Cambios en jubilaciones, el primer proyecto que Javier Milei enviaría al Congreso: en qué consiste el plan oficial
La licuación de jubilaciones y pensiones, cada vez más rezagadas respecto de la inflación, obliga al Gobierno a avanzar con algún cambio en el sistema de actualización, y terminar con la movilidad vigente. El presidente Javier Milei viene sosteniendo que si el Congreso hubiese aprobado los cambios que proponía, no se habría producido la pérdida de poder adquisitivo en los haberes de estos meses.
El Gobierno dispuso un aumento del 27,18% en marzo para las jubilaciones. De esta manera, el haber mínimo alcanzará los $134.445, aunque el porcentaje de incremento será igual para todos los niveles de ingresos de jubilados y pensionados. A esta cifra se le sumará un bono por $70.000, que llevará la jubilación mínima a $205 mil. Ese aumento será muy inferior a la inflación, que acumulará un 70% en el primer trimestre.
Esa pérdida del poder adquisitivo se profundizaría en abril y mayo, porque las jubilaciones y demás prestaciones se mantendrían sin aumento (el siguiente es en junio) y los precios seguirían aumentando en esos dos meses. Hacia mayo, entonces, la pérdida del poder adquisitivo sería del orden del 35%, en apenas cinco meses. El titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, estimó que para que los haberes recuperen el nivel de marzo de 2023 el bono debería ser de $170.000 el mes que viene, en abril y en mayo. Aunque eso no compensaría la caída de los últimos meses.
La reducción del gasto previsional y en Seguridad Social figura en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es reducirlo en otros 0,4 puntos del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) verificó que el déficit previsional se fue reduciendo en los últimos años a costa de esta enorme caída del poder adquisitivo de las jubilaciones.
Jubilados y una fuerte caída del poder adquisitivo
La licuación de las jubilaciones y pensiones por el efecto corrosivo de la inflación permitirá al Gobierno exhibir superávit financiero durante el primer bimestre del año, y provocó una fuerte caída en el poder adquisitivo de los haberes. Aun con los últimos aumentos y bonos anunciados por el Gobierno para el mes próximo.
Los bloques de oposición dialoguista esperan el inicio ordinario de sesiones para consensuar un texto común y llevarlo al recinto. Incluso el bloque de diputados de PRO, que actúa como un satélite aliado al oficialismo, será de la partida: la diputada María Eugenia Vidal anticipó que su propuesta para indexar los haberes jubilatorios con el índice inflacionario estará lista el 1° de marzo, fecha en la que el Congreso retomará el control de la agenda parlamentaria.
En tanto, el proyecto que está elaborando el Poder Ejecutivo para cambiar la fórmula jubilatoria tiene dos componentes: la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la sanción de la reforma y un mecanismo para separar jurídicamente a quienes aportaron al sistema de los que no lo hicieron, que representan unos 4 millones de jubilados.
Más allá de la discusión de una nueva fórmula previsional que permita recomponer el valor adquisitivo de los ingresos de los jubilados –que es lo urgente-, la clave es avanzar también en una reforma jubilatoria integral, sostiene Vidal, que incluya los regímenes jubilatorios especiales, la edad para jubilarse -actualmente de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres-, y los privilegios de aquellos que cobran doble jubilación.
El Gobierno avanza con cambios en el sistema de actualización y terminar con la movilidad vigente
Por todo esto, el Gobierno también trabaja en un proyecto de ley para cambiar la fórmula de actualización automática de las jubilaciones y pensiones. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, estudian una nueva fórmula que a partir de abril aumente las jubilaciones siguiendo únicamente la evolución de la inflación. La clave del ahorro para el Estado -y el consecuente perjuicio para los jubilados- es que Economía no quiere compensar los haberes recuperando toda la pérdida del poder de compra sufrida en el verano: el oficialismo solo ofrecerá aumentar las jubilaciones y pensiones en un 15% antes de poner en marcha la nueva fórmula.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto gubernamental es qué hacer con los que se jubilaron por moratoria, que representan cerca del 90% de los jubilados que perciben el haber mínimo. Para ellos, Milei evalúa la creación de un mecanismo por el cual se los diferencie de los que sí aportaron recursos al sistema previsional. Si bien aclaran que no dejarán a esos jubilados sin ningún subsidio, el Gobierno piensa en que dejen de pertenecer al sistema de previsión social por no haber cumplido los requisitos legales y pasen a un sistema distinto, más relacionado con los beneficios de planes sociales.
En el país funciona el régimen de reparto, por el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de las jubilaciones. Dentro de este sistema hay más de 200 regímenes de excepción que cuentan con mejores condiciones que el resto. Hasta septiembre de 2023 había más de 5,7 millones de jubilados y pensionados (90,5% más que en 2001) en el régimen nacional. El 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria, y el 90,6% pertenece al régimen general y cobraba en junio de 2023 un haber medio bruto de $150.000, mientras que la mínima recién en marzo, con el aumento por decreto, superará los $134.000; menos que una canasta de indigencia. A eso hay que sumarle el bono extra anunciado por el gobierno, de $70.000 para los que cobran la mínima. El gasto previsional fue del 9,3% del PBI en 2021, y el déficit previsional de la ANSES en 2022 representó el 2,8% del PBI.
En marzo de 2023 había 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber: se considera que debe haber tres para que el sistema se autofinancie. En 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner impulsó la eliminación del régimen de capitalización (por el que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas) y su reemplazo por el régimen de reparto actualmente vigente. En este sistema, son los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, quienes financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.
Los distintos esquemas de jubilaciones y pensiones del sistema previsional
Por un lado, se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Pero también existen sistemas provinciales (que cubren a empleados públicos), esquemas previsionales con normativa propia (como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad) y cajas profesionales (como la de los abogados).
Para acceder a una jubilación, una persona debe contar con 30 años de aportes laborales (descuentos que, en el régimen general, son del 11% del sueldo bruto) y tener 60 años en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres. Pero no todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con beneficios especiales, ya sea por acortar la edad de retiro (en el caso de actividades consideradas insalubres), exigir una menor cantidad de años de aportes (por ejemplo, a trabajadores agrarios y de la construcción se les piden 25 años), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas).
En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior y trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio. Pero, además de ellos, en el sistema general existen unos 200 regímenes de excepción. Se trata de subsistemas enrolados dentro del régimen general, pero que otorgan algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos.
De esta forma, la discusión sobre una nueva ley previsional no se agota en la fórmula de actualización. El régimen actual está llegando a su fin, y tanto el gobierno como la oposición tienen ideas muy distintas sobre cómo se lo debe mejorar.