Medidas pro consumo para después de las PASO: el conflicto entre el "Massa candidato" y el "Massa ministro"

Sergio Massa llega a la recta final de las PASO con una disyuntiva de hierro: el "Massa candidato" quiere hacer promesas dentro de la tónica tradicional del peronismo -es decir, apuntando a la redistribución de ingresos- pero el "Massa ministro" ve las limitaciones económicas y políticas de un plan para incentivar el consumo. Es así que el ministro/candidato volvió a generar frustración entre la base militante kirchnerista, que le venía reclamando medidas concretas con impacto en los segmentos de menores ingresos. Por ejemplo, que anunciara un aumento salarial general de suma fija, establecido por decreto, o en su defecto un bono de única vez.

Pasó el encuentro con la CTA el lunes y pasó el acto con la cúpula de la CGT el martes y el anuncio no llegó. Todo quedó en discursos con las consabidas frases del folclore peronista y alusiones al movimiento sindical como "la columna vertebral", pero no hubo anuncio salarial.

La expectativa se había generado, sobre todo, porque al reclamo se había sumado Pablo Moyano, que forma parte del triunvirato de la CGT pero que, además, es cercano a las posiciones de la militancia kirchnerista.

"El Gobierno ha priorizado el salario de los trabajadores, pero le estamos pidiendo una suma fija como refuerzo paritario, para aquellos trabajadores que no logran empatarle a la inflación", planteó el líder camionero. Es decir, disimulado detrás de un tibio elogio al ministro/candidato, aparece el recordatorio de la caída salarial y del repunte inflacionario.

Y la realidad es que los números parecen darle la razón a Moyano: el último informe del Indec confirma que, en lo que va del año, todos los sectores han perdido poder adquisitivo: los asalariados del sector privado cayeron un 2% real, mientras los estatales se defendieron mejor, pero también perdieron un 0,4%. Y muy lejos en la escala de ingresos, los informales llevan perdidos otros 7,8 puntos en el año.

Sergio Massa recibió el apoyo explícito de la cúpula de la CGT, a pesar de no haber dado respuesta al reclamo por un aumento salarial de suma fija

Alivio a Ganancias, ¿y la suma fija?

El argumento de la base kirchnerista para ese reclamo interno era que se necesitaba que el discurso con promesas de mejora en la economía fuera acompañado con medidas que compensaran la erosión que la inflación produce en el salario.

Sobre todo, porque Massa, que no se olvida de su electorado de clase media-alta, se preocupó por decretar otro alivio para los asalariados de nivel alto que son alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Tras la nueva suba del mínimo no imponible, se genera un alivio para aquellos que ganan $700.000.

Esa situación amentó la irritación interna en la coalición opositora, que se preguntó por el sentido de una medida que privilegiaba a "la crema" de los asalariados mientras una porción cada vez mayor de los trabajadores tiene dificultades para pagar la canasta básica, hoy valuada en $232.427 para un hogar de dos adultos y dos menores.

Y ante el reclamo, Massa respondió con el mismo desgano con el que se había tomado el tema durante todo el año pasado, cuando recién aplicó un aumento por bono, de manera muy devaluada y parcial -$ $24.000 en un pago por única vez, acotado a los trabajadores con ingresos inferiores a $185.000-. Igualmente, aquella experiencia dejó un sabor agridulce:  su pago resultó muy acotado, con sectores de pequeñas empresas que alegaron que no podían pagarlo por su situación de emergencia financiera, y otros que reclamaron que fuera considerado a cuenta de mejoras salariales en el convenio.

Y en los últimos días, el "Massa ministro" tuvo otros recordatorios sobre la dificultad de mejorar el salario con medidas voluntaristas. Como el hecho de que las empresas pyme se hayan quejado de los convenios que se estaban homologando en el ministerio de Trabajo resultaban difíciles de ser cumplidos por los empresarios con menores recursos.

Un límite en la caja de las pymes

Un caso emblemático en este sentido ocurrió tras la firma de la paritaria del gremio metalúrgico, que introdujo la "cláusula gatillo" para la indexación automática por inflación en el último trimestre del año.

Tras varias semanas de tensa negociación, la Unión Obrera Metalúrgica, abajo el mando del kirchnerista Abel Furlán, llegó a un acuerdo para un incremento de 42%, pero hubo dos agregados no habituales: uno es el aumento provisional de 7% mensual entre octubre y diciembre, que será corregido al mes siguiente en caso de que el IPC resultara diferente al previsto.

El convenio de la industria metalúrgica es un caso testigo de las dificultades que vienen: las pymes avisaron que no pueden pagar el bono prometido por las empresas grandes

El otro punto destacado -como se aplica en otros sindicatos poderosos, como el bancario y el camionero- fue el pago de un bono por $60.000, en dos cuotas. Pero cuando parecía que finalmente todo se había encauzado de manera no conflictiva, se conoció la disidencia de la cámara que representa a las pequeñas empresas del sector Camima, que publicó una elocuente advertencia.

"La realidad económica actual impide que podamos acceder a los incrementos salariales pactados por otras Cámaras, los cuales superan ampliamente los índices de inflación real y estimada para los próximos meses", expresa el comunicado, publicado luego de que el ministerio de Trabajo homologara el acuerdo con otras cinco cámaras empresariales.

