Adiós al tigre de Zucaritas: cómo avanza la ley de etiquetado en alimentos en Argentina

El próximo 20 de febrero las grandes cadenas de supermercados deberán adaptarse a la ley de etiquetado frontal de alimentos, dentro de un proceso de adecuación de la ley 27.642, que se estira al calor de los planteos de distintos sectores empresarios. 

Faltan 40 días para la próxima escala de ese cronograma. Es el resultado de la prórroga que estableció el Ministerio de Salud el año pasado, aunque para las Pequeñas y Medianas Empresas los tiempos se extienden hasta el 19 de agosto, con una implementación definitiva a partir del 23 de noviembre de este año. 

Estos datos revisten relevancia para la foto de consumo que dejaron las fiestas de fin de año. En las góndolas de los principales comercios la presencia de los octógonos ha sido escasa, porque los primeros pasos de aplicación tendrían que haber comenzado el 20 de agosto, pero fueron postergados por seis meses hasta el mismo día de febrero. 

Ese cambio de tiempos fue a través del artículo 20 de la ley, que establece que los "sujetos obligados podrán solicitar una prórroga de 180 días corridos (...)  cuando se interpongan motivos justificables, los que serán evaluados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que establecerá las disposiciones complementarias". 

Los plazos de la adecuación

Todos los plazos de adecuación empezaron a correr formalmente a partir del 22 de marzo del año pasado. Ese día el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 151/2022 que reglamentó la norma sancionada por el Congreso. La clave para los tiempos está en el artículo 19, que fija dos etapas de adecuación.

 La segunda establece "el límite de implementación" que no puede superar los 18 meses desde la vigencia de la norma y 24 meses para las PyMEs. Es decir que los plazos máximos de implementación, al menos por ahora, se vencen en noviembre de 2023 y en marzo de 2024. 

Los plazos inmediatos están en la primera etapa, que fue establecida "dentro de los nueve meses y los 15 meses para las PyMEs". La norma todavía transita esta instancia y según confiaron fuentes vinculadas al sector hasta fin de año fueron presentados cerca de 4.000 pedidos de prórrogas. Serían más de mil empresas las que decidieron acogerse al artículo 20 de la ley. 

Todos esos pedidos están en la ANMAT, que debe expedirse y analizar cada caso, porque es la única instancia con esa potestad, ya que las provincias no pueden hacerlo. Las autoridades habrían aprobado la mitad de esas 4.000 solicitudes, dentro de un mecanismo que evalúa cada uno de los argumentos técnicos para que un producto salga sin etiquetado. 

Los parámetros adoptados por ANMAT

Los parámetros están definidos en los "puntos de corte", es decir, la cantidad aceptada de azúcares añadidos, grasas totales, grasas saturadas, sodio, edulcorantes y calorías. La norma resume una parte del debate más duro durante la sanción de la ley. 

El texto aplica el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Y establece que "dichos límites aplicarán a todos aquellos alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente o de la clienta que en su proceso de elaboración se haya agregado azúcares, grasas, sodio, edulcorante y cafeína". También aclara que los "puntos de corte no serán aplicados a alimentos para propósitos médicos específicos, suplementos dietarios y fórmulas para lactantes y niños y niñas hasta los 36 meses de edad". 

Sobre esos parámetros están fijadas las dos etapas de adecuación para que todos los alimentos fabricados y comercializados en Argentina respeten "los límites establecidos de exceso en nutrientes críticos, valores energéticos y presencia de edulcorantes y cafeína". 

Desde la promulgación de la ley la ANMAT reforzó el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos (SIFeGA) y le sumó herramientas y "servicios digitales para la población en general, las empresas y las autoridades de control". Allí hay formas de avanzar en la aplicación de la ley mediante la utilización de una calculadora de sellos pública, que es la base para que luego las empresas presenten la declaración jurada de nutrientes críticos. Por otro lado hay un buscador público de productos alimenticios con sellos de advertencia  y también un sistema de gestión de las prórrogas. 

Etiquetado frontal: el lobby de las empresas

La carrera contra el tiempo está definida por la llegada de la primavera y también es un examen para toda la nueva instancia de control que implica la aplicación de la nueva ley. El 23 de septiembre próximo sería el primer límite de aplicación final de la ley, pero buena parte de eso dependerá de cómo evolucionen los pedidos de prórroga y las instancias que buscarán afrontar las firmas que hayan recibido una respuesta negativa. 

Hasta ahora no hay registro de impugnaciones ante la Justicia, pero el lobby de las grandes firmas no ha cesado. Antes de la primera fecha de aplicación, que fue postergada, la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), que representa a 30 cámaras empresariales de productores de alimentos, advirtió que analizaba trasladar parte de sus instalaciones para frenar la aplicación de la ley. El mensaje fue planteado por su titular, Daniel Funes de Rioja. Aseguró que Molinos, Paladini, PepsiCo, Quickfood y Unilever, FEMSA (que embotella Coca Cola), Fargo y Ledesma, Arcor, Coca Cola, Mondelez, Danone y Nestlé no pueden afrontar los costos que implica la adecuación de sus productos. 

Durante el debate de la ley en el Congreso, los expertos de otros países contaron presiones similares de las alimenticias. Es lo que sucedió en Chile, cuyo gobierno tuvo una dura pulseada con Nestlé que amenazó con una respuesta similar y las autoridades trasandinas amenazaron con la prohibición de unos chocolates para niños en forma de huevo que son uno de los productos estrella de la firma. Los especialistas que hablaron ante los diputados y diputadas de Argentina recordaron que ninguna de las empresas que amenazaron con irse finalmente lo hicieron. 

La aplicación de los octógonos en Chile ha sido hasta ahora una política sostenida por gobiernos de distinto signo. En este año electoral, detrás de las prórrogas quizás también esté la especulación de obtener más estiramiento en el futuro. Eso dependerá de las elecciones, de la fuerza política que las gane y de la responsabilidad que tengan sus dirigentes para sostener una política sanitaria que está principalmente orientada a reducir los altísimos niveles de malnutrición infantil en Argentina.