Massa y los "aliados" menos pensados para licuar el gasto de los planes sociales
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Cuando Sergio Massa embarcó de regreso a Buenos Aires desde Washington lo hizo sabiendo que las gestiones para obtener más préstamos para intentar llegar de cualquier modo a las elecciones no habían tenido los resultados esperados.
La intención de "moderar la punta del lápiz rojo" había sido sepultada y ahora no queda otra más que encarar "el trazo grueso".
El FMI flexibilizó las metas de reservas pero las dos más importantes quedaron incólumes: déficit de 1,9% y emisión de 0,6% del PBI.
Estos números, que escritos o dichos al aire parecen lejanos a la vida cotidiana, representan ni más ni menos cuánto plata cada uno podrá tener en el bolsillo y cuánto valdrá en términos de poder adquisitivo cada billete.
Por ejemplo, al tener que cumplir con ese objetivo, el Ministerio de Economía mandó a que los trabajadores ganen menos para de esa forma licuar su gasto en prestaciones sociales. Directo.
¿Cómo lo hizo? A través del Consejo del Salario Mínimo que integran empresarios y sindicalistas con el auspicio del Ministerio de Trabajo, que si bien oficialmente oficia de veedor, en esta oportunidad articuló y convalidó el pedido del Palacio de Hacienda, de una actualización salarial a la baja. El "1,9% de déficit", esa frase de difícil comprensión, pega directamente en cada bolsillo.
Aumento salarial según la proyección inflacionaria del 60 por ciento
Para alinear expectativas, a principios de año Massa intentó imponer que los aumentos salariales de 2023 se ajustaran a la proyección inflacionaria de 60% incluida en el presupuesto. Eran tiempos en que se confiaba en frenar la aceleración de precios a merced del programa "Precios Justos", con un sendero de suba de precios de 4% para que la tasa de inflación de abril "empiece con 3".
Pero en dos meses esa estimación fue arrasada por la dinámica de aumentos de tipo tipo y los gremios que comenzaron a discutir paritarias lo hicieron por encima de ese porcentaje ignorando el pedido oficial y presionados por sus bases.
Con el correr de los días, a Massa se le agotaron los argumentos para apoyar su iniciativa y allá fue por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para reducir el gasto público.
Así fue que en la mesa empresarios y gremialistas enseguida se alinearon al pedido de Economía y acordaron una suba del SMVM que durante el primer semestre del año acumulará una actualización de 34% contra una inflación que se estima superará el 50%.
De esta forma, entre los haberes básicos y la suba de precios habrá una pérdida de poder adquisitivo superior a los 16 puntos.
Suba de precios y el impacto en el bolsillo del trabajador
Esto resulta en el impacto directo en los bolsillos de los trabajadores que se replica en los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, cuyo haber surge del monto del SMVM.
Del otro lado del mostrador, una caída real de esas remuneraciones significa un menor gasto real para la secretaría de Hacienda.
Según el presupuesto Nacional para 2023, se destinará para financiar el Potenciar Trabajo unos $600 mil millones, que representa una erogación mensual de alrededor de $50 mil millones.
La prestación para cada beneficiario -se estima en 1.200.000 personas- es equivalente a la mitad del SMVM que tendrá los siguientes valores: abril $80.342, mayo $84.515 y junio $87.987.
En consecuencia, un aumento por debajo de la inflación hará que quien lo reciba pueda comprar menos productos, pero al mismo tiempo disminuirá el gasto Estado para que se mantenga vivo el acuerdo con el FMI.
Este menor ritmo de aumento también impacta directamente en las asignaciones por desempleo, que por las mismas razones ajustarán a la baja respecto de la inflación. A marzo, esos valores son de $19.305,16 para la prestación mínima y de $32.175,26 para la máxima, de acuerdo a la condición de cada trabajador que lo solicite.
Una compensación parcial en el nivel de gastos del Estado se dará por el lado de la asignación de las Becas Progresar, dado que quienes las pidan deberán demostrar que no tienen ingresos superiores a tres SMVM. Por lo tanto, un nivel más bajo del salario básico permitiría que más interesados estén calificados para recibirlas. Esta ayuda contempla un pago de $9.000, además de beneficios como la reducción de las tarifas de transportes públicos.
La suba de los salarios básicos por debajo de la inflación fue denunciada por algunas centrales sindicales como CTA y por una parte de la CGT que responde a Pablo Moyano. El representante de Camioneros tildó de "vergonzoso" el cronograma pactado, justamente haciendo alusión a la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los trabajadores.
En síntesis, cumplir con "el 1,9% de déficit fiscal" tiene su contrapartida directa en la licuación de salarios y de la ayuda social y no es un número ajeno a la vida cotidiana sino todo lo contrario.