¿Misión imposible para Massa?: pese a la revisión del plan, el FMI sigue duro con la meta fiscal
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Los más veteranos en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional saben que es más fácil convencer al organismo de que preste más dólares antes que flexibilice una meta de recorte del déficit fiscal. La austeridad en el gasto forma parte del ADN del Fondo, y no por casualidad un viejo chiste entre los economistas refiere a que el verdadero significado de la sigla (IMF, en inglés) significa "It’s mostly fiscal", algo así como "el problema de fondo es fiscal".
Con semejantes antecedentes, no resulta fácil que el staff del organismo acepte reprogramar el déficit de 1,9% para hacerlo más laxo, a pesar de que desde el Gobierno han difundido que todo el programa económico se encuentra bajo revisión, en atención al impacto de la sequía.
La propia Gita Gopinath, con fama de dura pero con una evidente intención de que Argentina atraviese la campaña electoral sin caer en una turbulencia financiera y cambiaria, admitió que la sequía es un "game changer", es decir un evento que modifica todas las premisas. Pero se cuidó de no mencionar una flexibilización fiscal.
Algunos primeros análisis se apresuraron en ver una disposición del FMI por ablandar todas las metas del programa, incluyendo la fiscal. Sin embargo, es la parte más difícil de todas, porque supondría un giro de 180 grados respecto de lo que ha sido el discurso histórico del organismo.
De hecho, en una situación de inflación en ascenso como la que vive Argentina en este momento, la recomendación histórica del FMI siempre ha sido la de extremar el esfuerzo fiscal y no la de relajar las metas. Desde la perspectiva del organismo, la financiación monetaria del déficit está en la base misma del proceso inflacionario.
Hasta ahora, la posición oficial del Fondo sigue siendo la de siempre: ante una eventual caída en la recaudación de impuestos, se debe acentuar el esfuerzo en el recorte del gasto público. Claro que en los "cara a cara" con Massa, se admite sobre las dificultades políticas de profundizar el ajuste en un año electoral y poner al Gobierno ante una situación de zozobra por el descontento social.
De manera que ahí, en ese punto, es donde el ministro Sergio Massa tendrá su mayor desafío a la hora de persuadir al staff técnico del Fondo: cada vez más lejos de la meta de 1,9%, las consultoras privadas ya estiman el déficit fiscal de este año en torno de 3%. Es decir, no solamente un incumplimiento del programa sino un rojo más abultado que el 2,4% que se registró en 2022.
Todavía falta lo peor
A pesar del desplome que se está registrando en la recaudación impositiva, con una caída de 7% real en marzo, el análisis detallado de las cifras deja en claro que todavía no se ha visto lo peor: en realidad, el frente fiscal todavía no está reflejando el enfriamiento de la actividad económica sino apenas el impacto de la sequía.
Más bien al contrario, muchos de los impuestos ligados a la actividad industrial y comercial marcan números positivos. De hecho, cuando se hace el cálculo "des-sojizado", la recaudación sigue marcando cifras positivas: un 2,2% en términos reales.
Y algunos de los indicadores más directamente vinculados con el nivel de actividad económica siguen mostrando cifras robustas, como el caso del IVA que cobra la DGI -es decir, el de la actividad comercial interna-, que tuvo una suba nominal de 157,4%, lo que implica una suba real de 27%.
Y, en coincidencia con la mejora registrada en el mercado de trabajo -donde la tasa de desempleo cayó al 6,3%- se registró también una suba en los rubros vinculados con la seguridad social, que en conjunto tuvieron un alza nominal de 113%, lo que supone una mejora real de 2,4%.
Pero todos saben que estos números reflejan una "foto vieja", y que es cuestión de poco tiempo para que en los rubros vinculados a la industria y el comercio también empiece a darse una caída en la recaudación, como consecuencia del enfriamiento de la economía. A medida que se agrava la escasez de divisas por la sequía, los economistas revisan a la baja sus proyecciones de PBI, al punto que la última encuesta del Banco Central ya marca una recesión de 2,7% del PBI. Y los más pesimistas se permiten hablar de un 5%.
¿Una meta incumplible?
Traducido al plano fiscal, esto lleva a un inevitable empeoramiento del panorama. Las cifras oficiales de marzo indican un déficit de $689.928 para el primer trimestre, lo que implica un 56% más de lo que el Gobierno se había comprometido a dejar sin financiación. No fue sorpresa para el mercado, dado que ya en los primeros dos meses, el gasto público se había "consumido" el 98% límite de déficit máximo establecido para tres meses.
Esto pone al país al borde de tener que solicitar un "waiver" al FMI para evitar que haya una suspensión en los pagos -justo cuando el Gobierno está solicitando lo opuesto, es decir un adelanto de desembolsos para reforzar la caja del Banco Central-. Los funcionarios siguen argumentando que, en realidad, no hay un desvío en materia fiscal y que lo ocurrido es solamente atribuible al problema climático del campo y no a una voluntad política de aumentar el gasto. Afirman que, con el nuevo "dólar agro", la situación fiscal se revertirá en los próximos meses.
Sin embargo, el sentimiento del mercado es de marcado escepticismo. "La meta fiscal 2023 no será sencilla, y el efecto de la sequía sobre los ingresos dificultará aún más el objetivo", apunta la firma de inversiones SBS.
En la misma línea, el influyente consultor Salvador Di Stefano califica la meta del 1,9% de déficit fiscal como "incumplible" y anticipa su proyección de 3%. "La perspectiva de cosecha de soja bajó a 23 millones de toneladas, cuando un año atrás se cosecharon 43,3 millones; en el caso del maíz la perspectiva de cosecha bajó a 32 millones de toneladas cuando un año atrás se cosecharon 51 millones de toneladas", justifica.
