Quieren eliminar aporte sindical obligatorio: alertan que incrementa el costo laboral y quita competitividad
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En sintonía con la embestida del presidente Javier Milei a los sindicatos, un proyecto de la oposición busca eliminar costos laborales a través de los mal llamados "aportes solidarios", los cuáles rondan entre un 2% a un 9% del salario bruto del trabajador.
El proyecto llega días después de que el mandatario anunciara en el Congreso su decisión de obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral y con mandatos limitados a un máximo de cuatro años, con una sola reelección posible.
En este sentido, la iniciativa del diputado Luis Picat (UCR – Córdoba), junto a otros diputados de UCR y PRO plantea modificaciones a la ley 14.250, que establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo; y la ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Entre otras cuestiones, la norma prohíbe las contribuciones que los trabajadores y empresas le hacen obligadamente a los sindicatos, "atentando a la libertad y la generación de empleo genuino, y va en consonancia con la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional".
Aportes sindicales: ¿qué establece el proyecto?
Según esta iniciativa, el artículo 9 de la Ley 14.250 pasará a establecer que la "convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió".
"Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, "se encuentran prohibidas tanto para los afiliados, como también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención", agrega el proyecto.
"Hasta el momento existía la obligación del sindicato de pedirle a la empresa que por todos los empleados aporten entre un 3 y un 6 por ciento de ambos lados, una suma que iba al gremio. Las leyes hablan de que esa suma debe ir para capacitaciones o cuestiones culturales. Eso se ha tergiversado y se usa para gastos generales del sindicato y nunca hubo rendición", explicó Picat a iProfesional.
Según el legislador, esta situación "genera mayores costos laborales, se pierde competitividad, pero a la vez se genera un dinero que no está en el bolsillo de los trabajadores. Eso termina siendo una negociación en una paritaria, a través de una coersión donde a través de un cambio de figuritas el sindicato termina obteniendo esos beneficios".
Para Picat, el proyecto busca "eliminar estas distorsiones para hacer más competitivos. Hay más de 8 millones de empleados que no están en el sistema formal". Esto no está en el DNU y en la ley de Bases y, según el diputado de la UCR, sumaría a la reforma laboral que plantea el Poder Ejecutivo".
¿Cuál es el objetivo de eliminar el aporte a los gremios?
Según el texto, se establecerá que "las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma."
"El aporte compulsivo que se realiza con la aplicación de la legislación actual disminuye el castigado salario de los trabajadores y aumenta los costos laborales no salariales atentando contra la generación de empleo genuino. Este proyecto pretende colaborar para la recuperación económica a partir de la comprensión que son tiempos de liberar las fuerzas del trabajo y disminuir la presión que pesa sobre quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía del país", señalaron los legisladores en la fundamentación del proyecto.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados radicales Pamela Verasay, Alfredo Vallejos, Francisco Monti, Danya Tavela, Mariano Campero, Carla Carrizo, Martín Arjol, y los diputados del Pro Patricia Vasquez y Héctor Baldasi.
Empleados de Comercio: un antecedente reciente
A principios de este año, apenas asumió Milei, el sindicato de comercio (FAECYS) afirmó en un comunicado que el "aporte solidario" al gremio de afiliados y no afiliados deberá continuar, por lo que las empresas deben mantener la retención en los recibos de sueldo.
Mediante un comunicado, la FAECYS de Armando Cavalieri brindó algunas aclaraciones sobre su reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasin, sobre la exigencia o no del consentimiento explícito para la retención de aportes.
Según Cavalieri, los aportes sostienen el poder de negociación del sindicato y como consecuencia de ello, el sostenimiento de los convenios colectivos, que benefician tanto a afiliados como no afiliados, a saber, salarios mínimos convencionales, adicionales como el presentismo, antigüedad, licencias especiales, seguro de vida colectivo, entre otros beneficios. Es decir, se les debe retener la cuota de aportes a todos los trabajadores encuadrados en todos los convenios suscriptos por esta Federación estén afiliados y no afiliados tal como se venía haciendo hasta el momento, por ser una obligación convencional homologada y anterior a la entrada en vigor del DNU 70/2023, donde dicho requisito no regia", remarca.
"La Secretaría de Trabajo de la Nación interpretó la naturaleza jurídica de los aportes, tanto para afiliados como no afiliados, al dar por cumplido el requisito de consentimiento por parte del trabajador al gozar de los beneficios del convenio colectivo de la actividad mercantil", insistieron.
Según la FAECyS, así "surge sin lugar a duda que los trabajadores afiliados y no afiliados de la actividad mercantil, ingresado antes del DNU 70/2023 o después del mismo, han cumplido el requisito del consentimiento explícito que expresa esa norma, y que las empresas deberán seguir reteniendo los aportes tal como lo vienen realizando, bajo la sanción de convertirse en el deudor", concluye.