¿Puede fracasar el dólar agro?: la pulseada que involucra a sojeros y que preocupa a Massa

El fantasma que sobrevuela los despachos de los funcionarios económicos es el del eventual fracaso del nuevo "dólar agro": los primeros indicios tras el debut de este tercer esquema de incentivo exportador han sido preocupantes y dieron lugar a comentarios sobre un "efecto decreciente" de esta medida para conseguir el "push" de dólares en el corto plazo.

Y las mayores dudas no residen en las dificultades operativas de los primeros días ni en las dudas regulatorias sino en una cuestión mucho más de fondo: si a los productores les resultará actractivo el precio como para vender ahora o si, por el contrario, preferirán aferrarse a su cosecha escasa para esperar un momento más conveniente.

A primera vista puede resultar un poco confusa la situación: ¿cómo no va a ser atractivo para el campo tomar esta nueva posibilidad de un dólar a $300, que en definitiva supone estar disfrutando de una devaluación sectorial de más de 42% o, dicho en otros términos, disfrutar de una suspensión temporaria de las retenciones?

Y, sin embargo, cuando se pone la lupa sobre los números más finos, los expertos del sector advierten que la situación es más compleja. Tanto, que podría terminar de una forma diferente a la que diseñó Sergio Massa y su equipo.

El gran problema para el Gobierno, advierten los expertos, es el conflicto de incentivos contrapuestos que existe entre los productores sojeros y las grandes empresas industrializadoras y exportadoras. Los primeros siguen considerando que el precio es bajo y les deja muy poco margen, mientras que los segundos creen que el precio ya venía "inflado" en el mercado y que si acceden al reclamo de los productores no podrán recuperar el costo cuando salgan a vender en el mercado internacional.

¿Demasiado caro o demasiado bajo?

Por cierto que no hay punto de comparación entre el primer "dólar soja" y esta tercera versión. En septiembre pasado, había ocurrido una fuerte retracción de las ventas, en medio de la crisis financiera y de los rumores de devaluación, y esto llevaba a que mientras los silobolsas tuvieran guardados más de 22 millones de toneladas, mientras a la industria le faltaba mercadería.

Por este motivo, no resultó sorpresivo que se produjera un volumen masivo de negocios, que terminó con un ingreso de unos u$s8.000 millones. Todos quedaron contentos en aquella ocasión: Massa pudo reforzar las arcas estatales y mostrar una acumulación de reservas, mientras los productores embolsaron dólares y la industria exportadora recompuso su negocio.

Pero si hubiera que señalar a un gran ganador de aquella primera edición, se trató de la industria: al aumentar la oferta de materia prima de una forma tan concentrada, el precio bajó -medido en dólares- al punto que compró unos u$s45 por debajo de la "capacidad teórica de pago". Es decir, gracias a la medida del Gobierno, ese sector incrementó sus márgenes por efecto de la gran oferta sojera.

En el mercado agropecuario se estima que esa ganancia inesperada -en definitiva, financiada por el Banco Central-, rondó los u$s400 millones.

La situación se revirtió en el "soja 2" de diciembre, cuando la cantidad que permanecía en silobolsas era mucho menor, ya en el orden de 11 millones de toneladas, y el resultado final, aunque fue satisfactorio, reflejó esa menor capacidad almacenada: se vendieron 6 millones de toneladas que dejaron u$s3.100 millones en las arcas del Banco Central.

Pero el cambio más notable fue el del relacionamiento entre productores e industria exportadora. En este caso el sector empresarial, que antes se había beneficiado con una mejora en los márgenes, terminó comprando "en contramargen", como se le llama en la jerga a la situación en que se adquiere mercadería por encima del valor teórico de mercado, con lo cual se pone en riesgo la rentabilidad del negocio.

La pelea por el precio

¿Qué pasará ahora? El inicio titubeante en los primeros días del nuevo "dólar agro" deja en evidencia que hay una pulseada entre productores e industria exportadora. Ambos están desconformes con los precios y pugnan, respectivamente, por una suba y por una reducción.

En principio, hay factores que juegan en favor de los productores. Para empezar, la disminución de la oferta: a diferencia de lo ocurrido el año pasado, en el que los silobolsas estaban rebosantes tras una campaña récord que había dejado 43 millones de toneladas, ahora el campo se encuentra en una situación de crisis histórica, con una cosecha que no superará las 25 millones de toneladas -y algunos ya hablan de 22 millones-.

Ya esta disminución en las cantidades disponibles implica una fuerza al alza para los precios. Pero, además, está el factor político: el año pasado todavía existía la duda sobre si el "dólar soja" sería una medida de única vez o si, por el contrario, se transformaría en una herramienta casi rutinaria de política económica.

