La "Tasa Kicillof": la mala praxis de un funcionario que siempre trabajó en el Estado
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Las últimas declaraciones del presidente de la Nación Javier Milei al referirse al juicio que deberá pagar el estado al fondo Burford Capital, por el costoso proceso de estatizacion y expropiación de YPF al grupo Repsol dejó en claro el papel protagónico que tuvo en dicha operación el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando era viceministro de Economía y unos de los directores de la petrolera en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Vamos a tener un nuevo impuesto: "TASA KICILLOF" para pagar el desaguisado de un amateur. Porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió", explicó Milei.
"Tasa Kicillof": Milei lanza nuevo impuesto para pagar por el juicio de YPF
Por ahora, se estudia una especie de bono eterno que emitiría el Estado para poder pagar esa deuda o de un nuevo impuesto pero todavía no hay una posición tomada dentro del gobierno para afrontar el pago de ese jucio más considerado la frase el presidente: "No Hay Plata".
Desde el estudio Sullivan & Cromwell, han informado que la Argentina desea honrrar sus obligaciones y buscará dialogar con los acreedores. Al parecer se buscaría demorar el pago o renegociarlo en varias cuotas al fondo Burford Capital.
La responsabilidad de Kicillof se remonta a los tiempos en que fue sub-interventor de YPF, hasta abril de 2012 con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera con la que se estatizó YPF, y desde junio de 2012 cuando -luego de la estatización donde el estado se quedó con el 51 % de las acciones de la petrolera- se desempeñó como director titular de clase «A».
De Aerolíneas Argentinas al Ministerio de Economía: Axel Kicillof, el eterno funcionario del Estado
Hay que recordar que en el 2012, el año de la estatización de YPF, Kicillof junto con la presidenta del BCRA, Mercedes Marco del Pont, modificó la Carta Orgánica de esa institución para que el BCRA pudiera financiar al Tesoro como lo hizo en los dos gobiernos de CFK y el último de Alberto Fernández, generando un gran festival de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, única causa de la alta inflación que padece hoy la Argentina.
Kicillof presidió también la comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Desde julio de 2009, fue CEO de Aerolíneas Argentinas y a partir de 2011, subgerente general.
Kicillof junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio de Vido es identificado, dentro del entorno de La Libertad Avanza, como uno de los principales responsables del juicio que perdió el estado argentino con el fondo Burford Capital por unos 16.000 millones de dólares.
"El caso de Kicillof es un típico problema de mala praxis que en economía se paga muy caro de un típico integrante de la casta política, ya que desde 1993 antes de recibirse en la UBA de Licenciado en Economía siempre trabajo en el estado", explican fuentes cercanas al entorno de La Libertad Avanza.
El 10 de diciembre de 2011, Kicillof fue designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el cargo de secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y luego de la renuncia del Ministro, Hernán Lorenzino en el 2013, fue nombrado ministro de Economía.
Juicio por YPF: el informe que devela las irregularidades de Kicillof
En el informe de inversores privados damnificados por la estatizacion de YPF, que publicó iProfesional en septiembre pasado en forma exclusiva, el mismo además de explicar la trama política y financiera que permitió al Grupo Petersen comprar un 25 % de YPF sin poner un solo dólar, deja al descubierto el dudoso accionar de algunas autoridades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en particular de Kicilloff.
El problema que originó el jucio fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizó la petrolera en abril del 2012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem.
En ese estatuto, la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones algo que el gobierno de CFK y sus funcionarios -incluido Kicillof- ignoraron cuando expropió y estatizó la empresa, lo que motivó el jucio iniciado por el fondo Burford que hace logró una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Nueva York que obliga a la Republica Argentina a pagar una suma de 16.000 millones de dólares.
Funcionario y director de YPF: el doble rol de Axel Kicillof
El informe hace referencia al rol que tuvo Axel Kicillof, quien "jugó un papel preponderante. "Su doble rol de director de YPF y funcionario público le permitió por un lado ser partícipe de los sospechosos actos cometidos por el directorio y luego ser partícipe en la validación posterior, mediante la aprobación en las asambleas de accionistas de las gestiones del directorio, utilizando para ello abusivamente la mayoría accionaria del Estado argentino".
El informe destaca también que se cometieron acciones de encubrimiento hasta el caso de obstruir los reclamos judiciales en beneficio de YPF presentados por inversores minoristas privados contra ex directores de YPF para que estos restituyeran a la empresa el dinero cobrado por honorarios que no correpondian.
