Traspaso de fondos fiduciarios profundiza guerra entre Milei y gobernadores y acrecienta el poder de Caputo
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, colocó su voz más grave posible para realizar el anuncio de "...eliminar fondos fiduciarios que representan medio punto del PBI, unos 2.000 millones de dólares", y, agregó "vamos a terminar con estas cajas".
Sin embargo, el verbo eliminar, por más contundente que suene, no parece ser el correcto para explicar los planes de la administración de Javier Milei, porque, al igual que con los deshechos urbanos, nada se pierde y todo se transforma.
Otro golpe a "la casta": Milei traspasará fondos fiduciarios a Caputo
Y esas "toneladas de pesos o kilos de dólares según el cambio" quedarán bajo la custodia del Tesoro Nacional de Luis "Toto" Caputo.
Los demonizados fondos fiduciarios, catalogados como "cajas que utilizan a discreción los políticos de la casta", según las voces libertarias consultadas, se nutren de recursos dinerarios o de bienes transferidos a entidades bancarias que actúan como fiduciarios, para que administren esos fondos millonarios en beneficio de organismos del Estado que representan el agente fiduciante.
Una práctica que en el sector privado se conoce como fideicomiso, pero que en el caso de dinero público se denomina fondo fiduciario.
Se trata de una herramienta financiera creada a mediados de la década del ‘90, durante el auge de la Convertibilidad de Carlos Menem y Domingo Cavallo, y cuyo funcionamiento es relativamente simple.
El Poder Ejecutivo de turno transfiere los bienes al fiduciario, en muchas ocasiones surgen de la presión impositiva como sucede con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que recibe recursos de lo recaudado por el impuesto a la riqueza que se cobró durante la pandemia de Covid-19 y por parte de la recaudación del impuesto PAIS, y el dinero se utiliza para un bien o un fin determinado que no debería ser cambiado a gusto de los administradores centrales de turno.
En el caso del FISU, citado anteriormente, tenía la misión de urbanizar barrios populares a través de programas del ministerio de Desarrollo Social, hoy, de Capital Humano. Se desconoce la cantidad de viviendas terminadas y entregadas.
Acaso, el fin para el que se utiliza el dinero puede ser puesto en cuestión.
Un ejemplo es la resolución firmada por Sergio Massa cuando era ministro de economía que posibilitó que la provincia de Tierra del Fuego refinanciara una deuda que el estado provincial había suscripto con el Estado por 3.862 millones de pesos. Para ello, Massa instruyó al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) que posibilitó la refinanciación del pasivo.
Javier Milei, "El jefe" y Santiago Caputo: el triángulo del ajuste
Ejemplos, de "contabilidad creativa" entre gobernadores y funcionarios nacionales que, aparentemente, Javier Milei y su "triángulo de decisión" no está dispuesto a continuar permitiendo.
En una reciente entrevista televisiva, el presidente explicó que las decisiones fundamentales de su gobierno se elaboran en una mesa triangular cuyos sitios son ocupados por él mismo en uno de los vértices de la figura geométrica y por su hermana, Karina Milei y "el arquitecto de la victoria" electoral, Santiago Caputo en los otros dos lados.
El triángulo es una figura, un polígono simple, que no presenta una diagonal. Por lo que tres puntos no alineados definen siempre un triángulo. En términos de decisión política no pareciera haber ninguna preponderancia de un integrante de la mesa de decisión por sobre el otro, a pesar de que el mandato popular sólo eligió a Javier Milei.
Pero sea como fuere, se trata de un triángulo que concentra todos los recursos. Todo el dinero parece ir en dirección de ese "triángulo de las Bermudas", que aspira todo el dinero, quitándole aire a las gobernaciones, a las intendencias, a los sindicatos, a la clase media y a todo aquel que pueda contribuir al nuevo altar que representa el superávit fiscal de las cuentas públicas comprometido con el Fondo Monetario Internacional, el prestamista de última instancia y "Gran Hermano" que todo controla.
Por sobre el triángulo de decisión pareciera surgir un ojo gigantesco que mira con lupa las cuentas públicas y pertenece al FMI.
Y, en ese sentido, el relato esgrimido por el vocero Manuel Adorni y por varios comentaristas elocuentes contra una herramienta que tiene tres décadas de vigencia, afirmando que se trata de, palabras más, palabras menos, recursos oscuros, típicos de una casta que nadie controla y que lo administra la política, no se sostiene según aquellos funcionarios que alguna vez condujeron esas cajas rebosantes de dinero.
Raúl Sánchez es contador público recibido en la UBA y se desempeñó como director de BICE Fideicomisos S.A. una de las entidades principales a la hora de administrar estos instrumentos financieros.
