En cuánto tiempo se recupera la inversión en aislación térmica para pagar menos de luz y gas
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La quita progresiva de subsidios en energía eléctrica y gas natural llevó a la población en general a reconsiderar el uso responsable de esos servicios y a buscar opciones de ahorro y eficiencia, entre los que la incorporación de materiales que faciliten la aislación térmica de paredes, techos, pisos y aberturas figura entre las primeras medidas a adoptar.
Sin embargo, la falta de una adecuada información no permite a las familias avanzar en la adopción de reformas en la construcción, como ya ocurre en otros países, tanto por las ventajas en el ahorro en la factura de luz y gas para los usuarios como en la reducción de subsidios e importación de combustible para el Estado nacional.
En ese sentido, un análisis de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (ANDIMA) asegura que la utilización de recursos como lana de vidrio, poliuretano o poliestireno expandido (conocido en la Argentina por su denominación comercial "telgopor") así como la utilización de doble vidriado hermético para las ventanas, tienen una incidencia de sólo el 1,5% sobre el costo total de la construcción de una vivienda familiar.
Ese sobrecosto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta el impacto en ahorros que, bien analizados, pueden tener consecuencias que van más allá de un menor valor de la factura de luz y gas.
La inversión se recupera a partir de los cinco años con tarifas altas
Al respecto, los ingenieros Hernán Iglesias Furfaro y Leila Mora Iannelli junto a la arquitecta Gabriela Casabianca concluyeron que el período de recupero de la inversión necesaria para incorporar materiales de aislación térmica en la construcción de una vivienda "es a partir de los 7 años bajo un escenario de precio base de la energía y 5 años con un precio alto, dependiendo del tipo de techo, solución constructiva para la mejora del aislamiento térmico, nivel de subsidio y precio final de la energía".
Del trabajo realizado por los tres profesionales para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires con el patrocinio de ANDIMA surge una ecuación de fácil aprendizaje: a mayor precio de la energía (sea eléctrica o gas) menor es el tiempo de recupero de la inversión y viceversa.
La razón principal por la que no se le prestaba demasiada atención a la aislación térmica en tiempos de tarifas subsidiadas, pero que en la actualidad, con los cambios en los precios del servicio, cobra interés para las familias y gana un lugar preferencial en la agenda de la Secretaría de Energía.
Posible plan para financiar la compra de materiales
Por tal razón, el Gobierno nacional se encuentra analizando la posibilidad de lanzar un plan de financiamiento para la compra de materiales que ayuden a mejorar la eficiencia energética de las viviendas, con el doble propósito de mejorar las economías de las familias en particular y del país en general.
La medida ya fue anticipada a iProfesional por la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien a mediados de abril adelantó que en el área se está "trabajando muy arduamente para facilitar el acceso rápido al financiamiento, para avanzar con mayores medidas de eficiencia energética".
Por el momento, el tema sigue siendo objeto de análisis y se espera para el mediano plazo el lanzamiento de medidas de asistencia financiera (probablemente líneas de crédito) que en una primera etapa estarán a cargo del Banco Nación. Además de acercar los niveles tarifarios a los costos de explotación, la eliminación de los subsidios también incide en el uso racional de los recursos energéticos, en su mayor parte no renovables.
"Los subsidios en los últimos quince años costaron más de u$s200.000 millones, el equivalente a dos Planes Marshall a valores presentes, y luego de eso no quedó nada, más que muchas emisiones de CO2", acotó al respecto Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y miembro del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
En ese contexto, Gil agrega la cuestión ambiental a las de ahorro y eficiencia, un aspecto clave en el marco de los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París, que incluyen precisamente la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El ahorro que representa la aislación térmica es difícil de mensurar y varía según el tipo de material utilizado y las condiciones específicas de la vivienda (tanto en superficie como en ubicación y orientación geográfica), pero Iglesias, Iannelli y Casabianca realizaron una proyección a largo plazo. Suponiendo que de ahora en más todas las nuevas construcciones incorporasen un estándar mínimo equivalente al nivel B de aislamiento térmico, "resultaría al año 2041 en un ahorro de energía eléctrica a nivel país de 419.989 Mwh (equivalente al consumo anual de 128.519 viviendas) y un ahorro de gas natural de 6.416.951 Mwh (equivalente al consumo anual de 533.058 viviendas".
"Estos valores serían aún mayores en el caso de adoptar un estándar mínimo AB (valor medio entre las clases A y B de la norma IRAM 11.605), alcanzando al año 2041 un ahorro de energía eléctrica equivalente al consumo de anual de 150.095 viviendas y al de 721.104 viviendas para el caso de gas natural", ampliaron.}
Pero si el análisis toma en consideración un período de 50 años -vida útil de una vivienda promedio- los ahorros alcanzarían al equivalente al consumo de 306.802 viviendas en el caso de la energía eléctrica y de 1.272.516 casas para el gas natural. Nada menos que el equivalente al doble de la capacidad de generación de la central de Salto Grande en un año.
Asimismo, los profesionales estimaron que con un nivel AB de aislación térmica, el Estado se vería beneficiado con una reducción de subsidios en 20 años de hasta u$s104,5 millones, sin impacto adicional en las tarifas para los usuarios.
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La cuestión ambiental no pasó por alto en el análisis: con un nivel AB, se evitarían en 50 años emisiones de CO2 equivalentes a las de 1.600.000 vehículos, el 10% del parque automotor de la Argentina. De esa forma, se completa una serie de beneficios para la economía familiar, el equilibrio fiscal y el panorama ambiental, con una inversión para la que cada vez se requiere menos tiempos de recupero.