"Rechazamos de manera contundente el Bono de $60.000, el cual no tiene contraprestación alguna y carece de justicia y equidad al no contemplar categorías, mérito, productividad o presentismo", agrega, en un anuncio tácito de que, pese a lo aprobado por la ministra Raquel "Kelly" Olmos, no se pagará la suma no remunerativa.

Cuidando el propio bolsillo: el caso de los municipales

Cuando el propio sistema de paritarias ya empieza a dar señales de mal funcionamiento, con empresas que no pueden cumplir lo firmado en los convenios, resulta difícil agregar medidas que lo compliquen más. No por casualidad, Massa respondió que el desafío era dar una mejora en los ingresos "pero sin que interfieran con las paritarias".

En la misma línea, salió en su apoyo Héctor Daer, el más fiel a Massa en la cúpula cegetista. "Ya dijimos que no se trata de dar un aumento de suma fija, sino que lo que hay que resolver es el problema de compañeros que están trabajando en el sector formal pero con salarios muy bajos. Y hay que encontrar el mecanismo para poder financiar eso. Es lo que el ministro está tratando de resolver", respondió Daer ante la insistencia del periodismo.

Lo cierto es que Massa tiene en claro que, tras las PASO, deberá dar una señal de mejora en el ingreso. Sobre todo si, como indican las encuestas, la coalición Unión por la Patria se ubica varios puntos por debajo de la oposición.

El problema es, como diría Daer, que hay que definir cómo financiar la medida. Y Massa no solamente está pensando en las eventuales dificultades de caja de las pequeñas empresas -a quienes considera parte de su electorado natural- sino que, además, tiene en cuenta las propias dificultades del fisco.

Porque, como admitió el propio Massa, en esa categoría de asalariados que quedan por debajo de la línea de pobreza, uno de los sectores mayoritarios es el de empleados municipales.

"Mirá, municipales es el mejor ejemplo: salario formal, empleo formal, y es uno de los salarios más bajos de la Argentina. Tenés casi un 40% de los empleados municipales de la Argentina por debajo de la línea de pobreza y por debajo en algunos casos del salario mínimo vital y móvil", dijo Massa en una entrevista radial.

El problema ya se le había planteado al ministro a fin de año, cuando los intendentes le hicieron saber que ellos no tenían una caja en condiciones de hacerse cargo de un bono extra salarial.

Ante la eventualidad de un mal resultado en las PASO, en el peronismo ya se plantea la necesidad de medidas de aliciente al consumo

En el presupuesto de las intendencias los salarios representan, por lejos, el rubro de gasto más importante: supera, en promedio el 40% de los ingresos. Aunque en situaciones de crisis -por ejemplo, durante la cuarentena de 2020- ese porcentaje puede subir dramáticamente hasta un 90%.

Desde el punto de vista de Massa, esto implica un problema: los municipales representan casi un 20% de los 3,7 millones de empleados estatales que hay en el país, y el ministro ya se está imaginando de dónde saldrán los recursos para el refuerzo salarial.

Es ahí donde el "Massa ministro" entra en conflicto con el "Massa candidato": en su reciente acuerdo con el FMI, el gobierno argentino se compromete a "contener la masa salarial" y ajustar el gasto en asistencia social y en el sistema jubilatorio.

Para irritación del kirchnerismo, Massa ha venido cumpliendo con esa consigna: en el primer semestre del año, uno de los rubros que lideran el ajuste es el de las prestaciones sociales - que incluyen jubilaciones y planes de asistencia-. El gasto real en esa categoría cayó 10% respecto el primer semestre del año pasado, según el último reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La billetera para el post PASO

De todas formas, el "Massa candidato" sabe que, con toda probabilidad, después de las PASO deberá tomar medidas que el "Massa ministro" desaprobaría. Ya hace unos días adelantó algunas de estas medidas, junto a los dirigentes de las organizaciones sociales.

Fue en la víspera del día de San Cayetano: gracias a la promesa de un "monotributo productivo", Massa logró que esa fecha, tradicionalmente de protesta masiva por la pobreza, se transformara en un apoyo a su candidatura. El nuevo monotributo supone la aceptación del diagnóstico piquetero, en el sentido de que el asistencialismo está agotado y que los piqueteros deben ser tratados como trabajadores, lo que implica un reconocimiento pleno de los derechos que tienen los asalariados.

"Si tenemos identificado quién es el sujeto social, si tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora, que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, el aporte jubilatorio. Los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía", planteó Massa.

Lo que no explicó es el costo fiscal de esa medida y cómo piensa compensarla, después de haberse comprometido con el FMI a cerrar el año con un déficit fiscal de 1,9%, mientras el grueso de los economistas cree que el "rojo" finalmente estará en torno del 3%.

Mientras tanto, hay analistas que ya están especulando respecto de cuál puede ser el origen de los fondos para un nuevo "Plan Platita". Por caso, un informe de Fundación Capital destacó que "al menos unos $2 billones se financiarán con asistencia del Banco Central por vías directas e indirectas". La frase alude a los adelantos transitorios y las utilidades del BCRA, rubros que en el mercado se siguen de cerca por su posibilidad de esconder una nueva expansión del gasto.