Es por eso que muchos productores, aun sin percibir el precio que los hubiera dejado satisfechos, igualmente vendieron para asegurarse las divisas con las cuales afrontar las obligaciones financieras de la nueva campaña. Ahora, en cambio, ya prácticamente existe la certeza de que en el segundo semestre del año habrá un "dólar soja 4", lo cual hace que, salvo para aquellos que tengan una necesidad imperiosa por calzar los ingresos con las compras de insumos o la cancelación de obligaciones, no existe una urgencia por vender a cualquier precio.

Esta situación lleva a que en el nuevo "dólar agro" los productores tengan mayores chances de repetir el escenario de diciembre pasado. Es decir, que la industria corre otra vez el riesgo de comprar "a contramargen".

Para ponerlo en números: hoy se está hablando de un precio de $106.000 la tonelada. Un cálculo hecho por el economista Salvador Vitelli, del estudio Romano Group, compara ese precio con el de las dos experiencias previas: en el "soja 1", a precios de hoy, se comercializó por $100.000, mientras que en diciembre la cotización del "soja 2" alcanzó los $116.000.

¿Quién tiene mayores chances de ganar la pulseada? En principio, la escasez de mercadería juega a favor de una presión al alza en el precio, aun cuando desde la industria sostengan que este precio -equivalente a u$s355- ya de por sí es alto.

El argumento es que ante la retracción casi total de la oferta durante los meses del verano, se había mantenido una cotización artificialmente "inflada" y que por eso ahora los productores tienen la expectativa de un precio que el mercado no está en condiciones de reconocerles.

Si las puntas no se terminan de poner de acuerdo puede ocurrir que el volumen de negocio termine siendo mucho más bajo que el esperado por el Gobierno -que tiene la expectativa de ingresar unos u$s5.000 millones por la cosecha nueva, más el pago de otros u$s4.000 millones pendientes por operaciones ya concretadas-.

Sin embargo, se trata de cifras que hoy en el mercado son seriamente puestas en duda.

¿Quién gana la pulseada?

El primer interesado en que las dos puntas se pongan de acuerdo es Massa, quien antes de implementar el nuevo "dólar agro" estuvo haciendo números con las principales gremiales.

Las asociaciones más cercanas a los productores fueron las que se mostraron más a disgusto, a punto que pegaron el "faltazo" en la presentación oficial del nuevo sistema y recordaron sus tradicionales reclamos por un sistema de tipo de cambio unificado. En tanto, la industria aceptó la medida como la única opción realista en un año que combina las particularidades de una crisis climática y una campaña electoral con ambiente enrarecido.

La especulación que manda en este momento en el campo es que, llegado el caso, la industria pueda repetir la situación de diciembre pasado y aceptar un precio por encima de sus posibilidades, en acuerdo con el Gobierno, que luego encontrará la forma de compensar al sector.

Aun así, no hay expectativas sobre un volumen muy alto de liquidación. Entre los productores persiste la sensación de que el precio que se obtendrá con el tipo de cambio de $300 no implica una mejora demasiado importante respecto del que regía durante el verano, y por eso prima una actitud de cautela, en la que solamente una minoría que ya había negociado precios y tiene los negocios "calzados" con la compra de insumos van a liquidar sus tenencias.

Se prevé que, a lo sumo, se venderán los cinco millones remanentes de la campaña previa y que a eso se sumará una cuarta parte de la cosecha nueva, es decir otros cuatro millones de toneladas.

Mientras tanto, las distorsiones siguen

Mientras en el mercado se siguen preguntando por los resultados finales de este nuevo esquema de incentivo, lo que sí está funcionando ya a pleno son las distorsiones provocadas por los "efectos secundarios" del dólar soja.

Se trata de una larga lista de impactos sobre la economía, que incluye el encarcimiento de precios para el mercado doméstico -ya sea porque se trata de productos de consumo directo del público o porque son insumo de cadenas como la de la carne vacuna y el pollo.

No por casualidad, al mismo tiempo que se puso en marcha el "dólar agro" se dieron a conocer también las listas de condiciones para participar en el esquema, y se incluye el aporte al sistema de "Precios Justos" para atenuar el impacto sobre los precios.

En el campo, además, está el impacto sobre el alquiler de los terrenos, que por contrato se rige por quintales de soja. Jorge Vasconcelos, de la fundación Mediterránea, apunta que esto está provocando una distorsión en el mercado, dado que desde que empezaron a aplicarse los diversos "dólar soja", esa unidad de cuenta que rige los alquileres ha pasado a tener distintos valores según el momento del año que se considere.

Y, lo que todavía no se está notando pero todo el mercado ya prevé es el impacto monetario: comprar un dólar a $300 y luego venderlos a $210 implica una inyección de $90 por cada dólar que se consiga exportar en las próximas semanas. Para tener una referencia, en diciembre pasado el "dólar soja" implicó una expansión involuntaria de 10% de la base monetaria. Demasiado para una economía que, desde entonces hasta ahora, subió dos puntos su promedio inflacionario mensual.