Fuerte ola de despidos: el Gobierno cerrará otros dos organismos públicos y echará a 900 empleados
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El Gobierno confirmó que cerrará otros dos organismos estatales, con lo que habrá una nueva ola de despidos, ya que 900 empleados públicos se quedarán sin trabajo. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
El funcionario ratificó que esta resolución se tomó después de haber revisado "datos calamitosos, profundamente desoladores" sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados.
"Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos", subrayó al respecto.
El vocero presidencial alertó sobre "la fiesta que había del gasto público" y planteó que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político".
Además, advirtió que se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. "La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo", concluyó.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) fue creado a través del Decreto 729/2022 en el gobierno de Alberto Fernández a finales de 2022. Se trata de un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
La decisión de cerrarlo se da a solo unas de la denuncia del Gobierno contra el dirigente, a quien acusan de "fraude a la administración pública". Esta denuncia fue presentada por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tras detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como "juez y parte" a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.
La denuncia de Capital Humano contra Emilio Pérsico
Según informaron, el Ministerio de Capital Humano "tomó conocimiento recientemente (y luego de realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de la política anti-corrupción del presente gobierno), de la condena firme existente en la Oficina Anticorrupción impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023 (antes del cambio de Gobierno) al piquetero Emilio Persico, presidente de Federación de Cooperativas de Trabajo 'Evita LTDA' y socio de la Cooperativa de Trabajo La Patriada, por violar la ley de ética pública".
"En dicho expediente administrativo la Oficina Anticorrupción, había condenado a Persico por intervenir como 'juez y parte' en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, aprovechando su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado", destacaron desde la cartera conducida por Pettovello.
"A raíz del descubrimiento de dicha condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y en distintos organismos estatales, el Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público, ya que su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados", agregan desde Capital Humano.
Cuál era el rol de Pérsico en el Gobierno anterior
Según explicaron desde el ministerio que conduce Pettovello, "la Secretaría de Economía Social que encabezó Pérsico, ejercía la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, "todos ellos atinentes a los Convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo".
"Es decir, que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento –y por ende con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del señor Pérsico", detallaron.
"Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés. Por lo expuesto, se indica que los fondos del Estado, controlados por el Sr. Pérsico, eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó –forma- parte y estaba estrechamente vinculado", agregaron.
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Y concluyeron: "Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública".