Derrota dura y doble para Milei por las jubilaciones: los dos problemas que le genera al Gobierno

La modificación de la fórmula indexatoria de las jubilaciones que votó la oposición en el Senado supone varias derrotas para Javier Milei, tanto en el plano económico como en el político.

Lo más urgente -y lo que motivará el veto presidencial que Milei ya insinuó- es la puesta en riesgo del superávit fiscal. Porque la mejora retroactiva que impone el nuevo proyecto implica un gasto no previsto, y no es nada menor. Con un 35% del presupuesto total, el rubro jubilatorio es por lejos el de mayor peso en el gasto público.

Y lo cierto es que el mayor peso del superávit fiscal conseguido en el arranque del año solo se explica por el "efecto licuación" sobre el gasto jubilatorio: en medio de un contexto de alta inflación, el gobierno dejó que se siguiera aplicando la vieja fórmula, que siempre implicaba una pérdida real de las remuneraciones.

De hecho, en algunos meses, como febrero, el recorte del gasto jubilatorio llegó a tener un impactante recorte real de 38% en términos interanuales. Era una situación que había sido objetada hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, por lo inviable de su sustentabilidad política.

El argumento del gobierno, en aquel momento, era que la culpa no era suya, sino del gobierno anterior, que cambió la fórmula indexatoria -que ajustaba por inflación- para adoptar otra que vinculaba el pago jubilatorio con el nivel de recaudación impositiva de la Anses.

Era una situación cómoda desde el punto de vista político, porque le permitía al gobierno realizar un ajuste fiscal de magnitud sin asumir la responsabilidad directa. Y, cuando se planteó el cambio de fórmula, se lo implementó con el cuidado de no hacer retroactivos los aumentos, con lo cual no se pondría en riesgo el ahorro ya logrado en los meses del verano.

No por casualidad, el centro del nuevo proyecto opositor fue la disposición de un aumento excepcional de 8,1% por el mes de abril, que había quedado "desfasado" en el momento de cambio de la fórmula. De esa manera, argumenta la oposición, se les habrá restituido a los jubilados la suma perdida por el pico inflacionario de 20,5% registrado en enero.

Pero, además, el proyecto no se limita a esa retroactividad, sino que contempla una recomposición a futuro para las jubilaciones, porque prevé que en marzo de cada año hay un aumento adicional por el 50% de la variación salarial -medida por el índice RIPTE- si es que el salario tuvo una evolución superior a la inflación.

Pero eso no es todo: como además establece que un cambio de criterio para fijar la jubilación mínima -que de hecho es percibida por la gran mayoría de los beneficiarios del sistema-, habrá un salto significativo en la remuneración. Al fijarse como el equivalente de 1,09% de la canasta básica que mide el Indec para un individuo, esto significaría que automáticamente esa retribución tendría que mejorar un 9% respecto de su nivel actual.

El riesgo para la estrategia fiscal de Javier Milei con el aumento a jubilados

Se trata de un golpe en términos fiscales y también políticos. En cuanto a los números, el propio gobierno estimó que implicaría un 0,3% del PBI este año y un 0,4% para el año próximo. Para tener una referencia de lo grave que es este tema para el gobierno, se trata de una cifra similar a la que se espera recaudar por la reinstauración del impuesto a las Ganancias de los salarios altos.

Con Ganancias, el gobierno esperaba compensar la pérdida del impuesto PAIS, que en los últimos meses fue uno de los puntales de la recaudación tributaria, con un aporte del 7% del total de la masa de impuestos.

Es decir que, sin impuesto PAIS, y con un gasto jubilatorio mayor al previsto, la previsión de un superávit fiscal queda seriamente puesta en duda. Lo último que necesita el gobierno, justo cuando está negociando una asistencia financiera por parte del FMI y cuando intenta transmitir confianza al mercado para obtener una mejora en la cotización de los bonos de la deuda soberana.

La realidad es que, incluso sin este proyecto de la oposición, en el equipo de Toto Caputo ya estaban previendo que las jubilaciones empezaran a aumentar su peso dentro del gasto. Con el cambio en la fórmula indexatoria, aquella política de licuación tendría necesariamente su final: con un ajuste por el IPC pasado -con desfasaje de dos meses-, y en un contexto de inflación en caída, resulta inevitable que la masa jubilatoria comience a crecer en términos reales.

Tanto fue así que el propio Caputo, haciendo de la debilidad virtud, a partir de junio comenzó a jactarse de que el superávit fiscal se daba en simultáneo con una mejora en las jubilaciones y de la asistencia social. Un claro mensaje político dedicado a la oposición peronista.

"Superávit financiero logrado, además, atendiendo los más vulnerables. En 2023, déficit fiscal. Emisión monetaria y ajuste bestial en jubilaciones y AUH. En 2024, superávit financiero récord y con aumentos reales en jubilaciones y AUH", "canchereaba" el mes pasado el ministro en las redes sociales al anunciar su sexto superávit fiscal consecutivo.

El otro golpe al Gobierno: el costo político de Javier Milei

Es por eso que aparece, además del costo fiscal, un costo político: ahora el gobierno recibe un golpe en la línea de flotación de su "relato". Si Milei veta el proyecto, como todo indica que ocurrirá, entonces le dará tácitamente la razón a quienes afirmaban que el núcleo de su plan de ajuste era la rebaja de las jubilaciones por la vía de la licuación inflacionaria.

Pero si acepta las reformas de la oposición y devuelve a los jubilados los haberes perdidos durante el verano, entonces pondrá en riesgo el gran pilar de su plan económico: la credibilidad que ha generado en el mercado, su compromiso con el equilibrio de las cuentas fiscales.

Habría una tercera posibilidad, que sería una negociación con la oposición, de manera de aceptar una mejora jubilatoria, pero de menor monto que la aprobada por el Senado. Y luego, claro, tratar de compensar ese costo fiscal por la vía de nuevos recortes en otros rubros o de una mejora en la recaudación.

Es una ingeniería fiscal que, de momento, no luce muy factible, dado que el rubro jubilatorio es el de mayor significación del gasto, y todos los recortes ya aplicados en otros renglones -desde la paralización de la obra pública al congelamiento de la asistencia a las provincias- tienen un efecto marginal en comparación con lo que implican los siete millones de jubilados y pensionados que todos los meses se llevan más de un tercio de los recursos.

En definitiva, un efecto de este proyecto que impulsa la oposición será la evidencia de que, para ponerlo en términos de Milei, hubo un componente mucho mayor de "licuadora" que de "motosierra" en la consecución del superávit fiscal.