Si se cae la Ley ómnibus, ¿puede haber un ajuste aun más brutal?: la advertencia de expertos

En el momento pareció un mensaje dirigido exclusivamente a la tensa coyuntura que afrontaba el oficialismo en la Cámara de Diputados. Pero, con el correr de los días, se entendió que era el inicio de una escalada claramente preparada para presionar a los diputados, senadores y gobernadores que deben dar luz verde a la ley ómnibus.

El primero fue el ministro de Economía, Luis Caputo: "En la medida que la ley ómnibus no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más". Luego, siguieron el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Diputados, Martín Menem, y el equipo de operaciones especiales en las redes de La Libertad Avanza. Este domingo por la mañana, coronó el propio presidente Javier Milei, al advertir que la mega ley "no es negociable, no importa que pase alrededor, vamos a déficit cero".

"Entendemos que el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal. Si encontramos un contexto más adverso porque cae más la actividad o tenemos menos acceso al mercado de capitales, menos recursos, el ajuste que tendríamos que hacer es más violento", abundó el mandatario. Dijo que de lo contrario "el mercado te pasa la factura". Y, lapidario, coronó: "La austeridad no es negociable, los daños que sufra la población dependen del Congreso, de que no hagan fulbito para la tribuna, como han hecho en los últimos 40 años".

De paso, inició el operativo escrache anticipado por iProfesional días atrás: le reprochó al gobernador de La Rioja, un peronista duro: "Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la Policía, no es problema nuestro". Se trata del principio de una lista larguísima de desaguisados que el nuevo Gobierno tiene documentados. Alcanzan no sólo a mandatarios provinciales que tienen la "billetera fácil". También a intendentes que hacen gastos dispendiosos en comunas donde se carece de servicios básicos para la población y la mugre invade cada rincón. O a jefes comunales que gobiernan hace años los distritos más pobres y abandonados a la mano de Dios del conurbano, pero a la noche pernoctan en viviendas a todo lujo en Puerto Madero. "La lista ya está armada. Sólo hace falta apretar el botón para que salte m… para todos lados", se envalentona un mileísta de paladar negro.

El Gobierno está preocupado por la marcha de la ley ómnibus en el Parlamento. Se pregunta hasta dónde deberá ceder para lograr que la mayor parte de esos artículos interminables se terminen votando en línea con las necesidades que tienen los inversores para traer a estas pampas los dólares necesarios.

Muchos proyectos en carpeta

En carpeta hay muchos proyectos concretos que deben avanzar: por ejemplo, el tramo final del reversal del Gadoducto del Norte, clave para que no se fuguen las divisas hacia Bolivia, país que además reclama una deuda que dejó el cuarto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, por unos 300 millones de dólares. También preocupa que, si la ley ómnibus se traba, los fondos necesarios para avanzar con la extracción de litio en el norte del país tampoco lleguen al nivel deseado.

No son los únicos temas: iProfesional pudo saber de fuentes de primera mano del sector energético que la obra que más les preocupa a las petroleras que tienen enterrados sus caños en Vaca Muerta, es la construcción de una "planta de licuefacción" que permita llevar el gas hasta el puerto de Bahía Blanca, o algún otro cercano, y allí cargarlo a un barco que lo transforme en gas licuado, con el fin de entrar a jugar entre los grandes players del mundo internacional de la energía. Es una cuestión de la que por ahora se habla sólo en el mundo de las compañías energéticas, pero que será central para que la Argentina deje de importar gas y se transforme en un país de primer nivel entre los jugadores que mueven el mundo de la energía a nivel mundial. El problema es que a esa planta aún no se le puso ni un ladrillo.

En definitiva, la preocupación del equipo económico es que en estas casi tres semanas que quedan para cerrar enero -plazo límite por ahora de la convocatoria a extraordinarias que hizo Milei al menos en Diputados-, no se pueda votar la ley ómnibus y el Gobierno deba arreglárselas con el mega DNU, que tiene sabor a poco entre los grandes inversores.

"Sería una derrota, pero les saldría muy caro en términos de costo político ante la sociedad", admiten los mileístas que se pusieron la camiseta en la Cámara de Diputados y defienden con uñas y dientes el proyecto oficialista.

