Para evitar la crisis y el déficit, Caputo ofreció pagar a empresas energéticas con un bono, pero lo rechazaron
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En medio de las tensiones por los recortes del gasto y la motosierra, el ministro Luis Caputo recibió este jueves a las empresas generadoras de energía eléctrica y productoras de gas y les ofreció un pago de 600 millones de dólares con un bono a 2038, pero la mayoría de las compañías no lo aceptaron un continuarán negociando.
La oferta fue por la deuda generada durante la gestión de Javier Milei, entre diciembre y enero últimos, y no por los meses de octubre y noviembre de 2023, ni por febrero de 2024, por cuanto este mes se contabilizaría como nuevo flujo de pagos.
Caputo ofreció a empresas energéticas pagar con un bono
Las empresas generadoras de energía eléctrica consideraron "inaceptable" la oferta, por cuanto reclaman 1.300 millones de dólares, mientras que las petroleras productoras de gas, como YPF y PAE, se mostraron proclives a aceptar el bono dado que la deuda de 900 millones de dólares incide menos en el negocio global de esas compañías.
Pampa Energía y AES informaron previo a esta oferta a la CNV que a mediano plazo se complicaría su situación financiera.
Se utilizaría para esta operación el bono AE38, que vence en 2038, por $600.000 millones y sin intereses, con una tasa interna de retorno del 17%. También ofreció un bono dollar linked a 2 años, con una quita del 50%.
El AE38 cotiza a 53,30 dólares, pero Caputo espera que llegue a u$s80 y baje el riesgo país, con lo cual disminuiría la quita con el bono con alta liquidez.
Del encuentro participaron los directivos de YPF, Pampa Energía Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Total Energies, Compañía General de Combustibles (CGC), AES, Central Puerto, Genneia, MSU, Albanesi y Capsa, entre otros.
Por deuda de Cammesa, la crisis energética es inminente
Ahora los productores de gas y generadores de energía también tienen dudas acerca de los pagos de la energía en de febrero, marzo y abril, a pagarse a partir del 10 de mayo. Analistas energéticos del sector temen una fuerte crisis energética por falta de generación de energía eléctrica por falta de pago por parte del Estado.
Por otro lado, existe el riesgo de que muchas empresas invoquen inseguridad jurídica e inicien juicios en tribunales internacionales, porque pueden hacer valer sus contratos.
En el caso de la energía eléctrica, la deuda la mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que es la mayorista que compra la energía a las generadoras y la vende a las distribuidoras, que por otra parte mantienen una deuda por la falta de pago de miles de usuarios por los aumentos en las boletas. Además, las distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap, le reclaman al Gobierno una deuda por los congelamientos de tarifas que oscila también en los 2 billones de pesos.
Con las productoras de gas, la deuda es de u$s900 millones en concepto de Plan Gas y se empezó a acumular a mediados de 2022. Las grandes empresas eléctricas se fondean con préstamos de bancos internacionales y esta semana las empresas Pampa Energía y la multinacional estadounidense AES informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su situación. Pampa Energía señaló que el Estado le debe $133.191 millones. AES en cambio reclamó obligaciones por $ 37.483 millones. Las empresas aseguraron que por ahora no tienen problemas de liquidez pero que si las deudas se prolongan podrían tenerlos.
Cammesa opera como intermediario: compra el gas a las petroleras y a Enarsa (importaciones); lo revende a las generadoras de energía eléctrica; le vuelve a comprar la energía y revende la electricidad a las distribuidoras.
La empresa mayorista obtiene sus ingresos por el pago de la energía de las distribuidoras Edenor, Edesur y otras, mediante el pago de usuarios, y por los subsidios que aporta el Estado para economizar la tarifa a los usuarios.
Cuando el Gobierno de Milei decidió eliminar los subsidios, las distribuidoras no tenían las tarifas que declaraban necesitar y acumularon deudas con Cammesa por $922.298 millones. Edenor y Edesur reclaman al Gobierno incumplir el contrato de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021 con congelamientos de tarifas, por lo que exigen una deuda cercana a los $ 2 billones, lo cual incrementaría aún más el déficit fiscal en caso de pagarse.