Desregulación del sistema de salud: una lucha millonaria entre la medicina prepaga y las obras sociales
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En ocasiones, lo simbólico puede explicar mejor los hechos que las palabras. La puesta en escena de la presentación del amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que inaugura su administración el primer presidente libertario del mundo, Javier Milei, es un retorno a la década del ‘90.
En el año 1991, el admirado por Milei y extinto presidente Carlos Saúl Menem, firmó el decreto de desregulación del Estado rodeado de sus ministros, entre ellos, Domingo Cavallo y José Luis Manzano.
Hacia el final de la década, Menem avanzaría con una reforma pro mercado del sistema de salud resistida por el sindicalismo sobre la que retornaría de manera más ambiciosa la gestión fallida de Fernando De La Rúa y José Luis Machinea con resultados similares en torno a la resistencia peronista en los sindicatos.
Ya en ese entonces, estaba en juego, al igual que hoy, la posibilidad de fusiones de obras sociales, de ingreso de grandes empresas internacionales en el proceso de gestión de seguros de salud en el país y, en definitiva, un mercado en el que, si se suman todos los recursos millonarios que se administran en el sistema de salud en su totalidad, ronda una cifra de millonaria de nueve ceros, que la métrica inglesa suele traducir en 10 billones de dólares o su equivalente en Latinoamérica, que alcanza los 10.000 millones de dólares.
Ese negocio está en juego. Pero, entre los que lo juegan, están los usuarios de medicina prepaga y los afiliados a las obras sociales. Para ellos, el corazón de la medida anunciada el miércoles por la noche en cadena nacional, tiene su punto fundamental en el hecho que se termina con la intermediación que realizan las obras sociales.
Los usuarios de las prepagas derivaban, hasta ayer, sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Un peaje que no existirá más.
En el decreto se modifica la Ley de Obras Sociales
El decreto publicado en el Boletín Oficial explica que se modifica la Ley Nª 23.660 de Obras Sociales e incluye un inciso que incorpora a este régimen a todas las empresas de medicina privada.
Para los consumidores se trata de una buena noticia. Porque, al no haber restricciones para competir libremente entre las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, se beneficiarán con servicios y bienes de mejor calidad y con precios más bajos.
Comenzarán a funcionar los call centers trabajando para empresas privadas de la salud buscando captar los afiliados de las obras sociales porque están autorizados a recibir los aportes obligatorios de los trabajadores registrados, o sea, en relación de dependencia.
Estos aportes sólo eran obligatorios para las obras sociales que, de esa manera, tenían, hasta ayer, afiliados cautivos. A partir de ahora, deberán competir ofreciendo mejores prestaciones para no perder el favor de los usuarios.
Con el nuevo decreto, las prepagas deberán suscribir el Fondo Solidario de Redistribución a partir del cual se financia el pago de los tratamientos muy costosos y de alta complejidad, a modo de seguro para evitar posibles contingencias.
Por otra parte, el instrumento jurídico del Poder Ejecutivo firmado por Milei, comprende la desregulación de las cuotas de las prepagas al eliminar el decreto 743 del 2022 que intervenía su actualización según el 90% del índice RIPTE para afiliados con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
Para Claudio Belocopitt, de Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS), se espera un "aumento promedio de las prepagas que va a estar entre el 40% y el 50%" de la cuota actual.
Historia de una reforma constante
Ahora bien, la crisis del sistema de salud no es nueva, pero sí se encuentra en un estado de difícil pronóstico si no se tomaba una decisión para salvar al paciente. Si se observan los intentos de modificaciones al sistema de salud integral, se pueden trazar dos grandes líneas directrices que, por lo general, terminaron chocando contra los intereses de la poderosa CGT.
En el diagnóstico del sistema, parecen coincidir todos los actores: coberturas insuficientes, altos costos de transacciones, beneficios bajos para los afiliados y los usuarios, altísima inequidad en las prestaciones de servicios sanitarios y en el acceso a los mismos.
Desde la creación de las obras sociales, que tiene una base política explotada a su favor por el peronismo de Juan Perón y las dictaduras militares de las décadas del ‘60 y del ‘70, si se tiene en cuenta que el peronismo manejaba directamente a los gremios y, por lo tanto, a la conducción de las obras sociales sosteniendo un status quo durante años, se intentaron aplicar reformas más socialistas, diseñadas por médicos sanitaristas y, más liberales, como la que se produce en la actualidad.
"En el comienzo de la década del setenta el sistema de Obras Sociales ya estaba consolidado y se podría afirmar que era hegemónico en términos de cobertura poblacional y de su participación en el financiamiento sectorial", anota el analista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), André Medici.
El experto sostiene que "las principales limitaciones de la respuesta organizada a los problemas de salud en Argentina comenzaban a resultar evidentes: la fragmentación del sistema en su conjunto, la heterogeneidad de la cobertura, la poca equidad en el acceso y el gasto y la insuficiente solidaridad en el financiamiento".
Raúl Alfonsín y su proyecto de creación de un sistema de seguro nacional de salud, es un ejemplo de una salida de centro izquierda a la crisis de las obras sociales.
El presidente radical reivindicaba el fortalecimiento del Estado como conductor de la política de salud y proponía una estrategia conjunta con las obras sociales para fortalecer la cobertura de la población que estaba fuera del mercado formal del trabajo. Tamaña herejía no pasó los estrictos dogmas de la CGT que le hicieron 13 paros y 4.000 huelgas sectoriales durante su entero mandato.
Una reforma que quedó archivada al igual que los planes de Nicolás Kreplak, médico sanitarista y actual ministro de salud de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que le presentó a la ex presidenta Cristina Kirchner su plan, similar en su orientación a los de la coordinadora radical.
El kirchnerismo, al hacer propio los estudios de Kreplak sobre la cuestión, promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. También, plantea una conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales bajo un criterio general e instaurar una nueva modalidad para la libre elección entre obras sociales, además de poner en marcha la intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones.
Las reformas del Gobierno de Milei
Sin embargo, las reformas de la administración Milei tienen su fundamento en las liberales de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El período de reformas realizadas a partir de 1997 tuvo efectos como la concentración del mercado. De 360 obras sociales existentes en ese entonces, quedaron cerca de 200 a comienzos del milenio. Este hecho llevó a una activa resistencia de parte de sindicatos que hacían, en la práctica, muy difícil el acceso de libre elección de usuarios de las obras sociales.
El analista André Medici, especificó: "El número de personas que cambió de Obra Social entre abril de 1997 y octubre de 2000 no pasó de 570 mil entre los 19 millones de asociados, o sea, no menos del 3% de la población incorporada del sistema. Durante este período, la resistencia al proceso fue creciente y se intensificó con el empobrecimiento de la economía argentina, al final de los años noventa y con los esfuerzos de la campaña electoral. El gran salto hacia adelante anunciado por Menem terminó convirtiéndose en un gran salto para atrás".
Más ambiciosa, pero con graves problemas sociales de fondo en la Argentina de De la Rúa, la reforma de salud de la Alianza, retomaba la senda de la época menemista y, a la proverbial resistencia sindicalista, se le sumó la de sectores del empresariado nacional que no aceptaban la obligatoriedad de recibir clientes de bajo poder adquisitivo al tiempo que se negaban a administrar planes menos costosos como el Programa Médico Obligatorio de Emergencia o PMO que establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y los agentes de seguro a toda la población beneficiaria.
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Las recientes novedades acerca de reuniones de emergencia de los jefes sindicales indican que, una vez más, la reforma al sistema de salud en la Argentina, enfrentará fuertes resistencias.