No sólo desmiente el relato oficial de oscuridad en el manejo de las cuentas, sino que presentó una memoria y balance público de su accionar durante los años 2020 y 2023.
Fondos fiduciarios: ¿quién los controlaba hasta ahora?
"Lo primero que debo decir es que el Estado necesita tener una empresa pública de administración de fideicomisos. En el BICE encontré profesionalismo, experiencia y honestidad", señala Sánchez.
Y, con respecto a los titulares que repiten la argumentación oficial, de "fondos fiduciarios, la caja negra de la política u otras variaciones del mismo argumento", el ex funcionario que administro varios millones de pesos, explicó: "Los controles para quienes administran Fideicomisos públicos son varios: la SIGEN integra, con 3 Síndicos, el Directorio de BICE Fideicomisos que se reúne todas las semanas, y ellos estuvieron siempre presentes en todas las reuniones, además del accionista controlante, en este caso el BICE, que realiza auditorías internas; una de los cuatro grandes estudios contables más reconocidos, audita los Estados Contables de BICE Fideicomisos y cada Fideicomiso tiene un Balance de Recursos y Gastos con su respectivo auditor contable. Como si todo esto fuera poco, presentamos todos los balances anuales a la I.G.J. e incorporamos toda la normativa de la U.I.F. en lo que respecta a políticas contra el lavado de dinero y activos".
Por lo que los argumentos de inexistencia de control en los fideicomisos de los voceros del Gobierno son falsos.
El experto explicó que, si se trata de fideicomisos de oferta pública, también debe ser aprobado por expertos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se deben cumplir las normas del Banco Central.
Para algunos analistas como Gerardo Uña con actuación en el FMI y en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), es necesario que "...el Poder Ejecutivo y el Congreso desarrollen un marco adecuado y previsible para la gestión de los Fondos Fiduciarios, instrumentos útiles para la implementación de políticas públicas en un horizonte plurianual".
Ya en 2007, en un documento público, Gerardo Uña, explicaba que "...en el funcionamiento de los fondos fiduciarios en la Argentina es posible plantear que se han transformado en un instrumento 'todo terreno' de la política económica, utilizándose para apoyar distintas decisiones del Gobierno en diversos ámbitos. En los ‘90 servían para apoyar medidas relacionadas con el régimen de convertibilidad. Luego (...) se utilizaron para otorgar subsidios y promover sectores económicos específicos. De esta forma, se han alejado de la principal finalidad que sustenta su creación en el ámbito público: otorgar previsibilidad al financiamiento de políticas públicas de mediano y largo plazo, especialmente proyectos relacionados con obras de infraestructura".
En ese sentido, la decisión de Javier Milei y su triángulo de decisión, termina de quitarle el respirador artificial a la obra pública que trastocará la vida económica en varias provincias que, como la citada Tierra del Fuego, cuenta con esos fondos para el desarrollo habitacional y de obras en su estado.
El académico Uña, escribió que esta cuestión no fue un invento argentino ni mucho menos: "Precisamente, el financiamiento de obras de infraestructura fue la principal justificación para la creación de fondos fiduciarios en América Latina durante los 90, considerando que este instrumento permitía lograr dos objetivos. Por un lado, otorgar mayor estabilidad al financiamiento de las obras públicas de infraestructura, teniendo en cuenta que estas partidas presupuestarias habían constituido tradicionalmente una de las principales variables de ajuste del gasto público. De acuerdo con CEPAL (2004), se estima que durante la década del `90, alrededor del 50% de los recortes de gasto público en países latinoamericanos fue realizado sobre los gastos de capital. Por otro lado, la implementación de fondos fiduciarios se enmarcaba en una tendencia regional a buscar instrumentos financieros que permitieran una asociación entre el sector público y el privado para financiar infraestructura".
Similar al modelo mixto chileno desarrollado por el recientemente fallecido presidente Sebastián Piñera.
El contador Raúl Sánchez no sale de su asombro por la decisión de borrar de un plumazo una herramienta que "es fundamental para muchas provincias" y que por la eficacia y transparencia operativa generó consultas, mientras estuve en el BICE, hasta del Reino de Arabia Saudita que se interesó en realizar "...inversiones privadas en el sector Productivo por u$s30.000 millones en los próximos 30 años con el objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. El pago inicial seria por u$s3.000 millones. El objetivo analizado fue la de constituir un Fideicomiso de Administración y Financiero destinado a generar inversiones en la matriz productiva de alimentos con la finalidad de generar contratos de suministros y exportaciones con el Reino de Arabia Saudita".
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Se trata de un solo ejemplo de la potencia de estas herramientas financieras que en la actual coyuntura parece que serán sacrificadas para combatir el déficit fiscal. El problema es que a veces el remedio mata más rápido que la enfermedad.