Massa se resiste al aumento de sueldo de suma fija y se arriesga al malhumor de Cristina Kirchner
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Le está resultando difícil a Sergio Massa contagiar su convicción de que la inflación entrará en un sendero descendente y que el año próximo podría terminar incluso por debajo del 60% pautado en el presupuesto. Por lo pronto, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, con su 7% registrado en octubre, supuso un baldazo de agua fría y empeora las expectativas para el índice nacional que se conocerá la semana próxima.
En tanto, se siguen conociendo informes que no llaman al optimismo. Por ejemplo, el difundido por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que marcó un impactante aumento de 7,74% para la canasta alimentaria en octubre.
Mientras tanto, las consultoras que hacen mediciones propias de inflación ya reportan que el arranque de noviembre mantiene el impulso remarcador de octubre. Y, contrariando el argumento de que la inflación podría impulsar la actividad comercial por el efecto de la "fuga al consumo", también aparecen datos preocupantes: la Cámara Argentina de la Mediana Empresa reportó que con la caída de 3,2% de octubre, ya se acumulan cuatro meses consecutivos de variación negativa en las ventas minoristas.
Ese cuadro exacerba las presiones internas en la coalición de Gobierno para que se busque un auxilio salarial en el corto plazo. Para la facción kirchnerista, todos los indicadores que se conocieron en las últimas horas no hacen otra cosa que confirmar el pronóstico que enunció Cristina Kirchner en el acto de la UOM la semana pasada: que las paritarias no van a lograr ganarle a la inflación y que, por lo tanto, el Gobierno debe intervenir de manera más decidida.
En un discurso en el que la vicepresidente fue llamativamente elogiosa para con la gestión de Massa en el ministerio de Economía, el tema salarial fue el único donde se notó un condicionamiento claro: la continuidad de su apoyo quedará supeditada a que haya medidas de recuperación salarial.
Y para Massa esto supone un problema, porque hasta antes de ese discurso, ya estaba tomada la decisión de que no se daría el aumento por decreto con una suma fija, que es lo que el kirchnerismo y el sector sindical ligado al clan Moyano viene reclamando desde el verano pasado.
El Gobierno resiste la presión para el aumento salarial
Aunque hay un antecedente de un aumento de suma fija -el otorgado por decreto en diciembre de 2019, pocos días después de la asunción de Alberto Fernández-, lo cierto es que hoy el Gobierno tiene varios motivos para oponerse a una medida de ese tipo.
Quien argumentó más explícitamente sobre este tema fue la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien llegó a insinuar que podría haber un efecto inflacionario al forzar a que algunos sectores de la actividad den aumentos por encima de sus posibilidades.
"Es un tema que resuelve cada gremio con su interlocutor empresario. Cuando acuerdan un número es porque el sector tiene esa capacidad, no todos tienen la misma productividad", dijo la ministra, que suele insistir en el punto de que el empleo en Argentina es heterogéneo.
En su defensa del sistema tradicional de paritarias, dijo que se había logró una recuperación de dos puntos reales que se habían perdido durante la turbulencia financiera de julio pasado. Y que la preocupación central del Gobierno es la caída de los ingresos en el sector informal, donde las medidas como los aumentos por decreto no surten efecto.
En consecuencia, Olmos planteó que el centro de la política salarial será el mantenimiento de las paritarias, a las que se complementará con un bono especial de fin de año, como ya se estipuló para los empleados públicos, que cobrarán un premio por única vez de $30.000 en diciembre. Mientras que se buscará otras medidas específicas para los trabajadores "en negro".
Además, Olmos argumentó que el aumento no era fácil de implementar, porque ya está definido que no se trataría de una ayuda para todos los asalariados, sino que se priorizará a los ingresos bajos. Eso supone el problema de "la línea de corte": según su propio ejemplo, si se define que el bono se limitará a quienes ganan menos de $100.000, entonces el que gana $90.000 saltará a un ingreso de $120.000, dejando atrás al que cobra $100.000, que no recibió la mejora.
Quienes más comparten ese punto de vista son los dirigentes sindicales. La cúpula de la llamada "CGT de los Gordos" ve con malos ojos el efecto de "achatamiento de la pirámide salarial", donde hay categorías de ingresos que empiezan a solaparse. Pero, sobre todo, la reticencia sindical obedece a que es en las paritarias donde reside el poder de los sindicatos, que creen que en la medida en que el Gobierno intervenga en forma directa, su rol de representación se podría devaluar.
El factor "caja municipal"
Pero hay otros motivos de peso para que en el Gobierno se opongan al aumento por suma fija que pide el kirchnerismo, y no tiene que ver con el impacto sobre las empresas, sino sobre el propio aparato estatal.
