Buquebus y Colonia Express, enfrentados con Lacalle Pou por un impuesto que encarece los pasajes

Ni la diplomacia de negocios activada por Juan Carlos López Mena, de Buquebus, ni la ofensiva judicial de Sebastián Planas, de Colonia Express, lograron torcerle el brazo al ejecutivo uruguayo que cobrará un polémico gravamen de u$s2,10 más IVA a cada persona que ingrese o egrese de Uruguay por el Río de la Plata. 

Blindado en la Justicia de Uruguay, la pelea judicial de dos empresas de ferrys que compiten por trasladar pasajeros a las dos orillas del río "color de león", recibió un revés notable tras la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5 Turno, que desestimó la acción de amparo presentada por Colonia Express contra el Poder Ejecutivo ratificando así la desestimación de la demanda hecha en primera instancia. 

Buquebus y Colonia Express: se cierran los caminos en la Justicia

Los caminos se cierran en la justicia de Uruguay para las dos empresas y, a pesar que Buquebus de López Mena viene de realizar un anuncio para construir el ferry eléctrico más grande del mundo, que conectará Buenos Aires con Colonia del Sacramento, con una inversión de 107 millones de dólares, el "señor del charco" paso de considerar a Lacalle Pou como "una esperanza para el futuro de Uruguay", a ser el artífice de una maniobra de "ilegalidad brutal" contra su empresa. 

Precisamente, los contactos de la empresa en Colonia llevaron a que en esa ciudad, la Asociación Turística de Colonia, que conduce, Andrés Castellano, señalara que esta medida "impacta de forma negativa" en el turismo del departamento de Colonia, por ser el destino "que recibe estadías más cortas, con un fuerte porcentaje de ingresos por el día". 

En 2023, la terminal portuaria de Colonia del Sacramento movilizó 2.670.000 pasajeros y consolidó un nuevo récord de pasajeros que ingresaron y salieron del país, superando en un millón de personas el dato registrado en 2022. 

En Montevideo aseguran que la decisión impositiva es irreversible y la tasa se cobrará, lo que llevó al abogado de Buquebus, y también de Colonia Express, a realizar acciones judiciales.  

El abogado de Buquebus, Daniel Ochs, asegura que se trata de "una ilegalidad brutal" la medida del ejecutivo de Lacalle Pou porque crea una obligación por decreto y no por ley como establece el artículo 10 de la Constitución de Uruguay, además de no respetar el principio de igualdad de cargas públicas, ya que todos los puestos de control migratorio del país se financiarán con la tasa al turismo fluvial.  

El impacto de la tasa se dará directamente "sobre el pasaje, dado que las empresas navieras –Colonia Express y Buquebus– serán los agentes de retención". En Colonia, Castellano señaló que la medida "impactará alrededor de un 10% en el costo promedio de un pasaje", ya sea de ingreso o salida de la ciudad uruguaya, según consigno ladiaria.com.uy 

El origen del conflicto

En 2023 el Poder Ejecutivo promovió el llamado a licitación pública internacional para la contratación de un "servicio de instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay". El documento indica que el impuesto aportará a sostener el servicio de seguridad en los 43 puntos fronterizos del vecino país. 

"La única manera de sustentar esta decisión es que digan que las empresas de transporte fluvial tienen mayor capacidad contributiva, pero acá es al revés", explicó el abogado Daniel Ochs y puso un claro ejemplo: "La persona que vuela en clase ejecutiva a España no la paga, pero el que ingresa por el puerto de Colonia sí, pese a que las dos deben someterse al control migratorio". 

Acaso lo que más irrite a Buquebus no sea el cuidado del bolsillo de sus usuarios, sino que la medida de Lacalle Pou les impone un socio de prepo. La empresa adjudicataria de la licitación del sistema de control migratorio.  

Buquebus había impugnado el acto de llamado a licitación y, recientemente, realizó una segunda presentación contra la adjudicación del concurso público. "El Estado te pone un socio, porque te obliga a pagarle directamente a la empresa" que realiza el control, explicó el abogado de la compañía.  

La normativa del gobierno indica que, para el caso de los pasajeros de cruceros que ingresen o salgan de Uruguay, el cobro y la retención de la tasa quedará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque. La recaudación mensual de la tasa será retenida por ellas y luego "vertida a mes vencido al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado".  

Buquebus había ofrecido hacerlo gratis, a través de una donación, pero, en realidad se topó con una decisión que tuvo mucho de política de estado porque la iniciativa para licitar un nuevo sistema de control fronterizo surgió durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez del Frente Amplio. La compulsa fue realizada por Lacalle Pou del partido Nacional y fue adjudicada a la compañía mexicana Veridos.  

En realidad, Veridos México S.A. de C.V. es parte de un holding mayor de origen alemán. El grupo empresarial conformado por Giesecke-Devrient en conjunto con la Bundesdruckerei o la Imprenta Federal Alemana.  

Estos son los "nuevos socios" de López Mena en Buquebus, a instancias del gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, con el que sólo puede acumular problemas y rencores.