Buscan frenar los aumentos de julio en las prepagas con un proyecto para regular las cuotas

Ante la suba en los precios de las prepagas, que este mes volverán a estar liberados, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo de actualización de las cuotas, que contemple una combinación entre el índice RIPTE y el de la inflación.

Durante la última sesión en la Cámara de Diputados, la autora de la iniciativa, Luana Volnovich, advirtió que "en julio esta situación va a explotar" y "vamos a estar en la misma situación que en diciembre", cuando el Gobierno a través del DNU 70/23 desreguló el sector y los incrementos fueron tan fuertes que el Poder Ejecutivo, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, salió en abril a presentar una demanda contra las empresas.

La extitular de PAMI recordó que desde diciembre, cuando se emitió el decreto, las prepagas "aumentaron de forma descontrolada las cuotas", lo que "generó entre otras cosas un colapso judicial, con infinidad de denuncias y cautelares". Y, al mencionar en su discurso párrafos de la denuncia contra las prestadoras presentada por la gestión de Javier Milei, la legisladora enfatizó que el propio Gobierno reconoció cómo actúan estas empresas en escenarios desregulados.

"A partir del mes de julio, nuevamente nos van a poner de rehenes y a los argentinos en una situación muy complicada", insistió la opositora, que además recordó sobre su paso en la obra social de los jubilados: "Con la política de medicamentos gratis también financiábamos los medicamentos de los afiliados jubilados de prepagas. Estas empresas, cuando el PAMI era el que financiaba los medicamentos gratis eran muy keynesianos, pero ahora que lo que queremos es regular el valor de la cuota, las empresas se ponen muy liberales".

Respecto de los fallos judiciales que se sucedieron en los últimos meses, Volnovich subrayó que en todos ellos los jueces "dicen que la salud es un derecho humano, que el Estado tiene la responsabilidad sobre ese derecho y que hay que tener marcos de previsibilidad y razonabilidad para los aumentos". "Pero no corresponde al Poder Judicial, como lo viene haciendo, decir cuánto debe valer la medicina prepaga, corresponde al Estado. Y como el Ejecutivo no lo quiere hacer, lo tenemos que hacer los diputados", aseveró.

"Esta bomba va a explotar para seis millones de argentinos que no van a poder enfrentar la medicina prepaga", reiteró en su discurso y reclamó empezar pronto con el debate, al recordar que también hay un proyecto presentado por el radical Martín Tetaz. Ese texto propone directamente derogar los artículos del DNU 70/23 por los cuales se liberaron a las prepagas a aumentar sus precios sin límite.

Quieren que las cuotas de las prepagas aumenten según la inflación

El proyecto presentado por Volnovich tiene por objeto "establecer un mecanismo de actualización mensual de las cuotas de los planes prestacionales de las empresas de medicina prepaga, sean estas establecidas directamente a través de planes de adhesión voluntaria o de los planes superadores o complementarios por mayores servicios que ofrezcan otros agentes del Seguro de Salud contemplados en la Ley 26.668, incluidos los planes con derivación de aportes obligatorios del sistema de obras sociales".

De acuerdo al texto, "solo podrá admitirse como máximo aumento mensual" el derivado de una fórmula conformada por el 60% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el 40% en las variaciones del IPC publicado por el INDEC.

En los argumentos, la diputada de Unión por la Patria señaló que a consecuencia del fallo judicial, que hizo lugar a la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud, "las empresas de medicina prepaga acordaron con el Gobierno a fines de mayo la devolución de los montos cobrados en exceso por encima del IPC de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024 tomando para cada uno de los meses el IPC correspondiente al mes anterior".

"Sin embargo, por la cláusula tercera se habilita -a partir de la cuota correspondiente al mes de julio de 2024- a que las cuotas de las personas afiliadas se ajusten libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas", apuntó.

Los fundamentos expresan que con la propuesta se "pretende armonizar -en un delicado equilibrio- una regulación que no desfinancie ni destruya el sistema de salud y su estructura de costos con el derecho de los usuarios de abonar una cuota justa que le permita acceder a las prestaciones, siendo estos el eslabón más débil de la relación contractual, ya que lo que se pone en riego es el derecho a la salud".

"Es imposible negar el hecho que las empresas de medicina prepaga constituyen un mercado concentrado, lo cual facilita la coordinación de los principales agentes para la obtención de rentas extraordinarias, atentando contra la productividad de la economía y una eficiente asignación de recursos. De hecho, esto fue el objeto de la demanda promovida por el Gobierno nacional", agregó.

Un control a las prepagas desde una bicameral del Congreso

Otro de los puntos del proyecto es que prevé la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de la Medicina Prepaga, regulada por la Ley 26.682, la cual "tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio". Las empresas deberán informar a la comisión de manera mensual sobre los aumentos de las cuotas y/o modificaciones en los planes prestacionales, o cualquier otra documentación que la bicameral solicite. "Los planes prestacionales en ningún caso podrán ser modificados unilateralmente con carácter regresivo", establece.

En la iniciativa -que también lleva la firma de los diputados Pablo Yedlin, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz, Vanesa Siley, Paula Penacca y Eduardo Valdés- se considera que "es necesario crear una instancia en el ámbito del Poder Legislativo que bregue por la protección de los usuarios".

Esta comisión también estaría facultada para convocar a representantes de las empresas, funcionarios públicos relacionados con la materia y "a toda otra persona humana, con el objetivo de recibir informes sobre la materia". Por otro lado, la bicameral se reuniría periódicamente y trabajaría en forma coordinada con la Auditoría General de la Nación.