El propio Massa lo reconoció: las intendencias municipales no están en condiciones presupuestarias de afrontar esos aumentos sin que se genere una grave desfinanciación. En esas oficinas se desempeña un alto porcentaje de los asalariados de la franja más baja, por lo que un incremento de $30.000 supondría una suba elevada en términos porcentuales.
En el presupuesto de las intendencias los salarios representan, por lejos, el rubro de gasto más importante: supera, en promedio el 40% de los ingresos. Aunque en situaciones de crisis -por ejemplo, durante la cuarentena de 2020- ese porcentaje puede subir dramáticamente hasta un 90%.
Esa situación era un secreto a voces en el Gobierno, pero quedó expuesta de manera explícita con la reunión entre el presidente Alberto Fernández y un grupo de intendentes del conurbano bonaerense. No le pidieron que frenara un eventual aumento salarial por suma fija, sino que garantizara el apoyo del Gobierno nacional para poder financiarlo.
La mayoría de las intendencias está en plena negociación de paritarias, y ante los reclamos sindicales de recuperar la erosión salarial provocada por la inflación, prevén un escenario de conflictividad y dificultades financieras.
Desde el punto de vista de Massa, esto implica un problema: los municipales representan casi un 20% de los 3,7 millones de empleados estatales que hay en el país, y el ministro ya se está imaginando de dónde saldrán los recursos para el refuerzo salarial findeañero.
Pesimismo ante los "Precios Justos"
A esta altura, la cuestión salarial se ha transformado para Massa en un dilema. Si rechaza el aumento por suma fija, arriesga perder el apoyo político de Cristina Kirchner -que volverá a hablar en público la semana próxima, en el día de la militancia-. Pero si se decide por el aumento, arriesga a que las empresas trasladen ese costo laboral a los precios, además de que él mismo tendría un costo fiscal para financiar las cajas municipales. Y, para colmo, deberá lidiar con el malhumor de la cúpula sindical.
Como están planteadas las cosas, todo apunta a que la decisión será un bono por única vez, aunque no necesariamente para todo el universo salarial sino focalizado en los segmentos de menores ingresos.
De esa manera, Massa seguiría apegado a su libreto de contención fiscal y monetaria, algo que considera fundamental como señal al mercado en un momento de inflación alta. Aun así, el pesimismo es palpable sobre las chances de que el nuevo plan "Precios Justos" tenga éxito.
Desde el kirchnerismo creen que Massa ya cometió el error de preanunciar medidas anti inflacionarias, con lo cual se produjo el consabido efecto de los "aumentos de precios preventivos".
Pero, además, creen que aun cuando el ministro logre una adhesión alta por parte de las empresas, siempre habrá aumentos de precios en los rubros que no forman parte del congelamiento, por lo que en el promedio la inflación seguirá elevada.
Y del lado de los economistas de línea ortodoxa, creen que la inflación corre riesgo de acelerarse por el rechazo creciente de los argentinos a mantener pesos en sus bolsillos. Lo que en la jerga se conoce como "caída en la demanda de dinero".
Al respecto, un informe de la consultora LCG observa que cada vez hay menos margen para estimular la economía por la vía de inyectar pesos en el mercado. Esto explica que, aun cuando Massa llevó el ratio base monetaria/PBI a mínimos históricos, las presiones inflacionarias se mantengan.
"El impuesto inflacionario se compensa con la caída de la demanda de pesos en términos reales", argumenta LCG. Y advierte que, sin medidas más drásticas, la demanda de pesos no alcanzará a absorber la expansión que se realiza cada mes por el pago de intereses que realiza en Banco Central.
Hay, además, otro motivo de peso para el escepticismo sobre el programa anti inflacionario: la aceleración inflacionaria a través de un "crawling peg" que ya avanza a una velocidad crucero de 6,5% mensual.
Los economistas califican a esta política como "una devaluación por goteo". Es una medida que en otros tiempos hubiese generado una fuerte resistencia del kirchnerismo, que considera que el tipo de cambio es una referencia para las subas de precios y que sospecha que Massa quiere sustituir el "ancla cambiaria" por el "ancla salarial".
En estos momentos, ante la necesidad de estabilizar el frente cambiario, hay cierta resignación, por parte del kirchnerismo, a que no se puede retrasar el tipo de cambio porque podría agrandar la brecha con el dólar paralelo. Pero la contracara de eso es que mientras Massa trata de convencer al mercado de que la inflación irá en descenso, sus propios socios de coalición se muestran públicamente descreídos de que el objetivo se cumpla.