La inflación de alimentos ya acumula un 7% en el mes y se complica el objetivo de que el IPC baje en marzo
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Los últimos relevamientos de precios permiten entender mejor por qué Toto Caputo lanzó su ofensiva contra fabricantes de alimentos y cadenas supermercadistas: el panorama no pinta bien para marzo, que podría terminar con un IPC mayor que el de febrero.
Uno de los indicadores más seguidos por el mercado, el de inflación de canasta alimenticia de la consultora LCG, midió para la segunda semana marca un 3,3% de aumentos, con lo cual se acumula en el mes un 7% de inflación. En febrero, a esta altura, se había acumulado un 7,5% y en enero un 8%.
Sin embargo, esa mínima caída que se registra mes a mes no alcanza para traer alivio al gobierno. El rubro alimentos, que de por sí es el más sensible desde el punto de vista social, adquiere ahora una importancia especial, porque en marzo ya empezará a sentirse con más fuerza el incremento de los precios en los servicios públicos.
Y con las tarifas empujando el índice general al alza, lo que Caputo necesita es que el rubro alimentos haga de "contrapeso" con un número mucho más bajo que el promedio de los otros precios.
En enero, los alimentos habían subido un 20,4% -es decir, apenas dos décimas debajo del IPC- mientras que en febrero subieron un 11,9%. Si el gobierno quiere que en marzo continúe la escalera descendente y, por lo tanto, que la inflación del mes se ubique debajo del 13,2% registrada en febrero, se requiere que el rubro de alimentos tenga un número mucho más bajo, de un dígito.
Y con aumentos de 7% acumulados en lo que va del mes, ese objetivo luce muy difícil de cumplir. Suponiendo que la segunda parte de marzo registre aumentos similares a los de febrero, entonces el número del rubro de alimentos para todo el mes se ubicaría en torno de 11,4%. Con lo cual, el IPC, que va a estar impulsado por las tarifas y precios de servicios, podría rondar el 14%, según lo que están proyectando la mayoría de las consultoras.
El rubro de precios regulados, que en febrero tuvo una variación de 21,1%, podría tener en marzo una incidencia mayor como consecuencia de las primeras actualizaciones tarifarias.
Canasta de pobreza versus el IPC
Hay, además, otro número que el gobierno mira con lupa: en un momento en que la licuación inflacionaria redujo los ingresos en términos reales, hay una preocupación especial por no agravar los niveles de pobreza e indigencia.
Precisamente, acaba de conocerse el relevamiento de la Universidad Di Tella, que marca para febrero un aumento de cinco puntos en la pobreza respecto de la anterior medición de noviembre. No fue una sorpresa, naturalmente, tras el 71% de inflación acumulado en ese período. En total, la medición de pobreza da un 46,3% para el semestre móvil.
El gobierno no sólo tiene la urgencia de mejorar esa situación para garantizarse la paz social y estabilidad política, sino que, además, el pedido de que los más vulnerables dejen de ser la variable del ajuste ya pasó a ser un tema de presión de una amplia variedad de instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Vaticano.
La canasta alimentaria, también conocida como de indigencia, que mide lo mínimo que hay que consumir para tener una dieta saludable, se ubicó en $104.000 para una persona (una cifra bastante aproximada al salario mínimo actual). Y para una familia tipo de dos adultos y dos menores, quedó valuada en $322.000.
Esta canasta, en febrero, tuvo una variación de 13,1 por ciento. Casi igual que el IPC, lo cual no termina de ser un alivio, después que en diciembre, con un 30 por ciento, se ubicó bien por encima de la inflación promedio.
Peor es la situación de la canasta básica, la que marca el límite de la pobreza -que está en $223.000 para una persona, o en $690.000 para una familia de cuatro integrantes-. En este caso, la inflación medida en febrero fue de 15,8%, es decir 2,6 puntos porcentuales encima del IPC. Y un dato que deja permite avizorar el empeoramiento en la incidencia de la pobreza.
El desvío del discurso libertario
Fue con estos números en mente que Caputo se salió del libreto libertario para reprender a los empresarios por sus políticas de precios y sus estrategias comerciales.
