Empresas presionan a Massa para subir precios: por qué ya se habla de "economía de guerra"
Varias de las empresas fabricantes de alimentos y bebidas del país ya le plantearon al Gobierno que les habiliten una suba adicional en los precios de la canasta básica, que están bajo control oficial en las cadenas de supermercados.
Las compañías plantean dos puntos centrales en su reclamo: un incremento muy fuerte de los insumos que utilizan en la fase productiva -como plásticos a cartón, vidrio y celofán- y también la falta de dólares, cada vez más sensible, que le pone un límite a las importaciones de bienes y también de servicios.
Sergio Massa ya les hizo saber a las empresas que no está dispuesto a convalidar un ajuste superior de los precios antes de las elecciones.
Por lo menos tres grandes empresas consultadas por iProfesional dijeron que bajo este escenario se notarán más faltantes en las góndolas. Por los productos que, en vez de ganancias, les dan pérdidas, y los que dejaron de fabricar ante la falta de insumos.
Por otra parte, existe una realidad cada vez más diferenciada en los pequeños comercios de barrio; almacenes y autoservicios que se abastecen en distribuidores y mayoristas que no respetan el tope de aumentos fijado por la secretaría de Comercio.
Una "economía de guerra" con góndolas raleadas
Los proveedores de las fábricas de alimentos incrementaron los precios con un piso del 15% en agosto, tras la devaluación, y ya anunciaron retoques adicionales del 10% promedio ahora en septiembre.
Durante la mañana de ayer, martes, hubo una reunión de gerentes en una de las principales empresas alimenticias para determinar directamente cuáles serían los productos que dejarán de producir, ante la negativa de Economía de ser más flexibles con el último acuerdo de precios.
Después de la devaluación del 14-A, Massa les pidió a las compañías que el tope de ajuste mensual debía ser 5%.
Ahora, varias de esas empresas aseguran que no pueden cumplir. Al mismo tiempo, los ejecutivos observan que lo que ellos dejan de ajustar lo terminan haciendo otros protagonistas de la cadena comercial, ya sean distribuidores, mayoristas o los propios comercios pequeños.
Por eso, en algunas de las empresas ya se habla de "economía de guerra": eso significa una menor oferta de productos en los comercios (grandes y pequeños), una caída respecto de lo que está sucediendo hoy en día.
Pelea por los precios: ¿impacto en la campaña?
Los comerciantes se quejan por la escasez de productos brasileños. Desde allí llegan, por ejemplo, artículos de los rubros limpieza e higiene personal.
También hay problemas con el abastecimiento de café y hasta de cereales, que provienen desde el país vecino y -aparentemente- ahora faltan por culpa de la escasez de divisas.
En el Palacio de Hacienda consideran que cualquier cosa, por más restrictiva que parezca, es mejor a enfrentar de nuevo un escenario donde haga falta una devaluación.
Cuando mañana se conozca la inflación de agosto -seguramente arriba del 10%-, el Gobierno saldrá a argumentar que ese fue un efecto del salto cambiario del 14-A. Pero que, seguramente, el índice será inferior en septiembre.
La inflación de este mes se divulgará a diez días de las elecciones de octubre. Por ahora, las consultoras económicas prevén un IPC también de dos dígitos para septiembre.
"La inflación de los alimentos llegaría al 12,8%", pronosticó la consultora Eco Go en su último reporte a los clientes. Para el IPC, la variación sería del 11%.
En el equipo económico dicen, por el contrario, que la inflación de este mes podría ubicarse por debajo del 10%. Quieren que la suba de los precios sea de un solo dígito. Esa pretensión va en contra de los pronósticos de todas las consultoras privadas, que incluso advierten sobre un IPC superior al de agosto.
La clave hay que buscarla en lo sucedido en las últimas jornadas. El Gobierno anunció distintos congelamientos de precios, con vigencia por tan sólo 90 días. Hasta las elecciones. Después se verá.
Todas esas decisiones están impuestas desde una fragilidad notable. Quedó expuesto en el pacto con las empresas de medicina prepaga, que sólo aceptaron una estabilidad de los precios a cambio de concesiones de parte del Estado.
En esta misma onda, el Gobierno ya postergó la actualización mensual en las tarifas del transporte público del AMBA, tanto en trenes como en colectivos. Ambos servicios venían con una indexación mensual equivalente a la inflación, que se acaba de cortar en el inicio de septiembre. También se evalúa un congelamiento en las tarifas eléctricas y del gas, que a pedido del FMI deberían incrementarse en torno del 15% antes de las elecciones.
Esa diferencia -entre lo que debió ser y no fue- obligará al Gobierno a compensar a las empresas con mayores subsidios, algo que el propio Massa se comprometió a bajar en el último acuerdo con el Fondo Monetario.