Dólar agro e importaciones más caras: alerta por el "lado B" de las medidas que evalúa Massa
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Ni sus críticos más acérrimos le niegan a Sergio Massa una alta dosis de creatividad a la hora de pensar nuevas "medidas-parche" que le permitan estirar la relativa estabilidad financiera hasta que llegue la renegociación "de verdad" con el FMI. Es decir, la que ocurra tras el recambio de gobierno.
Es por eso que, a estas horas, circulan en el mercado versiones diversas sobre medidas para adelantar ingresos de dólares y frenar la salida de divisas en rubros considerados "no prioritarios". Algunas ya han sido probadas varias veces, otras tienen tintes más novedosos, pero todas comparten una misma característica: implicarán mayores distorsiones para el funcionamiento de la economía.
Hay analistas que ya están advirtiendo las consecuencias que traería un eventual impuesto a las importaciones o una percepción a devolver en el mediano plazo. Implicaría, en los hechos, una devaluación del orden del 30% para casi todas las importaciones excepto las de energía e insumos de la industria.
Con la balanza comercial acumulando un déficit de u$s4.387 millones para el primer semestre, hubo quienes argumentaron que una medida de este tipo podría ser una solución viable para dejar contentos a ambas partes: el Fondo vería el efecto equivalente a una devaluación, que pondría un freno a las importaciones, mientras que el Gobierno mantendría el tipo de cambio actual para el pago a los exportadores. Y, sobre todo, al no hacer la devaluación en forma directa, se evitaría el impacto social que suelen tener los saltos cambiarios bruscos.
De hecho, el viceministro Gabriel Rubinstein -verdadero ideólogo de esta medida- tenía en carpeta, ya antes de ser nombrado en su cargo, un plan para un desdoblamiento cambiario que llevara a un nivel similar al del dólar MEP a todas las importaciones que no fueran consideradas vitales.
Esa medida cumpliría la parte de ralentizar la salida de dólares. Y se complementaría con un nuevo intento para adelantar la entrada de divisas provenientes del sector agroexportador. En el campo se habla de una cuarta versión del "dólar soja" y también de un eventual "dólar grano", que reconocería un tipo de cambio preferencial a productos como el maíz, el sorgo y el girasol.
El campo, en estado de parálisis
El problema es que hay un inevitable "lado B" en este tipo de medida, sobre el cual se empiezan a escuchar advertencias.
La primera consecuencia, claro está, es una parálisis en ciertos sectores de la actividad. Más allá de que el rumor se concrete o no, el solo hecho de que esté circulando hace que las empresas posiblemente afectadas se pongan en modo defensivo. En el ámbito agropecuario, por ejemplo, hay grandes empresas que frenaron operaciones comerciales ante el riesgo de un inminente encarecimiento.
Y ya se nota la expectativa de nuevas medidas de incentivo exportador por la caída en los contratos futuros de soja y maíz.
En todo caso, la duda del mercado es si este recurso sigue siendo útil o si ya sufrió demasiado desgaste. En la última edición, aunque Massa pudo completar su meta de ingresar u$s5.000 millones, hubo una dura pulseada entre productores y exportadores: a los primeros el precio les resultaba bajo, y los segundos temían no poder convalidar lo que pagaban en el mercado interno cuando luego salieran al mercado internacional.
Esto pone al Gobierno en una situación compleja, porque sabe que si el nuevo incentivo cambiario no mejora en que se ofreció en mayo -unos $340 a precios de hoy-, difíclmente haya un buen nivel exportador, pero por otra parte tiene un límite en lo que está dispuesta a pagar la industria exportadora.
Un informe de la Fundación Mediterránea advierte que, lejos de las cifras de experiencias anteriores, un "dólar soja 2" difícilmente podría ingresar más de u$s2.000 millones. Y agrega que, además, la consecuencia de la medida sería "secar los ingresos de meses subsiguientes".
"La trayectoria descendente de las reservas del Banco Central de cara a fin de año puede encontrar una pausa, en caso que ocurra este escenario, pero la tendencia no se interrumpirá", argumenta Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Mediterránea.
Lo cierto es que la situación actual -es decir, con proliferación de rumores pero sin medidas concretas- es la peor, porque paraliza la actividad comercial. Si los productores sojeros ya son de por sí conservadores al contar con poco stock remanente en las silobolsas -alrededor de 10 milones de toneladas, menos de la mitad de lo que había guardado hace un año-, el solo hecho de que se hable de una cuarta edición del régimen de dólar preferencial pone una nota extra de cautela a la hora de vender.