El Gobierno, a instancias de Luis Caputo, temería, además, que una derrota contundente en el Congreso pueda terminar siendo leída por el "Board" del FMI como una confirmación de la debilidad política de la coalición gobernante. Días atrás recibió a diez gobernadores que de una u otra forma están dentro de esa alianza, quienes se mostraron críticos hacia algunos puntos de la ley ómnibus, aunque garantizaron que los diputados de sus provincias estarán para votar por la afirmativa. Les dijo que confía en el impacto que tendrá el acuerdo con el Fondo, pero se debe tener en cuenta que el directorio del organismo, donde talla decisivamente Estados Unidos, se reunirá recién a fin de mes para adoptar una resolución definitiva a partir del consejo de la misión técnica.

¿Y si cuando deba discutirse el tema la Argentina vuelve a ser un polvorín porque el Congreso rechazó el paquete de medidas de ajuste? ¿Qué capacidad de daño tendrá el paro de doce horas con movilización de la CGT previsto para el 24 de enero? ¿Los piqueteros lograrán su objetivo de cortarle finalmente la avenida 9 de julio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Gobernar viene siendo desde hace demasiado tiempo una tira y afloje permanente y al límite en la Argentina. Esta segunda quincena de enero parece que no será una excepción.

¿La UCR suma o resta?

Falta saber qué harán ante este escenario algunos legisladores del radicalismo, cada vez más alejados del ideario mileísta y a quienes algunos grupos filo kirchneristas vienen tratando de seducir desde hace tiempo. ¿Martín Lousteau estará entre ellos? Otros miran a Facundo Manes, quien quedó tocado tras su fallido intento presidencial y todavía mantendría cierto nivel de influencia entre un sector del radicalismo. La UCR está preocupada porque su "cliente" principal, la clase media del "centro real" de la Ciudad de Buenos Aires -Caballito, Almagro, Flores, Boedo, Villa Crespo, entre otros barrios- está desilusionada con los estragos que están haciendo la devaluación y las remarcaciones en la economía hogareña, y hay temor sobre su reacción cuando empiecen a llegar los nuevos aumentos en las prepagas, la luz, el gas, el agua y los colegios.

Se recuerda, por ejemplo, que Federico Storani, cuya voz aún es escuchada entre radicales "progresistas", llamó a votar por Sergio Massa como "mal menor" en el balotaje. Lo mismo hicieron Ricardo Alfonsín y otros "herederos de Alfonsín".

Pero, más acá, este domingo salieron dos dirigentes de peso a cruzar a Milei: el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, y el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres (PRO), cuestionaron los dichos del mandatario. "Es peligroso y profundamente irrespetuoso", sostuvo el mandatario provincial sobre la actitud del Presidente. "No van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al Gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno, sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como nuestros jubilados", sostuvo De Loredo.

Los números clave de la estrategia de Javier Milei

Si bien el ajuste total que pretende aplicar el gobierno equivale al 5% del PBI y se complementa con otras medidas que no deben pasar por el Congreso, según el analista económico Fernando Marull, sólo el 40% de ese ajuste requiere de la ley ómnibus. Eso hace prever que aún en el caso de que no se aprobara la totalidad de las medidas de corte fiscal, el Gobierno tendría cierto margen de maniobra. Probablemente, con la implementación de recortes aún más duros. ¿Resistirá la clase media?

Marull dice que "la ley ómnibus por ahora no tendría previsto ningún cambio relevante en cuanto a la meta principal de alcanzar el superávit primario. El 40% del ajuste fiscal tiene que lograr el apoyo del Congreso, casi 1.8%PBI de los 5% PIB propuesto", detalló el economista. Ya se le prometió superávit a la misión del Fondo Monetario. El año recién empieza y son muchos los escenarios que se pueden dar.

Además, por más que el FMI cumpla finalmente con los desembolsos, se debe tener en cuenta que el flujo de fondos para la Argentina será neutro hasta abril. Para esa fecha, los dólares provenientes de la cosecha gruesa ya estarán ingresando a buen ritmo, confían en el equipo económico.

Si eso ocurre, tal vez haya valido la pena el ajuste draconiano aplicado, que ni siquiera los economistas más ortodoxos se habían animado a hacer, desde el retorno de la democracia hace ya 40 años.