En tanto, la consultora Analytica pone en números la gravedad de la situación: para que se cumpla la meta comprometida con el FMI, el gasto del segundo trimestre debería contraerse un 7,2% en términos reales.
Es un objetivo ya de por sí complicado en un año "normal" desde el punto de vista político, y que en el contexto de una campaña electoral se ve sometido a presiones adicionales.
"La incertidumbre política, las demandas de recursos en tiempos electorales y la asistencia social para paliar los efectos de una inflación que viaja a una velocidad bien superior al 100% anual, ponen en duda para este semestre la viabilidad de un recorte de gasto similar al del segundo de 2022, del 9,4% interanual real", apunta Analytica.
En tanto, un reporte de la fundación FIEL enumera una serie de medidas impositivas adoptadas con criterio político y que "implican parches, agregados o cortes que van en detrimento de la razonabilidad y coherencia del sistema tributario y tienen objetivos de variado tipo, muchas veces contradictorios entre sí y no siempre beneficiosos para el conjunto de la sociedad".
Menciona, por caso, beneficios para los productores agropecuarios, como la suspensión del pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales hasta que finalice la campaña agrícola siguiente una vez que haya finalizado la emergencia por la sequía. Esto, sumado a beneficios fiscales para la venta forzosa de hacienda y otras medidas implicarán un costo financiero para el fisco, que requerirán otras medidas compensatorias, advierte la economista Cynthia Moskovits.
Por otra parte, menciona las exenciones obtenidas en la reciente paritaria bancaria respecto del pago del Impuesto a las Ganancias, que hará que cada empleado de ese gremio pueda deducir hasta $180.673 anuales. El reporte de FIEL se pregunta si esa concesión puede llegar a propagarse hacia otros gremios: "¿A cambio de qué el gobierno aceptó esa pérdida de recursos en momentos de escasez de financiamiento y por qué esa discriminación positiva a los empleados de un gremio específico?".
Las armas de Massa para no pedir el "waiver"
Claro que, del otro lado de la balanza, hay factores que hacen que el Gobierno aparezca comprometido con el recorte del déficit fiscal. Uno de ellos es la ratificación de la suba de tarifas en los servicios públicos.
En plena crisis de apagones por la ola de calor, Massa hizo hincapié en confirmar que, a pesar del malhumor social generado por los cortes, no se vulneraría el límite acordado con el FMI en el rubro de subsidios energéticos.
El recorte en subsidios económicos durante el año pasado fue de 0,4% del PBI pero, aun así, siguen teniendo un peso considerable dentro del gasto y representan dos puntos del PBI. ¿Es mucho o es poco? Si se lo compara con el nivel de subsidios que había hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner, cuando se había llegado a un 4%, el nivel actual es bajo. Pero si se toma en cuenta el compromiso asumido con el FMI, de no pasar de un tope de 1,6% del PBI, entonces el esfuerzo fiscal adicional sigue siendo grande.
Por lo pronto, está en curso un tramo del aumento, y se agregará otro en junio. Se estima que el ahorro fiscal podría rondar los $80.000 millones en el año.
Y el otro gran factor para impulsar el ingreso fiscal, naturalmente, será el nuevo "dólar agro". ¿Cuál es el potencial de mejora en ese rubro? Si se toma como referencia la segunda edición del "dólar soja" de diciembre pasado, lo recaudado por concepto de retenciones a la exportación -$218.000 millones- fue más del cuádruple de lo que había ingresado el mes anterior, mientras que en términos interanuales la variación registrada fue de 162%.
Pero claro, se trata de un efecto de cortísimo plazo, que se agota una vez terminado el período del beneficio para los exportadores. En este caso, el grueso del refuerzo fiscal se verá en las recaudaciones de abril y, sobre todo, en mayo.
La "solución" de la licuación inflacionaria
De cumplirse la expectativa oficial de una exportación de soja por u$s5.000 millones, habría un ingreso fiscal en torno de los $500.000 millones en dos meses. Pero por más que la cifra pueda resultar impactante, no deja de ser un adelanto de recaudación futura, es decir que el efecto terminará siendo neutro porque tras el "dólar agro" se producirá el inevitable efecto de caída en la recaudación.
Aun así, ello permitiría cumplir el segundo trimestre del año sin que sea necesario pedirle al FMI un "waiver" en el plano fiscal. Pero el problema vendrá inexorablemente, y con un mal "timing", porque se agravará en el momento más caliente de la campaña electoral. El FMI es plenamente consciente de que el nuevo impulso a la liquidación agrícola traerá un oxígeno de corto plazo.
Los economistas prevén que el peligro de una devaluación brusca quedará despejado hasta julio, pero las medidas cada vez tienen efecto más corto. "Traigan a los bomberos, que la soja no es suficiente", fue el expresivo título del último reporte de la consultora Eco Go.
Lo peor, como siempre, es que la forma más factible de alcanzar la meta fiscal es mediante una inflación alta que "licúe" el gasto público respecto de la recaudación impositiva nominal.
"La caída de la actividad podría ser de una magnitud que obligue a adelantar decisiones de mayor ajuste a la actual conducción económica, y que tarde o temprano genere un ‘fogonazo’ inflacionario", advierte Juan Luis Bour, director de FIEL.
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Por lo pronto, en la encuesta REM del Banco Central la mayoría de los economistas prevén una inflación anual de 110%, y siguen revisando la cifra al alza.