Milei celebró el superávit fiscal, pero no pagó luz, gas ni obras públicas: se asoma una inédita crisis energética
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El superávit anunciado por Javier Milei el lunes último se obtuvo sin pagar la luz, el gas y las obras públicas. El problema viene de arrastre del gobierno de Alberto Fernández, pero si el Tesoro pagara por esos compromisos, que adeuda, el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 (de $1,13 billones, el 0,2% del PBI), anunciado por el Presidente, se convertiría en el acto en déficit fiscal de 1,02 billones, el 0,18% del producto.
Así lo pudo confirmar iProfesional de fuentes oficiales y del sector privado. "Milei está diciendo que el padre de familia se hizo rico en tres meses, pero dejó de pagar la luz, el gas y la tarjeta de crédito", señaló un empresario vinculado al sector de las empresas generadoras de energía.
Milei anunció superávit fiscal: ¿qué debió sacrificar?
El lunes último, con bombos y platillos, Milei convocó a un anuncio por cadena nacional para comunicar que en sus primeros cuatro meses de gobierno logró un superávit de $1,13 billones en el primer trimestre de 2024 y en tiempo record redujo 5 puntos del PBI. También dijo que en marzo último logró un superávit financiero, luego del pago de intereses, de 276 mil millones de pesos.
Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza aseguraron a iProfesional que Milei comenzó a barrer la basura debajo de la alfombra, porque que no anunció que el Tesoro tiene que pagar aún 2.200 millones de dólares a las empresas generadoras que abastecen de energía y a las petroleras que producen el gas que llega mediante las distribuidoras.
Pero además, fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción aseguraron que el Tesoro también le debe 220 millones de dólares a las empresas contratistas de obras públicas a las que Milei dejó de pagarles desde que asumió y cuyas facturaciones ya venían retrasadas en la gestión de Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa.
Así las cosas, la deuda total del Tesoro nacional por servicios que usó -pero no pagó- supera los 2.420 millones de dólares, algo así como 2,15 billones de pesos.
"El superávit fiscal que anunció Milei es ficticio y trae aparejado un riesgo grande de que haya una inédita crisis energética", dijo un analista de la energía.
Si el superávit anunciado por Milei para el primer trimestre de 2024 fue de $1,13 billones, el 0,2% del PBI, el pago efectivo de la luz, el gas y las obras públicas demoradas sería de 2,15 billones lo cual configuraría un déficit fiscal de 1,02 billones trimestral, lo cual equivale al 0,18% del PBI.
Por otra parte, sin embargo, el Estado tiene por cobrar de las distribuidoras de energía eléctrica 370 mil millones de pesos por la mora en el pago de los usuarios, que las distribuidoras se la transfieren a Cammesa, la empresa mayorista estatal.
Si el fisco pudiera recuperar esa deuda de las distribuidoras el déficit se reduciría a $ 650 mil millones, un 0,11% del PBI.
En el Gobierno, los voceros del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, no respondieron a las preguntas de iProfesional sobre si la deuda de la mayorista Cammesa con las generadoras de energía eléctrica y del Tesoro con las productoras de gas estaban incluidas en el anuncio de Milei y si había una solución para cumplir ese compromiso.
"Todo el análisis y el cálculo del déficit y superávit fiscal es base caja, es decir pagado. No se estima sobre lo devengado, porque de ese modo se debería consignar que hay una deuda flotante, devengada y no pagada", dijo el analista de presupuesto Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Luz, gas, obra pública y jubilados: los recortes para llegar al superávit
En un estudio adelantado el pasado miércoles por este medio, Argañaraz consignó que la reducción del gasto anunciada por Milei, por caso, se explicaba en parte por la baja del 35% de jubilaciones en términos reales entre el primer trimestre de 2024 y de 2023, descontada la inflación.
La reducción del gasto también tuvo otros componentes que afectan a las clases medias como las inversiones reales directas en un 15%, las transferencias a provincias en un 13%, los subsidios a la energía en un 9% y los salarios en un 7%, todos rubros que afectan el ingreso de la clase media y no a la casta como aseguró el Presidente.
Ahora, en el ministerio de Economía y la secretaría de Energía se analiza cubrir la deuda con las generadoras de energía y con las petroleras productoras de gas con un bono o con un plan de pagos. Pero según especialistas, esto podría generar una crisis energética por falta de suministro.
Así lo expresaron con preocupación a iProfesional los ex secretarios de Energía, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Emilio Apud, que transmitieron la preocupación del sector.
"Es correcto. Cammesa les debe a los generadores y el Estado Nacional les debe a los productores de gas por el subsidio al gas domiciliario", dijo Montamat. "Sí se podría pagar a través de un bono para patear la deuda al futuro", aseguró.
Por su parte, Lapeña dijo que "todo indica que le van a pagar con un bono, un pagaré, pero no cierra, esto obliga a repensar todo, la idea de pagar con un bono y en cuanto tiempo, como se descuenta y si ese bono no fuera honrado, lo primero que harían las generadoras es dejar de generar y eso generaría un caos social sin precedentes".
En el mismo sentido Apud dijo que "lo que tienen que hacer es estabilizar el flujo de los pagos, de ahora en adelante: o lo pone el Estado o los usuarios eliminando los subsidios; pero en cuanto al stock de deuda, lo tiene que negociar el Estado con las empresas porque podría haber desabastecimiento porque si las petroleras no producen el gas o las generadoras no producen electricidad puede haber problemas".
Las deudas cruzadas entre el Estado nacional y las provincias son asi: las generadoras eléctricas y petroleras presionan para que Cammesa, el Gobierno, cumpla la deuda de u$s2.200 millones, pero al mismo tiempo las distribuidoras como Edenor y Edesur acumulan otra deuda con CAMMESA: la primera debía a febrero $187.300 millones, y la segunda $ 112.300 millones.
La mayorista Cammesa debe u$s1.300 millones de la producción de energía eléctrica y el Tesoro otros u$s900 millones por el gas natural. Para esa deuda, Caputo analiza emitir un bono a mediano plazo.
El problema es complejo, porque las grandes firmas tomaron deuda respaldada en esos contratos. Si no se pagan caerán las inversiones y crecerá el riesgo crediticio de generadoras y petroleras. La realidad es que Cammesa opera como un intermediario: le cobra la energía a las distribuidoras Edenor y Edesur, por caso, pero ante la falta de pago de usuarios estas van acumulando deuda con el Estado.
Ese pago debería ser la fuente de financiamiento a sus proveedores: generadoras eléctricas, petroleras que producen localmente el gas natural para las centrales térmicas y Enarsa, que distribuye el gas importado.
Milei amenaza con embargar cuentas a empresas de energía
Milei ordenó en estos días ejecutar las deudas de las distribuidoras de energía y cooperativas provinciales de más de $1.000 millones y amenazó con embargar sus cuentas. Se abre un foco de tensión con empresas de Buenos Aires y Chubut, que deben entre 25 y 42 meses.
El propio Estado arrastra desde 2022 una deuda con las petroleras por el Plan Gas. Las generadoras eléctricas son YPF Luz, Pampa Energía (Marcelo Mindlin), Central Puerto, AES -Estados Unidos- y Enel -Italia-, Albanesi (Armando Loson) y MSU (Manuel Santos Uribelarrea).
Los productores de gas son YPF, Pampa Energía, Tecpetrol (Paolo Rocca), Total Austral -Francia- y Wintershall Dea -Alemania-, Pan American Energy (PAE) y la Compañía General de Combustibles (CGC, de Eduardo Eurnekian).
Los distribuidores de energía, que llegan con la luz eléctrica a los domicilios, empresas y hogares, son Edenor (Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), con una deuda de $187.343 millones; Edesur (italiana Enel), con $ 112.331 millones; las bonaerenses Edelap, Edes, Eden, Edea y la salteña Edesa, con $131.950 millones.
En forma simultánea, estas distribuidoras reclaman al Estado por deudas regulatorias de congelamiento de tarifas de casi $2 billones entre Edesur y Edenor. Si tienen éxito en su reclamo, eso ampliaría aún más el rojo fiscal que el Presidente encubrió con su relato celebratorio.