Así lo explicó en la conferencia anual de American Chamber: "Los productores reconocieron que ‘pricearon' imaginando un escenario caótico que no sucedió. Su respuesta a mi pedido fue: 'Vamos a bajar precios'. Hay precios de la canasta básica que no pueden estar ahí. Uno está contando que este modelo es mejor que otro, sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y se da cuenta de que las cosas salen más 50% que en Estados Unidos y dice ‘guau, ¿este es el modelo?’".
Para un gobierno liberal, que se jacta de su respeto por la libre iniciativa del sector privado, este tipo de planteos es considerado una contradicción en sí misma. Y la situación derivó en todo tipo de comentarios irónicos.
Por caso, Roberto Feletti, ex secretario de Comercio durante la gestión de Alberto Fernández, escribió en las redes sociales: "El gobierno de Milei y Caputo descubre las bondades de las regulaciones en los bienes de consumo masivo. ¡Bienvenidos!".
Pero no fue un mensaje exento de crítica, porque marca la diferencia entre el tipo de intervencionismo del peronismo y el de Milei: "Los gobiernos peronistas lo hacemos como parte de una política de ingresos, garantizando además mercado y demanda. Ustedes lo hacen desesperados ante la caída sin precedentes en los niveles de compra, producto de las medidas económicas que ustedes mismos implementaron".
En el otro extremo del arco ideológico, Roberto Cachanosky, que se define como liberal pero se ha mostrado muy crítico de la gestión Milei, también criticó el intento del gobierno por interferir en las políticas de precios de los supermercados.
"Los descuentos y promociones son precios de mercado y siempre existieron, incluso en la era K. ¿Ahora también vamos a cuestionar los precios de mercado para tratar de zafar de la alta inflación?", escribió en la red social X.
Importaciones, ¿apertura o amenaza?
Lo cierto es que la invitación a moderar aumentos y a dejar de lado la estrategia de promociones no parece haber generado confianza en el mercado. Los expertos en consumo masivo minimizaron el impacto de esta medida, al recordar que la incidencia de los supermercados es minoritaria en los productos alimenticios, donde tiene mucho más protagonismo el canal comercial barrial, como las carnicerías, las verdulerías y los autoservicios "chinos".
Puesto en cifras, los supermercados no llegan a comercializar el 30% de las ventas de alimentos.
De hecho, ni siquiera en el propio gobierno ha dado señales de esperar un cambio importante, y por eso anunció la política de apertura importadora. Pero con el correr de los días también este tema ha dejado una nota de escepticismo.
Después de todo, para algunos alimentos y para medicamentos, ya estaba vigente el acceso preferencial a las divisas del Banco Central -que mantienen su esquema de pagos escalonados para el resto de los rubros de importación-. De manera que el cambio real es la exoneración impositiva, un dato que los expertos en comercio exterior consideraron de incidencia menor.
La decisión del gobierno ha generado la primera fisura con la Unión Industrial Argentina, que se quejó de un trato desigual para los productores nacionales, a la hora de importar insumos.
Hasta un referente del apoyo empresario al gobierno, como Gustavo Lazzari, se mostró crítico: "En este caso me hizo ruido porque debió de haber sido primero para poder fabricar mejor, más barato y a precios internacionales, para poder suministrar productos a precios competitivos. Hoy las pymes y las industrias no pueden importar insumos, bienes de capital y bienes consumibles a los precios correctos, internacionales. Los compramos a precios domésticos más caros y luego tenemos que ir a competir. Ahí hay un ruido".
En definitiva, hasta ahora se percibe que la iniciativa de Caputo tendría resultados dudosos en las góndolas, mientras que podría implicar un mayor sacrificio en materia de divisas y además genera el enojo industrial.
Es por eso que, en las charlas informales, se plantean dudas en el sentido de si el anuncio de la apertura importadora irá realmente a fondo o si, más bien, se trata de una amenaza para que los productores locales reaccionen con una moderación de los precios.
En todo caso, las perspectivas para marzo no son alentadoras. Aun cuando las medidas de Caputo dieran el resultado esperado, su impacto tendría una demora hasta verse reflejado en las góndolas.