Servicios de luz y gas: así es la herencia crítica que afrontará el nuevo gobierno de Javier Milei
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Más allá de la reprivatización de YPF una vez que sea restructurada que planteó entre sus primeras definiciones, el presidente electo, Javier Milei, se encamina a enfrentar una herencia compleja de temas eléctricos y gasíferos que le exigirán adoptar en el tramo inicial de su gestión un paquete de medidas de fondo para poder resolver los problemas pendientes.
En el sector eléctrico, una de las prioridades que deberá encarar con cierta urgencia en el área de "Distribución" es la normalización de los contratos concesión de Edenor y Edesur mediante la concreción de las demoradas "Revisiones Tarifarias Integrales" (RTI) que la administración de Alberto Fernández prometió varias veces, pero nunca puso en marcha.
La actualización de los contratos con los planes de obras para los próximos cinco años que contemplan las RTI se daría en medio del período crítico de abastecimiento que se avecina para los meses de verano, cuando las fallas y cortes de suministros prometen volver con intensidad debido a las escasas inversiones para mejorar los servicios que hicieron las dos distribuidoras metropolitanas que dependen del gobierno nacional.
A ese hecho se agregan dos cuestiones más que también podrían complicar el normal suministro eléctrico. Por un lado, estaría la revisión de los convenios de pago a 96 meses de plazo que las actuales autoridades energéticas acordaron con Edenor y Edesur por la deuda millonaria que habían acumulado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Los referentes energéticos de Milei ya advirtieron que quieren recalcular lo adeudado, acortar el tiempo de cancelación y firmar nuevos acuerdos de pago con la intervención de la Procuración del Tesoro.
El otro tema en la mira es el vinculado con la venta de Edesur, que el grupo controlante italiano ENEL ya tiene decidida y que solo se ha pospuesto hasta la asunción del nuevo gobierno.
En lo que respecta al sector de "Generación", la lista de los puntos a encarrilar que tendrán los nuevos funcionarios comprende la adjudicación de los nuevos contratos de usinas térmicas que se licitaron en los últimos meses, la adecuación de los proyectos renovables que no se habilitaron en los tiempos previstos y la operación de las centrales hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos de concesión llegaron a su fin y fueron prorrogados por el actual Gobierno hasta los primeros días de enero.
En este caso, la intención del equipo energético de Milei sería extender la presencia de los actuales concesionarios privados por el término de un año y avanzar luego con un nuevo esquema de privatización.
Transporte eléctrico: nuevo mecanismo de ajuste tarifario
En materia de "Transporte" eléctrico, también están pendientes de realización las RTI de Transener y las transportistas regionales, aunque en este caso la gestión saliente ya ha dejado en curso un nuevo mecanismo automático de ajuste tarifario por reconocimiento de mayores costos operativos que ha aliviado la situación de las empresas y deja un margen mayor de tiempo para poder encarar la renegociación de los contratos.
En cambio, lo que si deberá definir lo más pronto posible la nueva administración es de qué manera y con qué recursos se llevan adelante las obras prioritarias de ampliación de redes y líneas para garantizar el abastecimiento en las zonas más críticas del país donde las instalaciones de transporte están operando al límite de sus capacidades técnicas.
Por el lado del sector gasífero, tanto las distribuidoras, como las transportadoras tienen las RTI frenadas. Si bien los aumentos tarifarios de este año que mejoraron sus ingresos específicos aún les permiten seguir a flote, todas las compañías ya advirtieron que necesitan actualizar sus recaudaciones y redefinir los planes de obras antes del segundo trimestre del próximo año.
Obras en Vaca Muerta
En lo que atañe a las obras de ampliación de la red de gasoductos, la actual conducción de estatal Enarsa que encabeza el santacruceño K, Agustín Gerez tiene pendientes dos acciones relevantes que ya deberían haber estado definidas y cuyas demoras no hacen más que agravar la agenda de temas calientes que pasarán a manos de los nuevos funcionarios.
Uno de esos puntos es la adjudicación de las obras de reversión del Gasoducto Norte que permitirán suplantar el gas importado que deja de enviar Bolivia por la producción local de Vaca Muerta.
En la pelea licitatoria, el consorcio integrado por Techint y SACDE -la constructora de Marcelo Mindlin y los principales ejecutivos de Pampa Energía- presentó la oferta más baja para la ingeniería de detalle y las obras de reconversión del gasoducto. La oferta inicial ascendió a $146.996 millones con un descuento adicional de 3,80% que bajó el precio final a $141.410 millones. En segundo lugar, quedó la propuesta de BTU de $183.384 millones.
El problema que surgió es que la oferta más baja ha quedado por encima del presupuesto oficial de referencia y ahora los funcionarios de Enarsa no quieren firmar la adjudicación por temor a ser demandados después del 10 de diciembre.
El otro asunto candente está relacionado con el atípico llamado a licitación lanzado por Enarsa para la compra de los caños y tuberías de la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que unirá Salliqueló (Buenos Aires) con San Jerónimo (Santa Fe).
A diferencia de lo que pasó con las cañerías de la primera etapa Tratayen-Salliqueló que se adquirieron con recursos presupuestarios, ahora las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas con propuestas de financiamiento, condición que limita la lista de los posibles proveedores y deja abierto el precio final que terminará pagando el Estado.
Si bien la recepción de ofertas quedó agendada para el 1 de diciembre, lo más probable es que esa fecha se postergue ante el riesgo de no se presenten oferentes o de que aparezcan propuestas con financiaciones inconvenientes. En ese caso, la pelota pasará a la próxima gestión que deberá hacerse cargo del problema.