Salvador Vitelli, analista de Romano Group, lo describe con esta gráfica expresión: "Es escandalosa la cantidad de rumores que hay en cuanto a tipos de cambio diferencial para el agro. Un chiquero. Roto el mercado. Sin precios, completamente paralizado".
En caso de que, finalmente las medidas anunciadas se concreten, hay también advertencias por los potenciales efectos inflacionarios. Especialmente, si entre los productos beneficiados con un dólar alto figura el maíz. "No lo veo factible en términos de que genera mayores dolores de cabeza por cómo impacta en carnes y demás productos de la góndola, en una gestión donde la inflación claramente ha sido un problema sin resolver", argumentó Vitelli.
¿Un default encubierto?
En cuanto al impuesto a las importaciones, también se habla sobre efectos colaterales. Por ejemplo, que implicaría una forma de perforar las coberturas de empresas e inversores que usaron instrumentos "dólar linked". Ocurre que estas herramientas financieras, tanto las de los bonos soberanos como el mercado de contratos cambiarios a futuro, siguen al tipo de cambio oficial.
En consecuencia, para un importador que tenía un contrato a futuro -que le brinda una especie de "seguro" ante el caso de una devaluación-, la cobertura perdería efectividad ante el súbito encarecimiento de su actividad. Traducido, su cobertura seguiría siendo por el dólar oficial de $269, porque formalmente no hubo una devaluación, pero a los efectos de continuar con su actividad comercial deberá comprar los dólares a $350.
"No es otra cosa que un default a futuros e instrumentos dólar link", escribió en Twitter el economista Felipe Núñez. Y su colega Gabriel Caamaño, del estudio Ledesma, coincidió con el crudo pronóstico: "El empome a importadores con cobertura en futuros, y lo inservible de la cobertura con dólar linked va a ser apoteótica".
Pero el daño no se limitaría a las cuentas privadas de estas empresas. Porque, como demuestra la historia económica reciente, ocurriría un inexorable traspaso de ese mayor costo a los precios: una devaluación de facto haría que los empresarios vieran peligrar su reposición de stock, con lo cual buscarían cubrirse por la vía de remarcar sus precios de venta o bien de retener mercadería. En ambos casos, el resultado es un empuje inflacionario.
En contraste con ese impuesto que tendría el efecto de un desdoblamiento cambiario, Massa sobreactúa una posición de dureza ante las empresas y está redoblando la presión sobre los exportadores para que apuren la liquidación de las divisas, bajo amenaza de sanciones.
Fue el director de Aduanas, Guillermo Michel, uno de los colaboradores de mayor confianza del ministro/candidato, quien dejó en claro el nuevo mantra oficial: "El que quiere dólares para importar, primero tiene que liquidar sus divisas en el país; hasta tanto no regularice eso, no va a tener la capacidad económico financiera para poder acceder".
La estimación oficial es que son unos u$s3.100 millones que están en esa situación de retraso en la liquidación. Una cifra que, por cierto, queda pequeña en comparación con la deuda de u$s11.000 millones que el Banco Central tiene con importadores, por la diferencia entre las compras devengadas en la estadística del Indec y la efectivamente pagadas. Ante la falta de divisas, las empresas se han visto obligadas a financiarse con crédito comercial de muy corto plazo, una situación cuyo impacto pleno recién se va a sentir el año próximo.
Exposición a críticas externas
Pero hay, además, cuestionamientos respecto de las implicancias que pueda tener una medida de esa índole en el plano de las relaciones internacionales. Un posible escollo es que Argentina quedaría expuesta a quejas de la Organización Mundial de Comercio, donde se podría acusar al país de estar implementando medidas para-arancelarias.
Como todos sus socios del Mercosur con quienes comparte un arancel externo común, Argentina tiene consolidados en la OMC impuestos máximos para la importación, que respetan un consenso internacional. Si la aplicación de un nuevo impuesto de 30% implicara un monto tal que sobrepasara el tope permitido por la OMC, quedaría expuesta a que se la acuse de prácticas comerciales desleales y, eventualmente, ser objeto de sanciones.
"Espero que los funcionarios argentinos hayan hecho bien las cuentas. Porque la aprobación va a depender de que voten directores de los países que eventualmente pudieran verse afectados en su flujo exportador. Y dudo que el staff del FMI recomiende al directorio algo que pueda vulnerar las recomendaciones de la OMC", afirmó Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, entrevistado en FM Milienium.
Esa advertencia marca el punto débil de la estrategia de negociación argentina: la convivencia de múltiples tipos de cambio en el marco del "cepo" está acercándose a su límite. Por más que conceptualmente puedan ser comparables el impuesto PAIS que se aplica a los ahorristas y al turismo y el que eventualmente se pueda aplicar a los importadores, hay diferencias respecto de qué intereses se ven afectados.