisitivo de las jubilaciones tuvo una importante caída a partir del 2017 en el Gobierno de Mauricio Macri  y tocó en febrero pasado su mínimo en ese período, tras el impacto de las devaluaciones del peso que tuvieron lugar luego de las PASO de agosto y desde diciembre con el nuevo Gobierno.

En el caso del resto de los haberes que no contabilizan el bono, entre 2017 y febrero de 2024 la caída fue del 62% real, mientras que entre noviembre de 2023 y agosto de este año, la suba acumulada fue del 6% real y al no computar el bono la situación se agrava para los que no cobran la mínima.

La cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y mientras la inflación descienda, el haber real crecerá mes a mes, dada la fórmula de movilidad vigente en la actualidad", señala el estudio del IARAF.

En tanto los números que publica la secretaría de Hacienda sobre el resultado fiscal base caja, es decir lo efectivamente pagado por el Sector Público Nacional, reflejan el  fuerte recorte que tuvieron los jubilados como producto de la reducción del gasto público para lograr el déficit cero.

El gasto en jubilaciones y pensiones contributivas cayó 25 % en términos reales en los primeros siete meses del 2024

"El gasto en jubilaciones y pensiones contributivas cayó 25 % en términos reales durante los primeros siete meses del 2024 con respecto al mismo período del año pasado y el ajuste en esta partida representó unos 6,2 billones de pesos de una reducción del gasto público que realizó el gobierno en los primeros siete meses que llegó a los 22,5 billones" explicita el informe. 

A partir de estos números hay varias consideraciones para hacer.

1. el índice general de precios (IPC) para actualizar los haberes no refleja necesariamente el consumo de cada hogar ya que hay factores, como el aumento de alimentos, de tarifas de los servicios públicos y de los medicamentos, que afectan sensiblemente en estos meses a los jubilados.
2. los jubilados  que cobran el haber mínimo hoy de 305.000 pesos que incluye el bono de 70.000 pesos fueron los menos perjudicados en esta última etapa pero siguen aún por debajo de los paupérrimos valores que cobraban a fines de 2023.
3. el punto de partida para la comparación es un momento de ingresos muy bajos, dada la fuerte caída del poder de compra que se acumuló con especial intensidad entre 2020 y 2023.
4. la modalidad actual de actualizaciones (reajustes mensuales por IPC hace que se deje de perder poder de compra hacia adelante, pero efectiviza las pérdidas de los últimos años, que no fueron iguales para todos a causa de las políticas discrecionales del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
5. en relación a esto último, la ley aprobada por el Congreso y vetada por Milei no preveía ninguna reparación para esta situación.

Los números muestran que entre enero y septiembre el aumento de  los haberes jubilatorios acumula un 122%. 

Qué pasará con el ajuste de los haberes de los jubilados

Hay que destacar que en uno de los considerandos del decreto del veto se menciona que "la decisión de derogar la fórmula anterior y de disponer subas por inflación permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023". Pero los jubilados que cobran el  haber mínimo acumulan en los nueve meses del año un incremento nominal de 89,5% que es el  ingreso integrado por el haber y el bono de 70.000 pesos es inferior a la tasa de inflación del mismo periodo.

En estos casos, la pérdida de poder adquisitivo sería de 5,7% tomando como punto de partida diciembre y es una baja superior a la del período de enero a julio y esto se debe a que en los últimos meses, por el congelamiento del bono, la suba de ese ingreso quedó por del aumento de la inflación. Además los aumentos otorgados este año no se guiaron solo por la nueva modalidad establecida por el Gobierno en el DNU 274 ya que en enero y febrero los haberes se mantuvieron sin variación, en marzo llegó la primera recomposición, que fue de 27,18%, un índice que respondió a la aplicación de la fórmula de la ley 27.609, que quedó derogada en julio, tras un período de transición. 

Pero desde abril comenzaron a otorgarse subas mensuales según la inflación de dos meses atrás, y en ese mes en particular se dio un incremento extraordinario de 12,5%, que se adicionó al reajuste de 13,2% (equivalente a la inflación de febrero). A partir de allí se aplicaron recomposiciones del 11,01% en mayo, 8,83% en junio, 4,18% en julio, 4,58% en agosto y 4,02% en septiembre.

En tanto que esas fueron las subas de los haberes propiamente dichos, mientras que el bono solo tuvo un reajuste y fue en marzo, cuando pasó de $55.000  a 70.000 pesos. En el caso de quienes cobran la prestación máxima del sistema, este mes de $1.578.233  la pérdida acumulada desde septiembre de 2017 llega a 52,2% (en la diferencia con otros haberes influye la discrecionalidad de los reajustes de 2020 y la falta de bonos). Mientras que, al igual que para una jubilación del tramo medio, en lo que va de este año hay una recuperación de entre 9% y 10% (según se compare julio o septiembre contra diciembre de 2023).

El concepto de diferenciar según se tuvo o no se tuvo moratoria está en cabeza de los funcionarios. En ese aspecto el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo más de una vez que quienes aún no recuperaron el poder de compra de noviembre de 2023 son los jubilados de moratoria, en referencia a los del haber mínimo que cobran el bono, entre quienes. Pero, hay que destacar que según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de 90% de los jubilados  tuvo planes de pago y en ese grupo además hay personas que no aportaron y hay personas que reunieron más de 20 años de contribuciones, sin llegar a los 30 años que exige la ley.

Los deterioros acumulados en los últimos años son causa de reclamos en la Justicia. Según resume la abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero, "hoy están judicializados la movilidad del primer semestre de 2018 (cuando se hizo el empalme de una fórmula a otra); la falta de pago -en 2021 y tras levantarse la suspensión del cálculo que rigió en 2018 y 2019- de la diferencia entre los aumentos otorgados en 2020, de entre 24,3% y 35,3%, y el resultado de la movilidad suspendida, que fue de 42,1%, Y, finalmente, la insuficiente movilidad de 2022 y 2023"