Obras sociales: Milei va por subsidios y sellos de goma en su intento por desregular el sistema de salud sindical
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El presidente Javier Milei continúa tensando la cuerda contra los que se oponen a sus proyectos reformistas. Las batallas con los gobernadores y los legisladores nacionales que les responden se extiende desde hace días pero, a partir del lunes 19 de febrero, abrirá un nuevo frente de conflicto con los sindicalistas que, en la práctica y sobre el terreno, fueron los primeros en lanzar las hostilidades, con el paro y movilización del pasado 24 de enero.
Atrás quedaron los días de diálogo con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, por un sistema de financiamiento para los trabajadores desempleados o los acuerdos políticos que sellaron durante la primera vuelta los "arquitectos de la victoria libertaria" con el insigne representante de la casta sindical, Luis Barrionuevo que representa a los gastronómicos desde que Milei era pequeño y jugaba a la pelota en la calle, cuarenta años atrás.
Luis Barrionuevo, que está hace 39 años al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), apoyó con recursos, fiscales y candidatos que fueron electos, al actual presidente Milei durante la primera vuelta de octubre pasado, luego se sumó al paro con movilización del 24 de enero y criticó públicamente el DNU desregulador de la economía y la ley ómnibus. A propios y extraños suele decir que el presidente es un hombre que " falta a la verdad".
Y, así como a los gobernadores les responde con la quita de subsidios al transporte y con la posible derogación de fondos fiduciarios que les permiten realizar obras públicas en sus provincias, a los sindicalistas, Milei, les apunta en uno de los fundamentos que más les duelen. El económico.
Inminente desregulación del sistema de salud
Sin meterse con el espinoso tema de la libertad sindical y de afiliación, la administración de Milei avanza con las cuentas de las obras sociales y, a pesar que el plan original de su alter ego, Federico Sturzenegger, de eliminar la obligación de los trabajadores de afiliarse a una obra social de la rama laboral, abriendo la posibilidad de elegir una prepaga, se encuentra frenado en la justicia, en un tema que deberá ser definido por la Corte Suprema, todo indica que se avanzará por partes y la primera medida que adoptarán en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es analizar el dinero que se gasta en las obras sociales en forma de subsidios.
Para justificar el relato oficial que incluye palabras como "casta sindical", "cajas negras" y "transparencia del sistema", Javier Milei ya tiene sobre su escritorio presidencial los informes en donde se repasa todo lo auditado por la Superintendencia de Servicios de Salud que, en las últimas semanas, es dirigida por el ex OSDE, Gabriel Gonzalo Oriolo que reemplazó a Enrique Rodríguez Chantone, un abogado especializado en el sector de la salud muy cercano a la ministra de seguridad, Patricia Bulrrich, pero que estuvo pocos días al frente del organismo. Se mantuvo hasta que la CGT hizo la huelga del 24 de enero pasado.
El informe que tiene a su disposición el presidente Milei indica, en su comienzo, que no hay correlación entre las obras sociales, la cantidad de afiliados, las prestaciones que ofrecen y el dinero que reciben en la gran mayoría de los sindicatos.
En ese sentido, la principal estafa estaría en las triangulaciones de obras sociales que administran algunos de los programas de subsidios que otorga el Estado. Desde el sector de las prepagas denuncian que los sindicatos utilizan obras sociales fantasmas, con sellos de goma, para realizar estas maniobras y acceder a los reintegros.
Los próximos pasos
En una primera etapa de relevamiento para ver lo que está aconteciendo, la Superintendencia de Servicios de Salud analizó cerca de 47.000 millones de pesos en gastos corrientes durante el último año.
La mayor parte de ese dinero proviene de los movimientos del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre del aporte de los trabajadores en relación de dependencia, en un 3%, y de sus empleadores hacia las obras sociales, en un 6%.
Dentro de este fondo solidario existe otro ítem que es el Sistema Único de Reintegro que se encarga de las agencias de salud que deben cumplir con el programa médico obligatorio (PMO) y con tratamientos complejos para sus afiliados. Este Sistema Único de Reintegro distribuyó, a un centenar de obras sociales y asociaciones, la cifra de 30.450.000 pesos durante todo el 2023.
La CGT en estado de alerta
Para Jorge Sola, Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT y que proviene del Sindicato del Seguro, los trabajadores tienen que tener en claro cómo funciona el Sistema Solidario de Salud.
"Los aportes provienen del salario de los trabajadores, un total de un 9%. Un 6% por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3% que pone el trabajador. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia. El 3% va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman la caja de las obras sociales, o lo que el gobierno le tiene que dar a las obras sociales. Decir esto, es un grave error".
"No es que el Gobierno le tiene que dar a las obras sociales, son fondos de los trabajadores que el gobierno administra, que se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo. Pero no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores, administran dinero ajeno. Y respecto a los controles de la Superintendencia de Servicios de Salud, aclaró que el poder político de turno, a través de la superintendencia, hace un control exhaustivo acerca de cómo se administran los fondos de las obras sociales, que tienen un límite para gastos de administración que no debe superar el 7%", indicó.
La realidad, explicó Sola, "…las obras sociales no son la caja de los sindicatos. En este momento todas las obras sociales sindicales para dar prestaciones de salud y poder cubrir los gastos están siendo subsidiadas por los aportes de los gremios. El sindicalismo está tratando de paliar el déficit operativo que tienen todas las obras sociales".
Mientras en la CGT están haciendo estas declaraciones, al mismo tiempo sacan cuentas y saben que el gobierno de Javier Milei debería girarles 138 mil millones de pesos, que son los que contemplaba el presupuesto 2023 para el Fondo Solidario de Redistribución y que el presidente prorrogó para el 2024.
Qué hará Milei con las obras sociales
Según trascendió en Casa Rosada, voceros oficiales explicaron a iProfesional que tras el análisis del documento de la Superintendencia, Milei está a punto de entregarles a las obras sociales el costo del servicio para los afiliados discapacitados, que era cubierto por el Fondo Solidario de Redistribución.
Si las obras sociales debieran hacerse cargo hoy de esa cobertura, el desfinanciamiento sería la primera consecuencia porque este fondo tenía como destino el reembolso de tratamientos médicos y remedios costosos a precio dólar. Los 138 mil millones de pesos sobre los que está sentado Javier Milei son la ventaja que tiene en esta apuesta abierta con los sindicatos.
En las oficinas gremiales temen que, a pesar de las cautelares judiciales, el gobierno insista con la reglamentación del DNU 70/24 que habilitó la libre elección de una prepaga o una obra social aboliendo la norma que obliga a triangular los aportes con una obra social a los trabajadores que quieren contar con los servicios de una prepaga, además del requisito que exige a las personas en relación de dependencia a permanecer un año en la obra social que por su actividad les corresponde antes de acceder a la prepaga de su preferencia.
El temor de los sindicalistas se nutre de un factor al que no están acostumbrados. A que no les levanten el teléfono en la Rosada. Están sorprendidos porque no los atiende nadie.
Esta falta de interlocutores proviene de una decisión del presidente Javier Milei, que está convencido de que hay que ir a fondo en contra de los gremios, luego de haber observado la movilización del pasado 24 de enero. Dicen que Javier Milei es dueño de una memoria prodigiosa, y como sostenía el conquistador, Hernán Cortez, "memoria que no olvida, rencor que no se aplaca".