El Gobierno oficializó otro aumento para la Tarjeta Alimentar: estos son los nuevos montos para junio

El Gobierno nacional oicializó un nuevo aumento para la Tarjeta Alimentar, una medida que busca ajustar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables en un contexto inflacionario complejo. La resolución 181/2024, publicada en el Boletín Oficial, establece los nuevos valores de la asignación, que se incrementarán a partir de junio.

Según la normativa, el aumento responde a la necesidad de compensar la pérdida del poder de compra debido a la inflación y el incremento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en los últimos meses. Los montos varían según la cantidad de hijos en cada familia. Para quienes tienen un hijo de 0 a 14 años y reciben la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, Asignación por Embarazo o Pensión para madre de siete o más hijos, el monto será de $52.250, comparado con los $48.125 de mayo. Aquellos con dos hijos en el mismo rango de edad recibirán $81.936, frente a los $75.468 del mes anterior, y las familias con tres o más hijos percibirán $108.062, en lugar de los $99.537 previos.

La resolución subraya que el objetivo del programa es "garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social". Asimismo, aclara que este dinero no remunerativo está destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos.

Aumento para la Tarjeta Alimentar: desde cuándo estará vigente

El aumento comenzará a reflejarse en los pagos de junio y se suma a otros tres incrementos dispuestos por el Ejecutivo desde el inicio del actual gobierno. El primer aumento se implementó en diciembre, coincidiendo con una devaluación y un ajuste del 50% en el monto de la tarjeta. En esa ocasión, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó varias medidas de emergencia, entre las cuales se incluyó este aumento, junto con la devaluación del dólar oficial, el recorte de la obra pública y la suspensión de la pauta oficial en medios de comunicación, entre otras.

Caputo explicó que estas medidas, aunque necesarias para la estabilización económica, causarían una aceleración inflacionaria a corto plazo, por lo que se decidió incrementar el gasto social en políticas de asistencia vigentes como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. "Vamos a duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar", declaró Caputo en un video, afirmando que estas acciones fortalecerían los programas de ayuda directa a las personas más necesitadas.

El aumento comenzará a reflejarse en los pagos de junio y se suma a otros tres incrementos dispuestos por el Ejecutivo desde el inicio del actual gobierno

Posteriormente, en enero, se duplicaron los valores de la Tarjeta Alimentar, lo que permitió a las familias en situación de vulnerabilidad recibir $44.000, $69.000 y $91.000, según la cantidad de hijos. En abril, se oficializaron los montos que se cobraron en mayo, que son los que estaban vigentes hasta la reciente publicación de la resolución.

El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita mensualmente en la cuenta del beneficiario en la que se paga la AUH. La asignación es automática, basada en un cruce de datos entre Anses y AUH, lo que significa que no depende de ninguna organización social o municipalidad para su distribución.

Este ajuste en la Tarjeta Alimentar es una de las varias estrategias del gobierno para enfrentar la inflación y sus impactos en los sectores más vulnerables. La actualización periódica de estos montos es crucial para mantener la capacidad de compra de las familias que dependen de estas asignaciones, especialmente en un contexto de continua inflación y aumento de precios de los bienes básicos.

La inflación en Argentina ha sido un desafío constante, con efectos significativos en el costo de vida y la capacidad adquisitiva de la población. Medidas como el ajuste de la Tarjeta Alimentar son parte de una política más amplia de protección social que intenta mitigar los efectos adversos de la economía sobre los grupos más vulnerables. La implementación de estas medidas refleja un intento de balancear las necesidades urgentes de la población con las limitaciones fiscales y económicas del país.