El Grupo Petersen vendió el juicio contra Argentina al fondo Burford
"Sus omisiones y acciones de encubrimiento además de impedir que YPF sea resarcida, los coloca como cómplices y participes necesarios en la fraudulenta demanda que se tramita en la Corte de Nueva York, por parte de las empresas del Grupo Petersen contra YPF por más de 4.000 millones de dólares", describe el informe. Luego el Grupo Petersen le vendió los derechos de litigar al fondo Burford.
El informe da a entender que en los repartos de dividendos se tomaron recursos de YPF para enriquecer a Repsol y al Grupo Petersen, que no puso un solo dólar para quedarse con el 25 % de YPF gracias una maniobra finaciera y política.
El Grupo Petersen compró el 25 % de YPF a Repsol sin poner un solo dólar
En el primer párrafo de su su último capítulo, el informe destaca: "Para que el fraudulento reclamo del fondo Burford ante la Corte Suprema de Nueva York tuviera éxito, era indispensable que los directores de YPF nombrados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2012, no investigaran algunos casos sospechosos ocurridos en asambleas de accionistas".
Esas maniobras fueron realizadas por las autoridades del Estado argentino, titular de 51% de las acciones de YPF, por varios de los directores, y por miembros de la Comisión Fiscalizadora de YPF.
"Los directorios no cumplían con las obligaciones que les imponia la ley, mediante omisiones y acciones concretas, todas en perjuicio de YPF y el Estado argentino. Este a su vez convalidaba todas las actuaciones en las asambleas de accionistas, en un claro abuso de su mayoría", dice el informe.
Por el acuerdo de expropiación, Argentina ya pagó unos 5.000 millones de dólares
En noviembre de 2013, desde fuentes cercanas al Gobierno, se lanzó la versión a los medios que se habría llegado a un Pre Acuerdo para presionar a Repsol y a su presidente, Antoni Brufau, para llegar a un acuerdo compensatorio por el precio por la expropiación por una suma por el equivalente a unos 5.000 millones de dólares, pagadera en bonos del estado nacional.
Luego, Repsol comunicó, con fecha 27 de noviembre de 2013 que "el Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de la participación accionarial de Repsol en YPF".
Mas tarde con fecha del 25 de febrero de 2013, el ministerio de Economía, informó que el gobierno de la República Argentina y Repsol, S.A. llegaron a un acuerdo con respecto de la compensación por la expropiación de 200.589.525 acciones Clase "D" de YPF S de conformidad con la Ley 26.741. El 27 de febrero de ese año, el Gobierno y Repsol firmaron el mismo.
En ese acuerdo se fijo como fecha de pago el día 7 de mayo de 2014, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, que el Congreso de la Nacion aprobará el acuerdo que finalmente se aprobó, y que el Gobierno pudiera remover medidas judiciales dictadas por reclamos de terceros contra Repsol.
La decisión de la jueza de la Corte Suprema del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, conocida hace dos semanas, representa un duro golpe para la petrolera estatal YPF y para el gobierno de Javier Milei.
Frente al pedido de la Argentina, la magistrada se negó a extender el tiempo que tiene el Gobierno para depositar una garantía para evitar embargos por el juicio que le ganó el fondo Burford Capital, pese al pedido que realizó la Procuraduría del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra que defiende al gobierno por los litigios internacionales y tiene plazo hasta el 10 de enero para depositar una garantia por los 16.000 milones de dólares que debe pagar por el procedimiento judicial.
En caso contrario, el fondo Burford Capital podrá comenzar a solicitar embargos contra el Estado argentino, como ocurrió en el 2012 con el embargo de la fragata Libertad en el puerto de Ghana.
En su contestación ante el nuevo pedido del gobierno de Milei, la jueza destaca que "el último pedido de la República Argentina parece ser un nuevo intento de cambiar las reglas de juego" y además cita que los demandantes califican la estrategia del gobierno argentino "como de demora procesal y ofuscación".
Se trata de un juicio que duró unos 8 años y se generó luego de la expropiación de la petrolera a la empresa española Repsol que realizó en abril del 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como su ministro de Economía.
De acuerdo a la última contestación de la jueza Preska, el gobierno del presidente Javier Milei tiene tiempo hasta el próximo 10 de enero para presentar las garantías y de esa forma poder evitar embargos de bienes del estado argentino a partir de esa fecha.